En los últimos tiempos, en Venezuela, se han tornado más constantes las prácticas paradójicas al ejercicio ciudadano y democrático de acceder a información pública para efectuar contraloría social. Por ello, algunas organizaciones sociales e instituciones académicas han venido desarrollando importantes esfuerzos para generar información que dé cuenta de la situación socioeconómica de la población. En ese sentido, destaca el proyecto Encuesta sobre Condiciones de Vida (ENCOVI), el cual inició en el año 2014 con la participación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en alianza con la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Central de Venezuela (UCV), a los fines de realizar anualmente una encuesta que reflejara aquellas condiciones de la población venezolana a escala nacional. Esta valiosa fuente de información ha servido para llevar el pulso de los efectos que ha tenido la inexorable crisis humanitaria que ha enfrentado el país desde años recientes sobre los niveles de bienestar, considerando a la población nacional en su conjunto. No obstante, es claro que las cifras nacionales son insuficientes para dar cuenta de las diferencias y especificidades regionales.
La limitación anterior a la que se hizo alusión, en cierta medida, se ha intentado solventar gracias a metodologías que hacen posible vincular la información de la ENCOVI con la del censo general de población y vivienda de 2011, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es así como se ha conseguido estimar una serie de indicadores sociales por entidades federales que han coadyuvado a establecer el orden de magnitud de algunos problemas que deben ser atendidos por las autoridades competentes. En el año 2017, el proyecto Reto País colocó un conjunto de información a disposición de las comunidades organizadas a objeto de que conocieran mejor su situación socioeconómica, para que fundamentaran sus reivindicaciones e intentaran dimensionar el esfuerzo que debía hacerse desde las políticas públicas para solucionar diferentes problemas que aquejaban a la población venezolana para ese momento. Para el estado Mérida, así como para el resto de las entidades, se contó con un informe regional donde se plasmaron aquéllos indicadores estimados con base en cifras derivadas de la ENCOVI 2016.
Algunos de los indicadores estimados estuvieron relacionados con la pobreza. Según ese informe, para ese año (2016), cerca de un cuarto de la población merideña (24,2%) se encontraba en la categoría de población no pobre (perteneciente a hogares cuyos ingresos superaban el valor de la canasta básica), mientras que la población pobre no extrema (de hogares cuyos ingresos permitían adquirir, al menos, la canasta básica) alcanzó un 28,0%. Por su parte, la que se encontraba en pobreza extrema (perteneciente a hogares cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir la canasta alimentaria), concentraba el 47,8% de la población del estado para ese año.
Unos años más tarde, es decir, en 2020, otra edición de la ENCOVI mostró que la pobreza en la entidad arropa al 97% de la población, donde 96% de ésta vive por debajo de la línea de pobreza (personas cuyos ingresos no les alcanzan para adquirir la canasta básica) y 63% se ubica por debajo de la línea de pobreza extrema (personas cuyos ingresos no les alcanzan para adquirir, ni siquiera, la canasta alimentaria). En cuanto a los hogares, 94% de éstos están en situación de pobreza. Estos resultados demuestran de forma irrefutable que la pobreza en Mérida se ha extendido hacia todos los rincones de la entidad.
Si revisamos otros indicadores generados a partir de la información recabada por la ENCOVI, los cuales son el reflejo del deterioro de las condiciones de vida de los merideños y que de forma directa e indirecta se relacionan con los niveles de pobreza alcanzados, encontramos un incremento entre 2016-2020 de: la mortalidad infantil (de 14,9 a 23,2 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos; aumento de 56%); porcentaje de madres adolescentes entre 15 y 19 años (de 12,1 a 12,8%); porcentaje de población en viviendas inadecuadas, es decir, residiendo en ranchos (de 4,6 a 6,1%); así como el descenso significativo del porcentaje de población ocupada (de 95 a 40%). Otros indicadores emanados de la mencionada encuesta a los cuales también se podría hacer alusión son: porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria (93,8%) y niños menores de 5 años con desnutrición (8,5% con peso inferior a la edad, 5,3% con peso inferior a la estatura y 32,7% con talla inferior a la edad).
También la pobreza ha sido un factor de expulsión que ha hecho, y que sigue haciendo, que muchos merideños emigren hacia el extranjero. Prueba de ello es que, haciendo un ejercicio de comparación entre las cifras de población proyectadas por el INE y las estimadas por la ENCOVI, se observa un diferencial importante que de forma aproximada muestra en cuántos individuos podría haber disminuido la población total en la entidad, y dentro de esa disminución, es posible que un buen contingente haya sido por emigración hacia otros países. El INE proyectó la población de la entidad para el año 2020 en 1.059.925 habitantes, mientras que la ENCOVI estimó una cantidad de 873.591 habitantes, lo que arroja una diferencia de 186.334 personas.
En resumen, el incremento inusitado de la pobreza en Mérida no es más que el resultado de la violencia estructural progresiva a la que ha sido sometida la sociedad merideña, y venezolana en su totalidad, que en esta época ha conducido de manera insoslayable a una crisis sin precedente alguno, donde una de sus principales consecuencias innegables ha sido el empobrecimiento masivo de la población, el cual, en parte, queda en evidencia por medio de todos los indicadores mostrados en este escrito.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida)