Crónica Uno
Carolina Campos
28 oct 2020
El Estado venezolano envía a menores de edad a entidades de atención privadas por mandato judicial, sin destinar presupuesto público, acompañarlos o limitar su estancia. Se divorció de sus obligaciones.
Valencia. Cuando Simón comienza a toser los niños del refugio se asustan, ninguno quiere verlo como aquella tarde, en la que Mamá Rosa lo sacó en sus brazos, agitado, con los labios morados como la uva, mientras corría bajo la lluvia hacia el ambulatorio. Desde entonces, Papá José ha ordenado que en Semillita del Inmaculado Corazón de María, una de las casas hogares de Carabobo, el nebulizador esté a la mano, pero hoy al revisar el estante notó que solo hay un antigripal y los pocos bolívares que tiene no bastan para comprar en la farmacia.
En Venezuela 70 % de las casas hogares no tiene cómo garantizar una asistencia médica primaria, ni puede comprar nunca una medicina porque los costos son muy altos; las empresas nacionales de seguros médicos desaparecieron o disminuyeron su atención y en caso de una emergencia solo 15 % de estas dispone de vehículos para movilizarse.
Los datos presentados por el director ejecutivo de la Asociación Civil Red de Casas Don Bosco, Leonardo Rodríguez Angola, reflejan cómo la crisis económica, política e institucional que se vive en el país, afecta directamente los mecanismos que las entidades de atención privadas necesitan para acceder a servicios públicos esenciales.
El presupuesto de las entidades de atención atraviesa un cambio, de ser tasado en bolívares a dólares, y no es lo mismo parir un millón de bolívares que mil dólares para responder a servicios de salud, alimentación, ropa y educación. La calidad de vida de los niños está en riesgo y el Estado sigue dictando medidas de protección durante la pandemia”, alertó Rodríguez Angola.
“Sálvese quien pueda”
La precariedad de los insumos y recursos condujo a las organizaciones sociales en 2015 a solicitar ante el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, alimentos para los niños privados de cuidados parentales, pero la respuesta de la entonces titular, Carolina Cestari, fue una cruel y real advertencia: “Tienen que resolver y ver cómo buscaban la comida por su cuenta”.
A la fecha, ningún órgano del Estado se ha encargado de proveer alimentos a las casas hogares. Todos los directores de atención privada afirman no estar en ningún programa de protección. De acuerdo con el también miembro de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), Leonardo Rodríguez, tanto la Defensoría del Pueblo, como el Ministerio de Alimentación y los consejos municipales se mantienen de brazos cruzados.
Los niños que están en una entidad de atención están allí porque los manda el Estado, nadie puede tenerlos allí sin una medida dictada por un tribunal de protección de la República. No salimos a la calle a buscarlos”, recordó Rodríguez.
A falta de apoyo gubernamental las fundaciones socorren con algunos insumos. Las dietas de los infantes parecen estar reducidas a pasta, arroz y granos, es este último la presentación de frijol chino que vende el Gobierno a precio subsidiado en sus cajas Clap. “A veces solo se alimentan de frijol chino con arroz y en otras si no hay para los aliños, se lo comen solo”.
Crecer a oscuras y sin certezas
En Mérida y Táchira, casas hogares han permanecido hasta seis días consecutivos sin energía eléctrica, una situación que trae consigo la pérdida de alimentos refrigerados. Leonardo Rodríguez denunció que en el municipio Libertador del Distrito Capital y en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, han reportado estar dos meses sin agua en plena pandemia de COVID-19.
Sin gas doméstico también han estado instituciones ubicadas en los estados Lara, Carabobo, Mérida, Trujillo, Táchira y Portuguesa. El personal ha optado por construir fogones para cocinar, pero conseguir leña y evitar que el humo afecte la salud de los infantes ha sido una tarea muy complicada.
Dejamos de adquirir bienes y servicios para comprar comida y medicinas, ni la ropa es una opción en este momento. Los niños están sin aires acondicionados porque las reparaciones oscilan entre los 300 dólares. No sabemos cómo haremos para pagar su educación porque las tasas de los colegios están fijadas en dólares y no hay buen Internet. Si las entidades de atención no consiguen donantes que aporten dólares entraremos en un proceso de crisis gravísima”, aseguró Rodríguez.
Para la presidenta de la Asociación de Consejeros y Consejeras de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela (Asonacop), Lili Torres, la escasez de combustible ha impedido a la ciudadanía acceder a los sistemas de protección.
“La gente tiene muchas veces que acudir a pie y son distancias muy largas. Recientemente, una consejera murió en el estado Bolívar y otra renunció enseguida (…) urgen programas que atiendan la situación de salud de niños, niñas y adolescentes; y fortalezcan a la familia”.
Vulneración de derechos
Las casas hogares deben auxiliar y refugiar de manera temporal a los menores privados de vida parental en condiciones difíciles y dolorosas. La doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, Gloria Perdomo, advirtió que por ninguna razón su destino debe ser vivir y crecer en el seno de una institución.
Deben brindar condiciones de seguridad y provisión de servicios, recursos y asistencia material y psicológica para que no se les genere más daño del que ya sufren. No cumplir estas obligaciones, dijo, vulnera sus derechos a ser cuidados y protegidos por las familias a las que pertenecen.
El primer responsable es el Estado venezolano, aquí no es cuando la Defensoría del Pueblo quiera o cuando el Consejo Nacional de Derechos lo considere apropiado; se debe tener un registro actualizado de las entidades de atención y conocer quiénes son los niños que están allí, por qué están y cuál es la situación para su pronta reinserción familiar”, informó Perdomo.
En caso de que los presupuestos de las instituciones sean precarios, la coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia señaló que el Estado está obligado a solicitar ayuda humanitaria, tal y como lo establece el artículo 4 de la Convención de los Derechos Humanos.
“Si no se les atiende oportunamente, se compromete el destino del país; si no tenemos recursos que permitan una alimentación completa, una formación de la niñez, a la vuelta de 15 años tendremos, lamentablemente, una sociedad conformada por personas dependientes y sin capacidad económica e intelectual. Estamos mutilando las oportunidades que aseguran el progreso y el bienestar del país. Será una generación perdida”, sentenció.
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