Prensa OVV Lara
De los delitos cometidos en la entidad larense entre enero y septiembre de 2020, 74% fueron llevados a cabo con armas largas, de alto calibre, y 21% con armas blancas, según los registros de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara).
Cuatro de los delitos registrados hasta el mes de septiembre fueron realizados con granadas, en establecimientos dedicados a la venta y compra de vehículos. Estos sucesos ocurrieron en los municipios Jiménez (1) e Iribarren (3). Se trata de formas de amedrentamiento a los dueños de estos comercios que se niegan a ser extorsionados por delincuentes.
Desde inicios de este año, los entes policiales de Lara han realizado varias detenciones en los municipios Iribarren, Palavecino, Jiménez y Urdaneta, relacionadas presuntamente con el porte ilegal de armas y municiones de guerra. Específicamente en el mes de mayo, algunos de los titulares de la prensa regional indican la detención de civiles por poseer explosivos tipo C4, detonantes, rollos de mecha, escopetas y granadas fragmentarias que usa el Ejército venezolano.
En Venezuela, desde el año 2017 está prohibido el porte de armas de fuego. Han pasado tres años y esta medida -que surgió con un carácter provisional durante las protestas contra el gobierno- no ha frenado el auge del uso y comercialización de armamento sofisticado.
De enero a octubre del año 2020, según datos aportados por el periódico “La Prensa de Lara”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aprehendió a 1.108 personas por porte ilícito de revólveres, escopetas, chopos y otras armas largas que deberían ser de uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado. En las detenciones siempre participan los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) y Brigada Territorial de Inteligencia (BTI), pertenecientes a la PNB, además de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
“Corrupción dentro de los organismos del Estado”
La abogada penalista e integrante de la ONG Una Ventana de la Libertad, Wendy Vargas, considera que posiblemente pueda existir una conexión entre los delincuentes y algunos funcionarios del Estado venezolano en la circulación de armas de guerra y de alto calibre entre la población civil. “Creo que pueden, posiblemente, haber elementos relacionados con corrupción y complicidad dentro de los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en proporcionar las armas a los delincuentes”, señaló.
“Las armas que se observan en los videos exhibidos por los delincuentes en las redes sociales, parecen nuevas, de lo cual se puede deducir que ese armamento entró al país, posiblemente de manera legal, y que posteriormente fue sustraído por personal perteneciente a los órganos de seguridad del Estado venezolano”, argumentó Vargas, quien, además, recordó que el artículo 324 de las Constitución de las República Bolivariana de Venezuela establece que las armas de fuego, su importación, exportación, almacenamiento, control, distribución y adquisición, corresponden exclusivamente al Estado, a través del Ministerio de la Defensa.
Explicó, la abogada penalista y magíster en Relaciones Internacionales, que en términos sociológicos las armas se han convertido en objetos que resignifican la dinámica de la violencia urbana porque son símbolos que otorgan poder, respeto y honor a quien las porta. Recordó, además, que las armas de fuego son objetos cuya principal función es ocasionar un daño físico a otra persona.
Para la profesional del Derecho es lamentable que la ciudadanía no tenga confianza en los funcionarios de seguridad del Estado y que sientan temor porque están desprotegidos y vulnerables ante esta situación de los delincuentes portando armas largas y de guerra. “Cuando ocurren estos atentados, siempre hay daños colaterales que no son atendidos como corresponde”, dijo.
“Debemos exhortar a los entes gubernamentales al desarme total de los grupos delictivos que están al margen de la ley”, concluyó Vargas.