Prensa OVV Sucre
Desde el inicio de la cuarentena nacional, el pasado 17 de marzo, en el estado Sucre no cesaron los hechos de violencia criminal y policial, e incluso, las persecuciones políticas y constantes violaciones a los Derechos Humanos.
La actuación de los cuerpos de seguridad para controlar las aglomeraciones de la población, también dejó en evidencia la improvisación y los abusos de autoridad.
Dentro de las primeras medidas implementadas por el gobierno del estado Sucre, estuvo el cierre de las fronteras terrestres y marítimas con los estados Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta, así como los límites entre los 15 municipios de la entidad oriental. Aunque oficialmente se garantizó la circulación de camiones de carga de alimentos y medicinas, fueron trancados los accesos a la las principales calles y avenidas de la capital sucrense.
El día sábado 21 de marzo, el desvío del tránsito llevó al conductor de un camión de verduras hasta la zona popular de La Trinidad en Cumaná, donde fue tomado por asalto por los habitantes quienes le saquearon la mercancía y la acción fue repelida por uniformados.
Pescadores pagan combustible en divisas
La mayor expectativa se mantiene en torno al suministro de combustible, no solo para los conductores sino para los pescadores, que en casos como la Península de Araya han tenido que movilizarse a remo en sus embarcaciones desde poblaciones como Los Cachicatos hasta Guacarapo, para conseguir agua potable porque no cuentan con suministro regular, pese a que es una medida indispensable para lavarse las manos y prevenir el contagio de coronavirus.
La falta de suministro de agua es una constante en todo el territorio sucrense. Municipios como Mejía no cuentan con servicio regular desde hace más de año y medio, mientras las comunidades del centro histórico de Cumaná deben peregrinar para abastecerse.
Las denuncias, desde cualquier punto de los 700 kilómetros de costa con que cuenta el estado Sucre, expresan preocupación por el suministro de gasolina y gasoil para que los pescadores puedan faenar y garantizar el desarrollo pesquero, que, en su mejor momento, llegó a garantizar 70% de la producción nacional, pero durante la cuarentena deben pagar en divisas -un dólar por litro de gasolina- a los uniformados, para conseguir suministro clandestino.
Las autoridades fueron enfáticas al señalar que no habría suministro regular de combustible hasta que no se levantara la cuarentena y la medida ha sido utilizada como excusa para los amigos de lo ajeno, quienes aprovecharon para hurtar gasolina de los vehículos ubicados en estacionamientos, como ocurrió en la Urbanización Gran Mariscal, según denunciaron los vecinos el día 6 de abril.
Exclusión
El 24 de marzo se hizo viral la denuncia, a través de la red social Twitter, de la periodista Sebastiana Barráez, sobre la exclusión del expendio de productos de primera necesidad a los adultos mayores de 50 años en el municipio Montes (Cumanacoa), la cual, además, contemplaba sanciones de hasta tres millones de bolívares para los comerciantes que incumplieran el mandato. Sin embargo, el alcalde Tomás Bello reculó para determinar que se les expendería los días lunes, miércoles y viernes.
Grafitis de odio
Las persecuciones políticas tampoco cesaron durante la cuarentena, pues tras el anuncio de la justicia norteamericana contra Nicolás Maduro y personeros del régimen, el 29 de marzo fueron amenazadas, a través de grafitis de los colectivos de la llamada furia bolivariana, las organizaciones políticas en la entidad (AD, Copei, Voluntad Popular) y sus dirigentes, como fue el caso de la residencia del diputado Denncis Pazos, así como el templo de Santa Rosa en Carúpano.
Al respecto, se pronunció Monseñor Jaime Villarroel, obispo de la Diócesis de Carúpano, quien consideró los grafitis como una expresión del odio y el vandalismo por parte de “personas que no aman a nuestro país”.
La UDO sin tregua
Los sucesos no dieron tregua en casos como el de la Universidad de Oriente (UDO) Sucre, donde las instalaciones del cuerpo de bomberos, los talleres de mecánica y carpintería fueron vandalizados durante dos semanas consecutivas.
La incertidumbre se apoderó de la población pues, en medio de la contingencia, la delincuencia no cesó sus acciones y los amigos de lo ajeno trataron de perpetrar robos en viviendas como la de María Suárez en el sector Malariología, donde “trataron de meterse a media mañana, pero afortunadamente, los vándalos fueron ahuyentados por los vecinos” dijo.
Otro fue el caso de José Moreno, quien tuvo que buscar vigilancia y apoyo familiar para no perder la casa de su fallecida madre, pues fue marcada con la palabra “zona 3”, para una posible invasión.
Por otro lado, nerviosismo causaron las imágenes de detenciones ciudadanas por “no usar tapabocas y violentar los horarios de circulación”. Solo en la primera noche de implementada la medida, más de 2.500 personas fueron aprehendidas, y en el caso de la capital sucrense, llevadas hasta el Monumento de la Av. Cacique Maragüey (antigua Perimetral) de Cumaná, para recibir inducción sobre los peligros del Covid-19, pero sin respetar las recomendaciones sobre el distanciamiento y en clara evidencia de los abusos de autoridad.
En opinión del coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre), Jesús Subero, las medidas de control para efectuar la cuarentena han servido para recrudecer los abusos de autoridad y en nada garantizan la satisfacción de necesidades básicas de una población sumergida en la pobreza, el hambre y la miseria.
Persiste el hacinamiento y el retardo procesal
Durante la cuarentena también se registró un motín en los calabozos de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Cumaná; los detenidos reclamaron por hacinamiento y retardo procesal. Mientras los recluidos en el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre (Iapes), exigieron atención médica para quienes sufren de paludismo, tuberculosis, neumonía, entre otros padecimientos.
Violencia intrafamiliar
Los casos de violencia intrafamiliar también son monitoreados por el Observatorio de Prensa del OVV Sucre durante la cuarentena, como el asesinato de la ciudadana Claudia Figueroa, registrado el pasado primero de abril, tras presuntamente recibir una golpiza de su pareja cuando se encontraban en el sector conocido como el Miniterminal, del centro de Cumaná.
Figueroa fue trasladada por los paramédicos a la emergencia del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá Huapa, donde falleció.
Mientras que el día anterior, se registró feminicidio de Maryuris Elena Rincones. El hecho ocurrió en el sector Caigüire de Cumanacoa, municipio Montes del estado Sucre, presuntamente, como venganza tras el asesinato del abuelo de los miembros de una banda que opera en la zona.