La Voz de Galicia
Julio Á. Fariñas
4 de enero de 2022
Venezuela cierra el año 2021 con 11.081 personas fallecidas por causas violentas (40,9 por cada 100.000 habitantes), según el informe anual presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) que dirige desde hace años el prestigioso sociólogo venezolano Roberto Briceño León y que sigue siendo la única referencia sobre el tema ante la falta de datos oficiales.
Esta tasa incluye cuatro tipos de muertes violentas: homicidios, resistencia a la autoridad, causas aún en investigación y desapariciones. El informe registra un total de 3.112 homicidios —8,5 diarios—, un 10 % menos que el año anterior (4.153), pero siete veces superior a la media mundial, según datos de las Naciones Unidas.
Menos oportunidades
Esa reducción mantiene la tendencia a la baja que se observa desde el 2017 para la tasa global y desde hace tres años para las muertes por resistencia a la autoridad. Según explicó el propio Briceño en una rueda de prensa virtual, esta reducción «no es el resultado del mejoramiento de las condiciones sociales, ni de una mejoría en el sistema de seguridad y protección de las personas, ni tampoco de una mayor vigencia del Estado de derecho, sino, al contrario, de un deterioro sostenido de las garantías de derechos humanos. Paradójicamente, la reducción de la mortalidad violenta —precisó— es el resultado del empeoramiento de la calidad de vida y de políticas públicas que destruyeron capacidades económicas, auparon la corrupción y el deterioro de los servicios básicos, y que generaron una parálisis del país, causando un empobrecimiento masivo, penuria y pérdida del poder adquisitivo, que en conjunto redujeron notablemente las oportunidades del crimen».
Factores determinantes
Briceño León precisó que los homicidios también se reducen «por el control del crimen organizado de las rutas del tráfico de las drogas y de los negocios y de las rentas, y por el dominio cada vez mayor de territorios, en los cuales son las organizaciones criminales y no el Estado quienes regulan o ponen coto a los asesinatos».
A su juicio, otro factor importante para entender las razones de la disminución de los homicidios en el país son los cambios que ha experimentado la composición demográfica debido a la emigración masiva.
Estudios recientes revelan que más de la mitad de la población que ha migrado durante los últimos cinco años está compuesta por jóvenes entre 15 y 29 años, exactamente el mismo grupo de edad más involucrado en la violencia. «Si asumimos que la emigración puede calcularse en no menos de cinco millones de personas, deberían haber salido del país alrededor de 2,5 millones de jóvenes en la edad que ha constituido el núcleo de la violencia, sea como víctimas o sea como victimarios, reduciendo drásticamente la población en riesgo de sufrir o infligir la violencia y dándole sustento a la teoría criminológica que atribuye las variaciones en el delito violento a los cambios demográficos, pues disminuye el grupo de potenciales agresores y posibles víctimas en condiciones de precaria institucionalidad», explicó.
La dolarización
El informe también hace referencia a los cambios que se han producido en la economía local, que ha registrado una leve recuperación por la generalización del envío de remesas por los familiares migrantes y por la dolarización. Este proceso abrió nuevas oportunidades al crimen. El informe registra un incremento de hurtos, del 10 % en los domiciliarios y un 13 % en el de vehículos.
Los pequeños comercios están vendiendo sus mercancías en dólares, lo que los hace susceptibles de ser robados en sus locales, hecho que no sucedía hasta hace poco, pues solo recibían transferencias bancarias y no tenían efectivo en su poder. Ahora tienen dólares en billetes que tientan al delito.
Ya desde el año pasado se viene notando un incremento de los delitos dirigidos a las casas comerciales medianas o grandes, que venden sus productos en dólares, pero como por lo regular no reciben los pagos en efectivo, pues son montos más altos, sino por transferencias, ha sido el crimen organizado quien ha actuado contra ellas, aplicando la extorsión y exigiendo pagos en dólares y con regularidad para «protegerlas» y evitarles daños mayores. Ya se está observando, y se espera para este año, un incremento de los asaltos, los secuestros, el robo de viviendas y los atracos en el transporte público.
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