Prensa OVV Lara

Según el OVV regional, hubo un descenso de la actividad delictiva desde 2020 hasta el 2022, sin embargo, paralelo a este declive se consolidaba formas extralimitadas de violencia institucional del Estado con mecanismos de gobernanza hibrida.

El Observatorio Venezolano de Violencia Lara presentó un balance la violencia durante los tres años de pandemia por el Covid-19. Según lo que se publica en la prensa regional en el 2020, hubo 299 muertes violentas; en el 2021 se contabilizaron 149 y para el 2022, 59; lo cual corresponde a 463 muertes violentas en la entidad.

“Hubo un descenso de la actividad delictiva desde 2020 hasta el 2022. Sin embargo, paralelo a este declive se consolidaba formas extralimitadas de violencia institucional del Estado con mecanismos de gobernanza hibrida”, explicó el sociólogo Carlos Meléndez Pereira, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara).

Meléndez indicó que los dos primeros años de confinamiento, las acciones policiales constituyeron las principales causas de violencia en el estado: “32 % del total de todos los asesinados por Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) desde 2018 ocurrieron en los dos primeros años de pandemia”.

El profesor universitario explicó que, durante los años 2022 y 2023, se registró un descenso de las muertes por intervención policial; no obstante, los delitos como el robo, hurto, aumentaron en el postconfinamiento.

La violencia que ocurre en Lara sigue concentrada en el municipio Iribarren. La diversidad de delitos ocurre en tres parroquias Ana Soto, Catedral y Unión. Más de la mitad de los hechos violentos se encuentran concentrados en tres de las 58 parroquias del estado.

Los delitos más denunciados por la sociedad larense y publicada en los medios de comunicación de la región, durante los últimos 16 meses, fueron: robos, robos con agresiones y hurtos. Esa tendencia ocurre a pesar del crecimiento del Estado policial.

También, hay registros de violencia intrafamiliar y de género, la cual creció en el confinamiento y se ha mantenido en el pos-confinamiento debido a que factores catalizadores vinculados a la pobreza.

Meléndez Pereira, quien también es investigador y docente universitario, expresó su preocupación por la violencia hacia niños, niñas y adolescentes (NNA), durante el año 2022 y lo que va del 2023: “se está generando secuelas físicas y psicológicas que prolongan el riesgo a mayor vulnerabilidad y violencia social. En las familias larenses más pobres y desiguales existen condiciones para la generación de perfiles violentos en riesgo de ser captados por el crimen organizado”, dijo.

Percepción del delito

A juicio de Meléndez Pereira, existe una nueva percepción sobre la violencia en la entidad. En los primeros años del COVID-19, hubo una sensación generalizada de disminución de los delitos ejecutados por la delincuencia común.

La opacidad y desinformación en los medios de comunicación y de los representantes de los organismos de seguridad del Estado, imposibilitan contar con estadísticas oficiales en materia de violencia. “Esa percepción sobre la violencia se mantiene debido a la política de Estado para reproducir mensajes que favorecen al Gobierno y perjudican a la sociedad. Hay escasa o inexistente información disponible sobre las realidades de las cárceles, las desapariciones y la trata de personas. Pero si obtenemos muchos datos sobre hechos violentos que están ponen a las familias como victimarias”.

El coordinador del OVV Lara considera que las políticas del Estado en materia de seguridad, prevención y protección de la ciudadanía son escasas e ineficientes. “Lamentablemente en cualquiera de los escenarios socioeconómicos del país, la violencia seguirá marcando la vida de nuestra sociedad” concluyó Meléndez.