Josefa se levantó de la cama, no había pegado un ojo en toda la noche, el calor producto del corte eléctrico en alianza con los mosquitos la torturaron toda la madrugada. Ya lleva semanas de mal dormir, de mal comer y de baños de policía. En un grito íntimo, nacido de una mezcolanza de emociones en la que se fusionaba la rabia, la tristeza y la desesperación, soltó ¡Es que nos quieren volver locos! ¡Esto no es vida, ya no somos humanos, no tenemos derechos!
Y es que, por su vinculación con la calidad de vida, los servicios públicos han de considerarse como derechos fundamentales. La violación de éstos por el deterioro en su prestación o por las limitaciones de acceso, son una clara agresión a la dignidad humana. El Estado tiene la obligación constitucional de la prestación de los servicios para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, la cual, además, tiene el derecho de recibirlos con estándares de calidad.
Nuestra realidad es que la prestación de los servicios públicos, más que satisfacer necesidades de interés general consideradas esenciales, se ha convertido en una fuente de agresiones en contra de la ciudadanía, a la cual se le conculca el disfrute cabal de los derechos humanos, en un contexto de absoluta impunidad y desconocimiento de las garantías constitucionales. El Estado, por obligatoriedad y por derecho de la ciudadanía, según lo establecido en el texto constitucional, debe ofrecer un buen servicio y en caso contrario resarcir los daños ocasionados por el incumplimiento en la prestación de los servicios. Ni lo uno, ni lo otro se ha cumplido, dejando solo una muerta letra constitucional.
La pésima prestación de los denominados servicios públicos domiciliarios: electricidad, agua potable y gas, han llenado de emociones negativas la vida cotidiana de los zulianos. La ira, el miedo, la tristeza, la angustia y la desesperación, cohabitan en las familias que se levantan trasnochadas por no poder dormir debido a los cortes de electricidad, y apenas amanece el día les toca ingeniárselas para proveerse de agua potable que les permita hacer la comida sobre un improvisado fogón donde la leña sustituye el gas doméstico. Los cortes eléctricos y la interrupción del servicio de agua potable, son una embestida para la salud física y mental de los ciudadanos, además del alto impacto en materia laboral, educativa, de seguridad y en la dinámica familiar, seriamente amenazada por el cúmulo de tensiones que son parte del día a día.
Esta agresión constante y sin sosiego con la que las entidades gubernamentales denigran a la ciudadanía, viene provocando manifestaciones de protestas pacíficas, pero en algunos casos avizoran alta potencialidad de convertirse en violentas. Con gritos como “Esto no lo aguanta nadie”, “ya estamos obstinados”, “estos cortes son criminales”, se calienta, a punto de ebullición, el enfado del colectivo. Un escenario probable, a corto plazo, es la tensión entre las fuerzas represivas del Estado y las comunidades, quienes pasarían a una escalada de protestas, con componentes violentos, por recibir como respuesta a las exigencias de mejorar los servicios públicos, un mayor deterioro de los mismos y acciones represivas ante las manifestaciones públicas de descontento. Lo anterior constituye un probable escenario de violencia, sin lugar a dudas, provocado por la incapacidad progresiva del gobierno en la prestación de los servicios públicos o, en otras palabras, por la violación de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Zulia (OVV Zulia)