Prensa OVV
Encontrarse con una alcabala en el camino, asusta. Quien consigue la manera, la elude; quien no, traga grueso, disminuye la velocidad, baja los vidrios y guarda silencio, o bien sonríe o saluda al funcionario policial. Si quien maneja es mujer, generalmente corre con más suerte, pues no es usual que la detengan; pero si es hombre y, peor aún, es joven –veinte o treintañero-, lo más probable es que lo orillen y lo hagan bajar del vehículo, lo “inviten” a abrir la maleta y le pidan todos los documentos que lo faculten para transitar legal y libremente.
Aquellos que van en moto, en su gran mayoría hombres, prácticamente nunca se escapan de la inspección. Y quienes van a pie y no tienen por dónde desviarse, tienden a apurar el paso e intentar pasar desapercibidos. Aunque las alcabalas fiscalizan a quienes se desplazan sobre ruedas, los peatones también experimentan miedo. Y si ya ha caído la tarde y empezó a oscurecer, ese estado emocional se acrecienta.
Desde hace varios años, el temor y el escepticismo hacia las autoridades policiales han aumentado y acompañan a la mayoría de los venezolanos, y no sólo a quienes, por razones laborales o personales, cotidianamente hacen su vida en la calle, movilizándose de un lugar a otro en sus ciudades, pueblos o caseríos; sino también a quienes permanecen en sus viviendas, teóricamente a “buen resguardo”.
La aprensión hacia los organismos que cumplen funciones policiales tiene sus grados y matices: unos generan nerviosismo, otros producen pavor; pero ninguno en el país goza de la credibilidad suficiente y necesaria para que los venezolanos puedan sentirse tranquilos y confiados o, más aún, amparados o protegidos por quienes, ante la ley, tienen la misión de hacerlo.
Encuesta sobre percepción de la letalidad policial
El Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) realizaron a comienzos de este año una encuesta nacional para conocer qué pensaban los venezolanos en torno a la eficacia, confianza y corrección del sistema de protección policial. También, sobre la legalidad y legitimidad de su actuación, y sobre algo más grave: la letalidad policial, la violencia ilegal contra las personas por parte de los cuerpos de seguridad que cumplen funciones de policía. El cuestionario fue aplicado a mil doscientas (1.200) personas en todo el territorio nacional.
Los resultados mostraron que la letalidad policial se incrementó a partir del año 2015. Sólo entre 2016 y 2019, en las denominadas muertes por “resistencia a la autoridad” fallecieron 23.623 víctimas, lo que, en promedio, se traduce en 113 personas muertas cada semana, 16 cada día, por la acción de la policía. A pesar que en los casos catalogados como “resistencia a la autoridad” siempre se argumenta que hubo “enfrentamientos”, existe una abismal desproporción en la probabilidad de ser víctima entre los civiles y los funcionarios: hay 9 policías muertos por cada 1000 civiles, o, dicho de otra manera, un ciudadano civil tiene 110 veces más probabilidades de fallecer en un enfrentamiento que un funcionario policial.
Los investigadores de las ocho universidades nacionales que integran el OVV -UCV, LUZ, UCAT, UDO, UCAB-Guayana, UCLA, ULA y UC-Aragua- buscaron conocer qué piensa la población venezolana de esa realidad. ¿Está de acuerdo con estas acciones de la policía? ¿Piensa que han dado resultados estas acciones letales? ¿Cree que la policía la protege? ¿Considera que la acción de los cuerpos policiales se ajusta a la ley? ¿Aprueba que la policía detenga a jóvenes por su aspecto físico? ¿Aprueba que entren en las casas o detengan personas sin orden judicial? ¿Está de acuerdo con que la policía mate a los presuntos delincuentes?, fueron parte de sus indagaciones.
La policía no protege
El 71% de los entrevistados considera que la policía no los protege de los delincuentes. Es decir, sólo 3 (29%) de cada 10 personas se sienten resguardadas por los cuerpos policiales ante el accionar del hampa.
Respecto a la evaluación de la eficacia del trabajo de la policía, el 70% de los encuestados lo califica como malo (39%) y muy malo (31%), mientras que el 27% afirma considerarlo bueno y 3%, muy bueno.
Las FAES: al margen de la ley e ineficaces frente al delito
Al indagar con los entrevistados sobre cuán apegadas a la ley son las actuaciones de los organismos que cumplen funciones policiales para combatir el delito, se encontró que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) resultaron ser las peor evaluadas. El 54% de los consultados estima que proceden totalmente fuera del marco legal y el 40% piensa que en ocasiones se apegan a él.
Le siguen, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) -con diez puntos de diferencia respecto a las FAES- con 44% y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 41%. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) es el mejor evaluado de estos cuatro organismos, con un 36%.
Es de destacar que menos del 10% de las personas encuestadas considera que las FAES, la PNB, la GNB y el CICPC actúan apegados a la ley.
Profundizando, aún más, en las acciones emprendidas por las FAES, cuya misión, según las autoridades, es “proteger al pueblo frente al crimen”, el 69,1% de los consultados opina que no ha dado buenos resultados para la disminución del delito, mientras que el 30,9% considera que sí.
Mayoría rechaza ajusticiamiento y tortura
Al indagar con los entrevistados si están de acuerdo con que la policía tiene derecho a matar a los delincuentes, 43% se manifiesta totalmente en desacuerdo y 25% en desacuerdo; en contraparte, 19% afirma estar de acuerdo y 13%, totalmente de acuerdo.
Con relación a la práctica de torturar a los sospechosos para obtener información, el 80% de los encuestados está en contra de este método policial: 50% expresa estar totalmente en desacuerdo y 30%, en desacuerdo. El 20% restante acepta esta acción intimidatoria.
Mayoría repudia detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales
Frente al prejuicio, racista, clasista y etario, de la detención de jóvenes, por parte de la policía, al considerarlos sospechosos por su aspecto físico, el 52% de los consultados se inclina por la respuesta “totalmente en desacuerdo” y un 28% por la afirmación “en desacuerdo”. Un 14% señala estar de acuerdo y un 6%, totalmente de acuerdo.
Ante la pregunta si la policía tiene derecho a detener a los sospechosos de algún delito sin orden judicial, el 32% dijo estar totalmente en desacuerdo y el 24% en desacuerdo, y suman, así, 56%, los que están en contra de las aprehensiones arbitrarias. No obstante, el 44% restante sí las avalan: 23% señaló estar de acuerdo y 21%, totalmente de acuerdo.
Por último, al explorar con la muestra su opinión en torno a si los organismos policiales tienen derecho a invadir una casa sin orden de cateo para perseguir criminales, el 56% se inclina por estar totalmente en desacuerdo y el 25%, en desacuerdo. Asciende a 19% los que sí apoyan los allanamientos ilegales.
Opiniones divididas, aunque no tanto
Las percepciones sobre la legalidad de la actuación de los cuerpos policiales y su letalidad varían, fundamentalmente, por el territorio, el estrato social y la posición política del entrevistado.
La división territorial muestra que los que apoyan la acción extrajudicial de la policía tienden a estar en Caracas; mientras quienes la rechazan están en las otras grandes ciudades del país y en sus barrios pobres. Y quienes dudan u oscilan, están en las ciudades pequeñas, y esto puede explicarse porque la acción de los grupos comando han sido menores allí o porque, al ser espacios más pequeños, temen dar una respuesta sincera y por eso se escudan diciendo que “no saben”.
Desde el punto de vista de los estratos sociales, se encontró que quienes apoyan la acción letal de las policías son miembros de una élite que se considera ubicada en lo más alto de la jerarquía social. Es una élite que vive en el Distrito Capital o Miranda, que declara que no ha limitado sus salidas por miedo a la violencia, que piensa que la policía sí la protege, dice estar bastante o muy feliz y se autodefine como chavista.
En el estrato medio de la sociedad hay un poco de todo. Por eso no existen mayores características que sobresalgan y los puedan describir; son una mezcla social, territorial y política. Hay chavistas, opositores y quienes se declaran ni-ni. Hay muchos que dicen que no opinan, que no saben si la actuación de las FAES ha dado resultados, pero es muy significativo que son quienes, de manera más relevante, se manifiestan en contra de la idea que la policía tiene derecho a matar a los delincuentes.
En el estrato pobre, aquellos que se autoclasifican en la parte inferior de la escala social, son quienes rechazan totalmente las acciones extrajudiciales de la policía. Son fundamentalmente habitantes de los barrios de las ciudades principales. Creen que la policía no los protege, han limitado sus salidas por miedo a ser víctimas de la violencia, se sienten poco o nada felices y se autodefinen como simpatizantes de la oposición política.
Familiares y allegados de víctimas comparten su impotencia
Entre abril y julio de 2019, y en el marco de un proyecto apoyado por la Unión Europea (UE), los ocho equipos regionales del OVV realizaron un estudio cualitativo, a través de 17 grupos focales con personas que habitan en comunidades afectadas por la violencia policial y 29 entrevistas a profundidad con familiares de víctimas, para conocer la situación de alta mortalidad por la acción de los organismos de seguridad -clasificada como “resistencia a la autoridad”-, que representa una tercera parte de las muertes violentas del país, según datos emanados de investigaciones propias.
Parte de los hallazgos más relevantes de este estudio fueron compartidos por los equipos del OVV Zulia y el OVV Lara, en el marco del foro virtual denominado “Informe de la encuesta sobre la percepción ciudadana de la letalidad policial” realizado en julio de 2020, complementando y reafirmando, así, los resultados de la encuesta nacional desarrollada por el LACSO-OVV.
A lo largo de las conversaciones realizadas -individuales y grupales- se evidenció la desconfianza y el miedo de las personas hacia los organismos que cumplen funciones policiales.
Según el OVV Zulia, las personas les temen más a las policías que a los delincuentes. Patricia, esposa de una de las víctimas de letalidad policial en dicho estado, afirmó: (…) no me confío en ninguno de los dos (policías y delincuentes), los dos son lo mismo, unos con uniforme y otros sin uniforme. Los dos son delincuentes.
Los entrevistados señalaron que decidieron no denunciar: en primer lugar, por miedo a la revictimización; en segundo lugar, por desconfianza en el sistema de justicia, bajo la certeza de que nada va a ocurrir. No, no, no podemos denunciar (…) quisimos y teníamos cómo, porque en verdad no fue un enfrentamiento (…) pero no podíamos hacer nada porque teníamos temor de que tomaran represalias con nosotros (…) es lamentable, relató Daniela, hermana de una de las víctimas.
De acuerdo a los testimonios recabados, las líneas que dividen el mundo policial del mundo delictivo han desaparecido. Para quienes participaron en esta investigación, las policías en Venezuela y en la región zuliana son “la nueva hampa”. La misma policía es más malandra que los mismos malandros, porque son malandros con chapas, son malandros con permiso para matar, opinó Aura, esposa de una de las víctimas.
El patrón de regularidad en torno a la letalidad policial en el Zulia evidencia tres factores: allanamiento, tortura y muerte. A este ciclo le sobreviene el montaje de una escena del crimen en el que predomina la justificación de “resistencia a la autoridad”, acotó la sede regional.
El OVV Lara, por su parte, manifestó que hay al menos 174 asesinatos cometidos por las FAES desde su llegada al estado en julio de 2018; ejercen el control de la criminalidad común con acciones criminales y sus actuaciones cuentan con el aval de las autoridades gubernamentales. También practican el control de grupos disidentes, como es el caso de los asesinatos que perpetraron en Carora y El Tocuyo, en enero de 2019; así como las detenciones, violaciones a la propiedad y el vigilantismo a los que han estado sometidos los residentes de la urbanización La Sucre de Barquisimeto, a partir de enero de 2019 y, recientemente, en mayo de 2020.
Asimismo, este grupo comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) despliega el control político comunitario -con la utilización de informantes- y da apoyo a grupos irregulares, acompañando a colectivos armados en acciones represivas. Según hallazgos de la investigación cualitativa, emplea el miedo como emoción política desmovilizadora. El testimonio de un hombre, vecino de una víctima, así lo demuestra: (…) había demasiada gente, entonces, le hice una pregunta a todos los que estaban ahí; todos conocidos. Si así como estamos toditos aquí… ¿Por qué no vamos toditos mañana y denunciamos a las FAES? No… estás loco… (risa) anda tú solo, me decían, pa’ que mañana vengan y te maten, me dijo todo el mundo.
Las FAES comienzan a tener un modelaje en el resto de las instituciones policiales locales, las cuales han empezado a ser más letales; les acompaña el CICPC, como el organismo que mayor participación tiene en las actividades que generan mayor impacto en la vulneración del derecho a la vida y a la justicia. En la medida que las FAES adquiere mayor autonomía dentro del sistema de justicia penal en Venezuela, hay mayores posibilidades que aumente su participación en otras actividades ilícitas, concluyó el OVV Lara.
La violencia policial no se repliega en cuarentena
Entre marzo y junio de 2020, sólo en el estado Zulia, 223 personas han sido asesinadas a mano de funcionarios policiales, bajo la categoría de “resistencia a la autoridad”. Mientras las muertes violentas por homicidios han disminuido -27 en ese mismo período-, la letalidad policial se ha incrementado. Y ya no son solamente las FAES las victimarias de estas acciones; a diferencia de otros estados, las policías regionales o municipales han sido las más letales en la entidad, particularmente durante los meses de mayo y junio, indicó el OVV Zulia.
En Lara, a lo largo de 2020 y especialmente durante la cuarentena, también ha habido una disminución de las muertes violentas cometidas por la delincuencia y un aumento de las provocadas por la policía. Aunado a ello, se ha observado un mayor alcance de las FAES en la región centroccidental, lo cual es muestra de la ampliación de su poder en otras entidades que mantienen una relación funcional con el estado, señaló el OVV Lara.
Según investigaciones y datos del OVV, durante la pandemia, los policías matan más que los delincuentes.
Rescatar la dignidad del trabajo policial
Entre 2016 y 2019, hubo una muy alta letalidad policial en Venezuela, posiblemente la más alta del continente americano; mayor que la de Brasil y mucho mayor que la de Estados Unidos. En esos cuatro años, los casos de letalidad policial se mantuvieron elevados y en la actualidad se incrementan, aun cuando los homicidios han disminuido y la población se ha reducido en más de tres millones de habitantes por la emigración.
En el país se ha usado la acción violenta y letal de la policía no como una política pública destinada a la consecución de la justicia o la protección ciudadana, sino como una pretendida herramienta de “populismo policial”, primero, y luego como un mecanismo de control social y político.
Es muy importante para la sociedad apoyar las acciones policiales destinadas a la prevención del delito y forzar la aplicación de la ley, pero es un error llevar a los cuerpos policiales a la comisión de delitos. Es necesario reconstruir y apuntalar la dignidad del trabajo policial, tan difícil y tan importante y útil para la vida social, pero estas actuaciones extralegales están dañando su eficiencia y su dignidad.
Hay que reorientar a las policías a su función básica de proteger a los ciudadanos, no al poder. Sólo así podrá construirse una mejor sociedad. El rechazo a esta forma de poder policial debe ser más contundente; es nuestro deber hacer ver la puerta que se abre al control y a la represión política cuando se toma una posición neutra o condescendiente frente a esta política de seguridad de mano dura. Los ciudadanos no pueden ser vistos ni tratados como enemigos, sino como aliados, pues la fuerza de la acción policial no radica en sus armas, sino en su buena relación con la sociedad.