Venezuela atraviesa la expresión más crítica del desgobierno con una situación hiperinflacionaria que ha pulverizado la capacidad adquisitiva de su población, el colapso de los servicios básicos y una crisis que se extiende hasta la inseguridad alimentaria. Al respecto, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2019/20) señala que uno de cada cuatro hogares la padece, y su nivel en términos severos es de 33%; mientras solo el 3% de los hogares no presenta riesgos. Todo ello, sumado a la inseguridad personal generada por la violencia criminal, son situaciones difíciles en las que el estado Sucre también está inmerso y se ha agravado con la ejecución de la cuarentena radical, iniciada el pasado 16 de marzo producto de la pandemia del Coronavirus, la cual presenta un excesivo control militar en el todo el país, por encima de su carácter sanitario.
La franja costera fronteriza del estado Sucre, conformada por las penínsulas de Paria y Araya, tiene poca vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y ha permitido el dominio de bandas delincuenciales, así como del narcotráfico, que se han apropiado del espacio marítimo, con repercusión directa en los pescadores.
La Península de Paria está prácticamente controlada por la delincuencia organizada, que se ha desplazado del centro del país para extender su tentáculos con la salida ilegal de mercancía (droga, oro, cacao) y personas hacia las islas del Caribe, para luego moverse hacia Norteamérica y Europa.
Los municipios Sucre (Cumaná) y Bermúdez (Carúpano) representan el 60% de la población de la entidad oriental, donde ocurren el 65% de los sucesos violentos, pero se han visto superados, pese a la desigualdad poblacional, por los hechos de violencia generados en los municipios de la Península de Paria, donde Valdez (Güiria) se encuentra bajo dominio y dirección de un pran (cabecilla de una banda delincuencial) de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua; mientras Mariño (Irapa) y Cajigal (Yaguaraparo) están bajo el dominio del cabecilla llamado Zacarías, quien huyó de las minas del estado Bolívar. También Arismendi (San Juan de las Galdonas-Unare) se encuentra bajo el dominio del pran identificado como “El Chuchu”, y allí se registran enfrentamientos constantes de violencia criminal por el control territorial y las actividades propias del narcotráfico, con la particularidad que las muertes violentas que se producen no son registradas en las morgues y, en consecuencia, no forman parte de las estadísticas de la región. Vale señalar la posesión de armamentos modernos de largo alcance, tecnología comunicacional y la superioridad numérica de los integrantes de las bandas delictivas señaladas, en comparación con los cuerpos de seguridad del estado; factores que facilitan sus acciones delictivas.
El pasado mes de abril se cumplió un año de la desaparición de más de 38 personas entre las costas de Güiria y Trinidad, en el bote “Jhonaili José”. Fue la primera embarcación de varios “naufragios”, como consecuencia de la red de trata de personas, y cuyas investigaciones han sido engavetadas por los gobiernos tanto de Venezuela como de Trinidad; mientras familiares no pierden la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Las represalias por este hecho están latentes, y el pasado mes de marzo la ciudadana Keyla Cedeño denunció el secuestro de su hija Yosqueilis Zurita, de 17 años, quien había sobrevivido al naufragio.
Tampoco hay rastros de los 33 pasajeros del bote “Ana María”, que partió desde Güiria tres semanas después, y solo hay pruebas de vida del capitán de la lancha, que tiene antecedentes por trata de personas y está prófugo de la justicia. Las víctimas de este hecho no solo fueron captadas en el oriente del país, sino en entidades como Táchira y Distrito Capital.
El sector productivo del estado Sucre también ha sido fuertemente golpeado, y municipios de tradición cacaotera, como Mariño, Arismendi y Cajigal, se encuentran bajo el mando de la delincuencia que controla, incluso, el precio de venta del cacao; mientras los productores prefieren abandonar el campo para sobrevivir sin pagar extorsiones.
Las denuncias sobre la utilización del territorio por grupos paramilitares cobra fuerza, incluso, desde el sector oficial; como ocurrió a comienzos del mes de julio, cuando fue denunciada la actuación de grupos paramilitares que operan en el cerro El Humo, ubicado en Irapa, municipio Mariño. Campesinos, productores agropecuarios y comunidad, aseguran que se trata de hombres armados, que se ocultan en las montañas para extorsionar a productores y comercializar niñas y adolescentes.
Los delitos se cometen frente a la indiferencia e incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad ciudadana y, en consecuencia, se fortalece la acción criminal, pues se conoce en la zona de uniformados que han sido cómplices de los asaltos a transportistas en las carreteras nacionales.
La vía terrestre el estado Sucre está surcado por las carreteras Nacionales troncal 9 (Caracas-Güiria) y troncal 10 (Cariaco-Santa Elena de Uairén), donde se registra una triangulación delictiva que genera acciones violentas, dirigidas a la afectación de productores pesqueros, agrícolas y conductores, obligándolos a pagar extorsión, además de ser sometidos a situaciones de presión, que se concretan con ataques criminales a propietarios de establecimientos y a sus familiares.
La tradición pesquera de la entidad sucrense, que otrora representó 70% de la producción nacional, con fortalezas para la exportación, se ha debilitado por la piratería marina, que ya no solo carga con botes, motores y enseres de pesca, sino que se “adapta” a la crisis nacional y también roba gasolina, abandonando sin piedad a pasajeros y pescadores en altamar, poniendo en riesgo sus vidas.
La pobreza consume a los pueblos pesqueros de la Península de Araya, que han protagonizado contundentes manifestaciones para exigir a las autoridades competentes suministro de combustible, pues el servicio es controlado por los cuerpos de seguridad del Estado, sin tomar en cuenta las necesidades prioritarias de la población que debe faenar a diario para llevar el sustento a sus hogares.
Durante la cuarentena, los pescadores no reciben ni la mitad del combustible que necesitan para faenar, por ello han tenido que remolcar las embarcaciones e, incluso, volver a la pesca de cordel, para paliar el día a día, pues los ingresos no son suficientes para que todos puedan adquirir gasolina en divisas a los revendedores.
De igual forma, han sido los pueblos pesqueros los que han reclamado el suministro de agua, no solo para prevenir el contagio del Coronavirus, sino para vivir, porque tienen años sin servicio potable y la electricidad es un lujo, donde el mismo personal de la empresa Corpoelec agradece que llueva para que se “limpien las líneas”, porque no tiene insumos para cumplir las labores de mantenimiento.
Durante el primer semestre de 2020 se registraron 102 homicidios en el estado Sucre, 40% más que en el mismo período de 2019, cuando se registraron 73 muertes violentas.
En plena cuarentena por el Coronavirus, el mes de mayo fue el mes más violento con 17 sucesos y 29 asesinatos, seguido por abril con 21 sucesos y 22 homicidios.
El monitoreo de prensa del OVV Sucre arrojó que los municipios más violentos del semestre fueron Sucre (Cumaná), Bermúdez (Carúpano), Valdez (Güiria) y Montes (Cumanacoa).
La crisis social se agudiza, pues el estado Sucre, considerado la “potencia gasífera” del país, tiene más de 3 meses sin recibir servicio de gas doméstico y la adquisición de cocinas eléctricas no está al alcance de toda la población, y tampoco son una solución por las constantes fluctuaciones del deteriorado servicio eléctrico. Las comunidades organizadas pasaron a realizar protestas, hasta 7 diarias, sin importar la pandemia y las medidas de radicalización de la cuarentena ordenadas.
La población sucrense no solo cocina a leña, sino que se autoflagela, porque el humo afecta las vías respiratorias de quienes ya padecían de la quema indiscriminada de desechos sólidos en basureros satelitales, como consecuencia de la fallas en el sistema de recolección y el colapso de los vertederos en la entidad, que no cuenta con sistema de tratamiento para sus propios desperdicios.
La crisis sanitaria también ha llevado al personal médico a clamar por insumos para protegerse frente al repunte de pacientes con Coronavirus. Al comienzo de la cuarentena, denunciaron que debían lavar y reusar los trajes de protección, pero las carencias extremas los han llevado a pedir donaciones, desde cloro, hasta mascarillas y alcohol, para poder trabajar.
Jesús Subero
Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre)