El estado Amazonas terminó el año 2022 con un escenario general de violencia interpersonal, fuertemente marcado por eventos vinculados a la actividad minera ilegal, lo que mostraba una tendencia preocupante en tanto esta minería se expande en el territorio bajo el control de agentes diversos, incluyendo grupos armados irregulares extranjeros, sin que se evidenciara una sólida voluntad gubernamental dirigida a corregir esta situación.
El crecimiento sin control de la minería ilegal se caracteriza por diversos impactos negativos que trascienden los límites políticos administrativos de la entidad federal, tanto en el ámbito ecológico, cómo en la economía, las culturas indígenas, y la seguridad personal de los ciudadanos y geoestratégica de la nación.
La minería establecida sobre los territorios indígenas, tiene en estos las principales víctimas de los códigos de conducta que se imponen alrededor de su práctica. El desplazamiento, las relaciones desiguales en el trabajo y la economía, la regulación de las actividades tradicionales de subsistencia, los daños a la salud y los cambios culturales son los principales productos de la imposición del modelo extractivista. Todo ello en el marco de la impunidad, como lo evidencia la no resolución judicial de casos como el homicidio del líder indígena Virgilio Franco y el ocurrido en Parima B con el pueblo Yanomami.
El año 2023 se ha iniciado sin cambios estructurales o innovadores en la reacción gubernamental ante el complejo problema minero, más allá de las declaraciones presidenciales y la realización de otros operativos militares en la Reserva Forestal del Sipapo y en algunos de los Monumentos Naturales del municipio Autana y, en el Parque Nacional Yapacana del municipio Atabapo; este último, principal y más conocido foco de minería, pero no el único activo en el estado.
Los operativos, ampliamente publicitados por las autoridades, muestran como resultados la destrucción y/o inutilización de insumos y equipamiento para la minería, sin evidenciar que la ocupación foránea de las áreas protegidas se haya modificado. Se habla de negociaciones con los mineros indígenas y no indígenas, de propuestas para vincularlos a actividades alternativas no precisadas, que evocan lo planteado hace algunos años en el estado Bolívar y que evidentemente no solucionó el problema; sin embargo, no ha trascendido algún resultado favorable en lo que respecta a la presencia de los grupos irregulares que ejercen, de facto, el control sobre el territorio y las vidas de las miles de personas establecidas en el Parque Nacional, las otras áreas protegidas y aquellas adyacentes; realidades frecuentemente invisibilizadas, individual y colectivamente, por las restricciones estructurales establecidas desde el poder.
Cómo señalamos al inicio, el problema minero no se restringe al territorio del Parque Nacional Yapacana y se extiende hacia otras regiones de la entidad, entre las que destaca la cuenca del río Sipapo y en particular de las sub cuencas de los ríos Autana y Guayapo, donde recientemente la Organización Indígena Pueblos Uottuja del Sipapo (OIPUS), ha denunciado las amenazas y las acciones violentas de un grupo irregular armado, vinculado al ELN, contra comunidades e individuos, donde pretenden establecer el control de las minas del sector y, presuntamente, establecer actividades asociadas al narcotráfico.
Otra situación que evidencia los efectos nocivos de la cultura minera, es el que se deriva del pronunciamiento de la Organización Uottuja de la cuenca del río Cataniapo, próxima a la ciudad de Puerto Ayacucho, que en Asamblea intercomunitaria recientemente realizada, decidieron expulsar del territorio a aquellos indígenas que practiquen la minería en la cuenca.
La prolongación de la crisis económica, que se refleja, entre otros elementos, en la pérdida sostenida del poder adquisitivo de la moneda nacional oficial y que, consecuentemente, privilegia a aquellos que tienen acceso al oro como factor de cambio, constituye un estímulo para propiciar el crecimiento de la participación directa e indirecta en la actividad minera, lo que a su vez restringe las posibilidades de desarrollar economías alternativas sostenibles, propias de los pueblos indígenas o asociadas a emprendimientos como el turismo o el manejo de recursos naturales.
Esta realidad viene favoreciendo la construcción de una matriz de opinión cada vez más favorable para la reversión del ordenamiento legal, que hasta ahora prohíbe la minería metálica en el estado Amazonas, lo que añade más leña al proceso de degradación ambiental y socio cultural, que se traduce en una situación más favorable para la violencia interpersonal, en todas sus manifestaciones.
Se evidencia que sólo un cambio radical en la visión del modelo de desarrollo vigente, hacia una versión basada en la sostenibilidad y la materialización de los compromisos suscritos en materia de conservación de la Amazonía, la lucha contra el cambio climático y el respeto a los DD.HH, particularmente de los pueblos indígenas, podría detener la degradación ambiental y la erosión cultural producida por la minería ilegal y el deterioro del clima de sana convivencia.
Equipo OVV Amazonas