En el estado Trujillo, la problemática de la seguridad es multicausal y plurisocial, contabilizándose diversos problemas en el ámbito regional, pero a pesar que la situación país, la diáspora y la pandemia, contribuyeron a generar una falsa sensación de seguridad en Venezuela; ésta ha bajado debido a que los delincuentes se han movido a formas delictivas que consideran más lucrativas, tal como lo ha venido señalando el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el profesor Roberto Briceño-León.
De allí que, como todo venezolano, los trujillanos mantienen una sensación de inseguridad, sobre la posibilidad de sufrir robos, hurtos, agresiones o cualquier otro tipo de violencia, puesto que los problemas sociales son estructurales y pueden llevar a una persona a cometer un delito. Sin embargo, en Trujillo persiste la ausencia de datos oficiales del Estado que permita validar esta hipótesis. De allí que el monitoreo periodístico que se realiza desde el OVV Trujillo, permite presentar las cifras que se obtienen a través de las informaciones publicadas por los medios de comunicación, a través de fuentes primarias.
En consecuencia, las cifras que se reflejan sobre este flagelo son muy bajas, considerando la distribución político territorial del estado, conformado por veinte municipios. No obstante, es menester manejar algunas cifras para poder contrastar la hipótesis que se viene manejando desde el OVV sobre el incremento sostenido en materia de robos y hurtos en la entidad.
De acuerdo con el monitoreo de prensa regional, al cierre de noviembre del 2022 se contabilizaron más de dos (2) robos mensuales, encontrándose un incremento significativo en el mes de noviembre, en víspera de las festividades decembrinas. En el caso de los hurtos, se registró uno bimensual, sin embargo, éste número podría estar muy por debajo del real, porque las personas no siempre denuncian. Lo que es recurrente es el delito del robo, el cual aparece reflejado mensualmente en los diversos medios de comunicación. Esto, sin contabilizar los hurtos que se han viralizado en las redes sociales a través de las cámaras de seguridad de algunos comercios de Valera, ciudad comercial del estado Trujillo.
De acuerdo con el Código Penal Venezolano, el robo lo práctica quién por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de este, quien incurra en el acto de apoderarse de la cosa mueble de otro o inmediatamente después haya hecho uso de violencia o amenazas ante dichas contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito o quién por medio de violencia o amenazas de un grave daño a la persona o a sus bienes haya constreñido alguno a entregar suscribir o destruir en detrimento suyo o de un tercero un acto o documento que produzca algún efecto jurídico cualquiera. En el caso del hurto, el Código Penal lo tipifica para todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él quitando lo sin el debido consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba.
Tal como se señaló precedentemente, los datos recopilados sobre robos y hurtos en la entidad trujillana, posiblemente estén subestimados, considerando variables territoriales, sociales, culturales y políticas, aunado a la ausencia de datos oficiales. De acuerdo con el monitoreo de prensa, el 48% de los robos se cometieron en el municipio Valera, 24% en Pampanito, 9,52% en Pampán y 9,52% en Andrés Bello y en La Ceiba y Bolívar el 5%. Con relación a los hurtos, Valera y Pampanito alcanzan cada uno el 29% de este delito, apareciendo La Ceiba, Miranda y Carache con el 14%.
Según el OVV, para el año 2021 los hurtos de vehículos en Venezuela se habían incrementado en un 13%, otros hurtos en un 10% y los robos de vehículos en 18%, esperándose un aumento de robos, secuestros y atracos para el 2022. Las causas de este tipo de delitos son variables, pero entre ellas destacan la falta de oportunidades de empleos para los diferentes actores sociales, el descuido de las personas con sus objetos de valor, la falta de inculcación y pérdida de valores en los hogares, la incorporación inicial a pandillas juveniles o grupos de delincuencia organizada, así como el consumo de drogas. Esta última deriva en otro flagelo a través del micro tráfico de drogas reseñado por los medios de comunicación regional a lo largo del año 2022.
Adicionalmente, la pobreza y la poca o baja escolaridad generan mayor necesidad y sigue siendo una variable que podría incidir directa o indirectamente en la violencia. Según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2022 (Encovi), en Venezuela cayó la pobreza por primera vez en siete (7) años y la desigualdad en todas sus formas comienza a ser una constante en la realidad venezolana. Señalando que la Pobreza Monetaria también se redujo, pero creció la desigualdad.
La Encuesta aporta datos significativos para el análisis de la violencia en cada región, señalando, por ejemplo, que a partir de 2018 la proporción de población económicamente inactiva (PEI) comienza a crecer por la reducción de la demanda de empleo y la destrucción de oportunidades económicas, pero en el 2022 se recupera la actividad pre crisis de movilidad y el empleo formal crece hasta ser ya el 50% de los ocupados. La Actividad económica y desigualdad aumentó 23 puntos porcentuales. En los hogares No pobres el nivel de actividad es de 71% mientras que en los hogares en pobreza extrema es sólo de 45%. En términos generales, señala el informe que se reduce la pobreza en Venezuela, producto de las mejoras en el ingreso y en el empleo.
Sin embargo, cuando se analiza el nivel de pobreza de ingresos durante el período 2014 2022, se observa que la pobreza total para el 2014 alcanzaba el 48,4 versus 81,5 en el 2022. Con relación a la pobreza extrema el 2014 se presentaba en 23,6 y para el 2022 alcanza el 53,3. Es decir, los venezolanos siguen siendo muy pobres. De allí que la pobreza imbrica factores sociales y económicos, que el gobierno nacional aborda a través una política social reducida a la entrega de cajas CLAPs, transferencias monetarias por el sistema patria y subsidio limitado para la compra de combustible.
Y precisamente en esos programas también se han contabilizado algunos delitos. Los medios de comunicación reseñaron cinco (5) delitos por comercialización indebida de combustible en los meses de enero, abril, junio, julio y septiembre, donde fue detenido por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) un Mayor del Ejército que según información extraoficial de los medios de comunicación, por uno de estos casos había sido detenido un mayor adscrito al Zodi Trujillo. Adicionalmente, se contabilizaron dos (2) delitos en la distribución de bolsas CLAPs, durante los meses de febrero y julio. Según ENCOVI 2022, los beneficiarios de las cajas CLAPs reciben una cesta de productos que varía mucho el período de cada entrega y sólo un 35% de la población la recibe mensualmente. La mejora del abastecimiento ha supuesto una percepción de acceso; sin embargo, persisten situaciones de riesgo alimentario que todavía son muy altas, lo que podría estar incidiendo en este tipo de delito.
En consecuencia, más allá de la sensación de inseguridad en las poblaciones urbanas y rurales, que también son objeto de otros delitos, como la extorsión, la percepción social del delito en la entidad trujillana es compleja y requiere de la participación activa de toda la ciudadanía, en la implementación de políticas públicas de seguridad que permitan anticipar delitos y gestionar conflictos.
Al cierre del mes de noviembre del 2022, el bolívar se devaluó el 30,8% alcanzando el dólar paralelo los Bs. 13,05, lo que representó un aumento de Bs. 4,07 desde el inicio del mes. Mientras, el tipo de cambio del BCV superó los 11 bolívares. Durante la primera semana de diciembre, el precio del dólar en Venezuela sigue en alza y la estrategia del Banco Central de Venezuela (BCV) de inyectar divisas es insuficiente para estabilizar el mercado cambiario. Como consecuencia de esa devaluación, repunta la inflación y se pulverizan los sueldos, presentándose un “caldo de cultivo” para el delito en época decembrina y para principios del año 2023.
En consecuencia, es urgente que se generen oportunidades e inclusión socio productiva para la población trujillana, la cual podría estar tentada en abandonar el país si la situación económica no mejora. Paralelamente, es responsabilidad del estado, el diseño de políticas de seguridad que aumente el nivel de efectividad y cuente con la participación e involucramiento real de todos los actores sociales.
Equipo OVV Trujillo