Prensa OVV Bolívar
Los bolivarenses continúan sometidos a la inseguridad y al miedo. El Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) contabilizó 570 víctimas de violencia interpersonal en el estado entre enero y noviembre de 2021. La cifra supone una disminución de 15% en comparación con las 673 víctimas contabilizadas en 2020.
El OVV Bolívar atribuye la disminución a las restricciones de horario y movilidad por la pandemia de COVID-19, el despacho irregular de combustible y mayor presencia policial en operativos de seguridad, factores especialmente estrictos en el estado.
Así lo expuso la organización en la presentación del Informe Anual regional de Violencia 2021. Los datos presentados son resultado de la revisión de la prensa regional durante 2021.
La entidad mantiene su posición como tercer estado más violento de Venezuela con una tasa de 56,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes (100 m/h), más aún, tres de sus municipios mineros (El Callao, Sifontes y Roscio) están entre los cinco municipios más violentos del país por segundo año consecutivo con tasas de 511, 189 y 152 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
Las cifras se mantienen mientras el Estado continúa sin implementar políticas públicas para prevenir y detener el patrón que parece tener tendencia irreversible.
Especificando la tasa de muertes violentas por categorías, se tiene que la tasa de homicidios es de 18,9 por cada 100 m/h, en tanto la de muertes por averiguación es de 22,1; mientras que resistencia a la autoridad es de 8,0 7,8 la tasa de desapariciones.
Para el equipo del OVV Bolívar, la cifra de muertes violentas se alimenta, principalmente, por la violencia inherente a la extracción ilegal de oro al sur de la entidad, un flagelo que el Estado poco investiga y sanciona. De hecho, la organización ha reseñado que Bolívar encabeza la lista como uno de los estados más violentos desde que se decretó en 2016 la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO).
Homicidios y agresiones a la orden del día
Los números son alarmantes y apenas suponen un subregistro basado en las pocas denuncias que trascienden a la prensa regional. El OVV Bolívar intuye que la mayoría de las personas no denuncia porque normaliza el problema, porque desconfía en las instituciones del Estado, por desconocimiento sobre cómo proceder para emitir una denuncia o por no saber identificar los patrones de violencia.
51% de las víctimas de violencia son niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de entre 10 y 29 años. 57% de las víctimas son hombres y 43% mujeres.
Los delitos más frecuentes fueron los homicidios (23%), agresiones (41%) y robo (20%). 40% de los afectados fueron víctimas de la delincuencia común y 38% de los victimarios eran familiares o conocidos de las víctimas.
La mayoría de los delitos cometidos se ejecutaron empleando la fuerza física (39,7%), mientras que en 33,0 % de los delitos se utilizaron armas de fuego, en 15,9% objetos cortantes o punzantes, 0,2% explosivos, en 10,1% de los casos se utilizaron otros tipos de armas, y 1,1% de los casos no se utilizó ninguna.
En cuanto a los motivos de los delitos, 30% califican como provecho ilícito, 35% otras motivaciones y 25% por violencia de género.
El principal lugar para perpetrar los delitos fueron espacios abiertos o la calle (60%), 32% el hogar de la víctima, 2% establecimientos comerciales, 3% lugar de trabajo y 3% medio de transporte.
Rostro humano de la violencia
El OVV Bolívar resalta, como en otras oportunidades, que cada muerte violenta o agresión tiene el rostro de un ser humano que tiene, a su vez, una familia cuyo contexto se vio afectado por el delito.
“El incumplimiento de las obligaciones del Estado como garante de Derechos Humanos deriva en la violación –por acción u omisión– de derechos fundamentales, lo que se traduce en el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos y, por lo tanto, deterioro de la convivencia social”, resaltó el equipo.
Finalmente, el OVV Bolívar exhortó al Estado a garantizar los derechos humanos de las personas tal como establece la Constitución y tratados internacionales suscritos por Venezuela, empleando políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, la sanción de los victimarios y reparación para las víctimas y sus familiares.