Según los reportes oficiales, hasta el 22 de agosto del 2020 se han registrado 38.957 casos de Covid-19 y 323 víctimas mortales. Para esta misma fecha, la ONG Médicos Unidos reporta que ya son 86 los trabajadores del sector salud que han fallecido a causa del Covid-19 en 17 de las 24 entidades federales del país. De estas muertes, el 70% son médicos, 20% son profesionales de la enfermería y 10% pertenecen a otros gremios de la salud.
De acuerdo a estas estadísticas, los trabajadores de la salud han aportado el 26,63% de las muertes reportadas en el país, proporción que resulta sumamente alta al compararla con el porcentaje de trabajadores de salud fallecidos en otros países como Colombia (0,2%), Perú (0,4%) o EE.UU. (0,5%), evidenciándose la existencia de una brecha de inequidad (exceso de riesgo) a la que están expuestos los trabajadores de salud venezolanos, en relación a sus colegas de otros países de la región.
Epidemiológicamente, el aumento de este indicador, que técnicamente se denomina tasa proporcional de mortalidad específica por Covid-19 de los trabajadores de salud, puede deberse a varios factores multidimensionales de determinación, que confluyen dinámicamente y favorecen la reproducción de los casos de Covid-19 entre los trabajadores de salud y que se relaciona con un incremento innecesario de la exposición al virus, generado por deficiencias de bioseguridad en sus condiciones de trabajo durante la pandemia.
Condiciones de profundo deterioro, previo a la pandemia, de la capacidad resolutiva de la red hospitalaria y ambulatoria del país
Desde el año 2004, cuando se decretó que la Misión Barrio Adentro era la política oficial de la revolución bolivariana, se inició un proceso político de desmantelamiento y destrucción de la red hospitalaria y ambulatoria del sistema tradicional de salud venezolano. Se comenzó con el desfinanciamiento progresivo de las partidas de funcionamiento de los hospitales y municipios sanitarios. Se dejaron de sustituir los cargos vacantes por jubilaciones y renuncias. Se suspendieron, de una manera radical, todos los sistemas de recuperación de costos que se venían implementando desde la década de los noventa, que permitía el acceso de la población a servicios de laboratorio e imagenología a bajo costo, que además influía directamente en la racionalización de la oferta de estos servicios a nivel de la red de salud privada. La intención de esta política no era garantizar la gratuidad de la atención en salud, sino imponer a la población la utilización de la red de atención de Barrio Adentro, que nunca ha logrado alcanzar una verdadera capacidad resolutiva, a pesar de tener buenas infraestructuras a nivel secundario de atención en salud (CDI, CAT, CRI). Paradójicamente, estas medidas generaron en la población de mayor vulnerabilidad social y económica, enfrentar un injusto y acelerado proceso de privatización de la salud. Ya que la noción de lo “público” o “privado”, desde el punto de vista de las políticas públicas de salud, no tiene que ver con el sitio donde obtiene la prestación de servicio, sino de donde proceden los recursos con que se pagan. En este sentido, las familias más pobres, que son las que acuden a las emergencias de los hospitales, desde hace más de diez años son las que tienen que pagar de su bolsillo y traer de la calle: los tratamientos, alimentación, exámenes de laboratorio e imagenología, materiales quirúrgicos e incluso hasta los materiales de limpieza y desinfección del área donde se encuentra su familiar.
Desde hace cinco años esta situación se ha venido profundizando por el impacto de la crisis humanitaria que azota al país. Desde diciembre del 2019, los hospitales están técnicamente paralizados por falta de insumos elementales, equipos tecnológicos y personal, y la población se está muriendo de mengua dentro de los hospitales, porque de nada vale ocupar una cama hospitalaria, si no tiene acceso a un tratamiento oportuno y a una alimentación adecuada.
Fallas en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
Uno de los principales impactos del acelerado proceso de deterioro de la red hospitalaria y ambulatoria, recae en el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Desde hace cinco años que no se cumplen los procedimientos mínimos para prevenir las infecciones intrahospitalarias: no se hacen las limpiezas o barridos semanales de los quirófanos, salas de parto o áreas de emergencia con sustancias bactericidas. La limpieza diaria de las áreas de mayor riesgo, no se hace permanentemente ni con la rigurosidad establecida, sino que se hace de manera improvisada, por un personal no capacitado, contratado proselitistamente y sin estabilidad laboral, que al no estar consciente de la alta peligrosidad de los desechos hospitalarios, limpia estos espacios de la misma manera como limpia en su casa.
Del mismo modo, el equipo de médicos, enfermeras y bioanalistas, trabajan sin equipos de protección adecuados, sin aire acondicionado, hacinados, con poca o nula capacitación institucional en relación a los riesgos laborales a que están expuestos y a las medidas de bioseguridad específicas para su puesto y área de trabajo.
En esas deficientes condiciones de higiene y ambiente laboral nos encontró la pandemia de Covid-19, que por ser una enfermedad viral se transmite de una manera muy eficiente a través del contacto directo persona a persona por las gotitas de saliva que se expelen al hablar, toser y estornudar, así como por el contacto de las manos con superficies contaminadas, que pueden contagiarnos al pasarnos inconscientemente las manos por la cara, especialmente con las mucosas de la boca, nariz y ojos. Esto requiere, para su prevención en la población general, de medidas básicas de protección orientadas a limitar la transmisión del virus mediante el lavado de mano frecuente, el uso de tapabocas y el distanciamiento social de 1 metro en espacios abiertos y por lo menos 1,5 metros en espacios cerrados.
Los trabajadores de salud, por su parte, requieren, además de intensificar estas medidas durante la jornada laboral, el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) de calidad adecuada que deben ser garantizados por la institución, en cantidades suficientes para cumplir con las exigencias de recambio establecidas en los protocolos de bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sobrecarga de trabajo por déficit de personal capacitado
Esta situación se da como consecuencia de la diáspora de profesionales de la salud, hacia otros destinos, buscando mejores condiciones de vida para desarrollarse personal y laboralmente. La mayoría de este éxodo profesional está conformada por jóvenes, dejando un déficit en la generación de relevo, que hace que una gran parte de la población de trabajadores que están cumpliendo las actividades de primera línea en el diagnóstico y atención de pacientes con Covid-19, sean personas adultas y adultos mayores, sostén de familia, con enfermedades crónicas pre-existentes, sometidos a largas, estresantes e intensas jornadas laborables que incrementan significativamente su vulnerabilidad para contagiarse y, además, para desarrollar la forma clínica más severa de la enfermedad.
Deficiencias en el diagnóstico de casos y rastreo de los contactos
El gobierno bolivariano ha establecido una poco eficiente e ineficaz estrategia centralizada para la toma de muestra para el diagnóstico de los casos sospechosos de Covid-19, que en virtud de la limitada capacidad instalada de los laboratorios autorizados, retarda entre 10 y 15 días la entrega de los resultados, a partir del cual se van a tomar las medidas de control de la pandemia.
Este desfase implica un gran desgaste físico y mental del personal de salud, ante las frustrantes largas jornadas laborales para implementar medidas de control que no logran impactar en la aparición de nuevos casos, en virtud que no se está cumpliendo el principio fundamental de la vigilancia epidemiológica que es la información para la acción. Es decir, una información veraz, oportuna y de calidad, para poder analizar los escenarios locales, regionales y nacionales en tiempo real y de esta manera fortalecer la toma de decisión en relación al diseño e implementación de estrategias para optimizar el impacto epidemiológico de las medidas de prevención y control del Covid-19.
Actualmente, la búsqueda de contactos es muy restringida y, además, a destiempo. Las cifras de los casos confirmados que nos están informando hoy son de hace dos semanas, tiempo de ventaja que ha ganado el virus para incrementar la transmisión comunitaria. Cuando se localizan los contactos asintomáticos ya ha contagiado a una gran cantidad de personas y, entre ellos, al personal de salud con el que entran en contacto en las diferentes actividades asistenciales para la atención de otras patologías diferentes al Covid-19.
Deficiencias en la información epidemiológica oficial que se suministra
En este sentido, la información que reportan diariamente los entes gubernamentales autorizados se enfoca en el conteo de los casos confirmados, recuperados y fallecidos; no dan información de las localidades de procedencia de los casos a nivel nacional, solo mencionan las parroquias del distrito capital y a veces los municipios de los diferentes estados. Esta información descontextualizada, limita la sensibilización y el empoderamiento de las comunidades, en profundizar sus medidas básicas de auto protección individual y familiar, así como de organizarse y establecer mecanismos de vigilancia comunitaria, que facilitaría el monitoreo y control de los casos leves y asintomáticos a nivel de la comunidad.
Subregistro de casos y defunciones por Covid-19
Otra razón que no podemos descartar es que ese desproporcionado incremento de la tasa de mortalidad proporcional por Covid-19 de los trabajadores de salud en Venezuela, esté influenciado también por el considerable subregistro de casos que tenemos actualmente y que afectaría el resultado del cálculo de la tasa, ya que al tener el mismo numerador (total de trabajadores de la salud fallecidos por Covid-19), entre un denominador con altos niveles de subregistro (Total de Muertes confirmadas por Covid-19) incrementa la tasa y enmascara la realidad epidemiológica.
Este argumento se sustenta en las múltiples denuncias en prensa y redes sociales, que sistemáticamente vienen haciendo los trabajadores y gremios de la salud, ONGs como Médicos Unidos y la Comisión asesora de Salud de la Asamblea Nacional, en relación a que el retardo en los resultados de la Prueba Viral Confirmatoria (PCR) influye en el subregistro de los casos de muerte de pacientes que tienen el nexo epidemiológico, prueba rápida positiva, la evolución clínica y la evidencia de Rayos X de la neumonía bilateral aparatosa, así como las muertes por complicaciones de las enfermedades subyacentes a causa del Covid-19 en poblaciones de riesgo, no registran en la causa básica de muerte del certificado de defunción al Covid-19, sino a la enfermedad y/o condición crónica subyacente. De todos modos, la magnitud de esta situación se podrá evidenciar retrospectivamente, siempre y cuando se restablezca el acceso público a los registros epidemiológicos, mediante el cálculo del exceso de la mortalidad esperada por causa de enfermedades respiratorias y de otras patologías crónicas asociadas al incremento del riesgo de las poblaciones vulnerables.
Otro factor que favorece al subregistro, es la falta de reactivos para hacer las pruebas, así como la prohibición del Estado para que los centros de investigación de las universidades y los laboratorios privados de las regiones realicen la prueba de PCR para Covid-19. Esta arbitraria estrategia va en contra de las recomendaciones de la OMS para la preparación de los Estados para afrontar la pandemia y nos niega la posibilidad de incrementar la capacidad instalada y las condiciones de calidad para el manejo de las muestras, además de la posibilidad de optimizar la identificación oportuna de los casos y el rastreo adecuado de los contactos.
Finalmente, las condiciones de pobreza extrema en que se encuentran los trabajadores públicos de salud, con su consecuente estado crónico de mal nutrición y/o desnutrición, el nivel de impotencia y frustración que enfrentan diariamente al ser objeto de una continuada sobrecarga emocional, familiar y laboral, entre otras muchas razones, propician el desarrollo de un estado de inmunodepresión reactiva a la exposición sostenida a una violencia estructural, que los hacen mucho más vulnerables a la pandemia del Covid-19.
Iris Terán
Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Aragua (OVV Aragua)