Como consecuencia de la pandemia por Coronavirus y la medida de aislamiento decretada por el ejecutivo nacional a mediados del mes de marzo del presente año, al hombre merideño, y al venezolano en general, le ha tocado pasar mucho más tiempo en el hogar, donde en algunos casos y por diversas razones, esta situación ha tenido un carácter permanente. Por lo general, los individuos del sexo masculino están acostumbrados a estar en la calle trabajando y/o haciendo diligencias de distinto tipo; no obstante, esta dinámica familiar sufrió cambios por la situación de la pandemia y la medida asociada a ésta.
Ahora bien, el problema no es la presencia en sí del hombre por más tiempo en el hogar bajo una medida de aislamiento social, sino la permanencia de éste en su domicilio acatando dicha prevención, “encerrado” en su vivienda con su familia pero con conductas violentas recurrentes o antecedentes fehacientes de actos violentos que podrían reactivarse, en contra de alguno (o algunos) de los miembros del seno familiar y, en este caso en particular, contra su cónyuge. El escenario se complica aún más si entra en juego el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol y/o estupefacientes, factores que con frecuencia están presentes en innumerables casos de violencia de género.
Por otra parte, la crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela en los últimos años, a la cual, por supuesto, no escapa el estado Mérida, solapada con la pandemia y la cuarentena, ha generado nuevas tensiones sobre las personas y acentuado otras ya existentes. Por ejemplo, la carencia de recursos económicos o la de alimentos en el hogar, empieza a generar estrés dentro de las familias. La competencia por la poca disponibilidad de alimentos, puede ocasionar conflictos cuando no hay nada que comer, pero también cuando hay poca comida disponible.
Otro ejemplo lo representan los serios problemas que atraviesan los hogares en sus viviendas, en relación al pésimo funcionamiento de todos los servicios públicos. Éste es otro factor que entra en juego, sobre todo, el de la electricidad o el gas doméstico, eso también, sin lugar a dudas, genera fuertes presiones sobre los miembros familiares, y ni hablar de la disponibilidad de gasolina o gasoil para poder movilizarse, bien sea por medio de vehículo particular o en transporte público, para lograr ir a los sitios de trabajo o realizar cualquier actividad cotidiana necesaria.
Lo anterior no es nada nuevo, ya las familias venezolanas venían atravesando por esas situaciones desde hace unos años, bajo la crisis que se vive en el país. Lo nuevo es lo de la pandemia y la medida de aislamiento social para contrarrestarla que, superpuesta con la crisis, genera muchas más tensiones de las que deberían ocurrir, más preocupaciones de las que deberían darse, se generan muchas emociones y situaciones negativas que favorecen los conflictos entre los miembros de las familias. Hay miedo, frustración, intolerancia, irritabilidad, preocupación, angustia, entre muchos otros, y si no se logran manejar bien entre todos, entonces el ambiente familiar podría tornarse agresivo o violento, principalmente en familias donde exista violencia de género.
Es así como en el estado Mérida, entre enero y septiembre, empleando como fuente los medios de comunicación, se han registrado 35 casos de violencia de género dentro de los cuales se contabilizan 5 femicidios. Sin embargo, es oportuno traer a colación que en las noticias solo salen reseñados algunos casos de distintas formas de violencia de género, por lo que es altamente probable que sean muchos más los que queden asentados en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) especializadas en registrar y estudiar la violencia de género (por ejemplo: el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, región Los Andes-OVDHM), o en instituciones gubernamentales de atención a este tipo de casos, como el Instituto Merideño para la Mujer y la Familia (IMMFA), así como en las instancias legales con competencia en la materia (módulos policiales, fiscalía, entre otras).
Entonces, tanto en el estado Mérida como en el resto de entidades de Venezuela, nos encontramos en un contexto de violencia generalizada, enmarcada dentro de un escenario concreto de crisis humanitaria, pandemia y cuarentena, que ha demostrado tener un impacto desmedido y diferenciado sobre la vida de las mujeres.
Para la ONG Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), existe, en consecuencia, una alta tasa de asesinatos dentro de los cuales se cuentan un buen número de femicidios, cuyas cifras son invisibles para el Estado venezolano puesto que no presenta estadísticas de éstos, ni de ningún otro tipo que estén relacionadas con casos de violencia de género. La impunidad, por ineficacia y efectividad del sistema de protección, erosiona de modo constante cualquier esfuerzo meramente legal que intente reducir los índices de aquel tipo de violencia. Por ende, la violencia de género y de otros tipos, se perpetúa principalmente por la impunidad.
En definitiva, en el país no se le está prestando la atención necesaria a este tipo de flagelo, principalmente porque no existe una publicación sistemática de fuentes de información (registros estadísticos) por parte de los organismos públicos con competencia en la materia, cuando, precisamente, es imprescindible que el Estado venezolano cuente con un sistema regional y nacional de información, que permita, en primera instancia, diagnosticar y conocer las dimensiones del problema, para poder proceder a diseñar y ejecutar políticas públicas acordes que coadyuven al control y prevención de la violencia de género y llevar a ésta a su mínima expresión. En concordancia con CEPAZ, en Venezuela, la única forma de impulsar este marco de actuación, es visibilizando la necesidad estratégica desde un enfoque de derechos humanos, para evidenciar que el Estado está incumpliendo con su responsabilidad de “proteger”, en este caso, a la mujer venezolana.
Gustavo Alejandro Páez Silva
Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida)