La violencia estructural arraigada en injusticias históricas, políticas, económicas y sociales determinan los patrones de hechos violentos y crean vulnerabilidades que obstaculizan la prevención y respuesta efectiva a las diferentes manifestaciones violentas. A menudo, los agentes responsables de esta violencia son indetectables, bien porque las estructuras se han puesto en movimiento hace mucho tiempo y los actores ya no están presentes o, en el caso de las instituciones, los perpetradores no son visibles desde el principio, pero los efectos continúan a través de las estructuras que han instalado. En Guárico, la convergencia de estas fuerzas está mostrando su potencial para propagar y consolidar la violencia en sus territorios más vulnerables.
Sin pretensión de ser exhaustivos y con la idea de introducir algo de contexto sobre esta violencia estructural que afianza una realidad cíclica, agresiva y mutable para los guariqueños, se incluyen aquí dos elementos importantes que pueden ayudar a explicar cómo ha devenido la violencia en varios municipios del estado. La Penitenciaría General de Venezuela (PGV) y las obras de construcción del ferrocarril del centro conformaron una especie de “ancestro común” de la actividad delictiva que actualmente se observa. Por ejemplo, la PGV aportó los elementos clave de la estructura criminal a través de su grado de cercanía con los pseudo-sindicatos de la construcción y, el patrón seguido por el trazado de las vías ferroviarias, permitió propagarlo en los municipios donde resultaron asentados focos nodales importantes de la obra, dando paso a la formación de grupos armados que extorsionaban a las empresas constructoras.
Paralelamente, la fragmentación del circuito agroalimentario, combinada con la “ola” de expropiaciones que tuvieron lugar durante el periodo 2007-2010 sobre aquellas formas de integración vertical de los principales sistemas productivos guariqueños, como empresas arroceras vinculadas al grupo “Polar” (febrero 2009), procesadoras del grupo “Cargill” (marzo 2009), nacionalización de la cadena de hipermercados “Éxito”, automercados “Cada” (febrero 2010) y “Agroisleña” (octubre 2010), propiciaron la desmovilización de buena parte de los esquemas de organización de los sistemas productivos del estado. El efecto neto de todo esto es que la generación de empleo se vio mermada más allá de los usuales ritmos estacionales, dejando a la población a merced de una profunda dependencia de la ayuda estadal con programas sociales cada vez más restrictivos. Esta brecha fue aprovechada por las organizaciones ilícitas, de tal forma que no sólo proporcionan empleo, sino servicios básicos como transporte o seguridad, dando paso al crecimiento de la extorsión hacia productores agropecuarios.
Otra capa adicional de complejidad en la configuración de esta violencia estructurada en Guárico, es la puesta en marcha del “Arco Minero del Orinoco” (AMO) en el estado Bolívar, auspiciado por el gobierno nacional desde febrero de 2016 y validado a través del Plan Sectorial Minero 2019-2025. Éste es un proyecto que involucra al menos 10 municipios de esa entidad federal y, la superficie afectada, representa alrededor del 12% del territorio nacional. Parte de las áreas uno y dos de este megaproyecto, donde prevalece la explotación aurífera, limitan con el estado Guárico a través de una intrincada red fluvial que conecta con la Orinoquía colombo-venezolana. Es, precisamente, esta red fluvial la fase inicial de un lucrativo y violento entramado de suministro de oro que termina en los Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, a través de Colombia y las islas del Caribe.
Buena parte del negocio lo monopolizan grupos delictivos armados que compiten por el control del territorio para garantizar el flujo de mercancías y suministros, desde y hacia los asentamientos mineros. Medicinas, alimentos, armas e insumos como mercurio para la actividad aurífera estarían recorriendo territorios del Guárico en su ruta hacia las minas. Territorios éstos cuyo control se disputan los grupos irregulares y son generadores de violencia. Así, el municipio Juan José Rondón en Guárico, reúne los requisitos necesarios para favorecer este flujo ya que conecta, por el norte, mediante la red troncal con los principales corredores urbanos del estado y, por el sur, con la red fluvial de la Orinoquia colombo-venezolana. No sorprende entonces que éste sea uno de los municipios más violentos de la entidad (101 víctimas por cada cien mil habitantes), junto a Santa María (77) e Infante (66) con disposición geográfica similar.
Resulta evidente el poder, como atractor de efectivos demográficos del AMO; por ejemplo, ciudades como el Callao (estado Bolívar) que en el 2011 registraba una población de 20.000 habitantes, hoy supera los 100.000. Pero, esta influencia ha trascendido las fronteras venezolanas, ya que, según la cancillería colombiana, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya están presentes y “ejecutan actividades logísticas, económicas y de control social”. Así mismo, el colindante sur de Guárico entró en los esquemas de control territorial de estos grupos, consolidando la extorsión hacia productores agropecuarios, abigeato, tráfico de armas, oro y drogas. También, han proliferado los vuelos privados desde la zona uno y dos del AMO hacia las islas del Caribe, que emplean municipios guariqueños para hacer “escala” en pistas clandestinas, cuya custodia y gestión han plagado de violencia vastas zonas de la entidad.
Relacionar las manifestaciones de violencia con las políticas carcelarias, desarrollo ferroviario, política de expropiaciones y desarrollo minero constituye una tarea importante debido al impacto que está teniendo la expansión de la criminalidad en Guárico. Tratar de armonizar ambas concepciones desde una perspectiva causa-efecto no parece ser una tarea trivial, pero definitivamente pudiese resultar de utilidad para guiar el cambio en nuestros pactos de convivencia ciudadana. La intención de este recorrido -para muchos desagradable y/o desafiante- no busca sino impulsar la esperanza; debería plantearnos que no todos los procesos que promueven la violencia son inexorables o atados a fenómenos inmanejables. Por el contrario, la experiencia mundial ha demostrado que la violencia estructural es reversible con prácticas coherentes. En nuestra región, los casos de Colombia, El Salvador, Honduras y República Dominicana son emblemáticos del poder de las políticas públicas bien articuladas.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Guárico (OVV Guárico)