Prensa OVV Táchira
En ocho meses que han transcurrido de 2023, se había registrado en la entidad andina un secuestro en el mes de mayo, sin embargo, solo en agosto la cifra ascendió a tres.
La inseguridad en la frontera ha puesto en alarma a habitantes y autoridades tachirenses, sobre todo en los municipios limítrofes, donde proliferan bandas delincuenciales dedicadas a extorsionar, reteniendo personas en contra de su voluntad, para pedir recompensas por su liberación.
Durante el mes de agosto, basados en los reportes de la prensa regional, el Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira) reflejó un aumento considerable en los casos de secuestros, al triplicarse la cifra comparado con los meses anteriores, donde apenas había ocurrido un caso en mayo, en ocho meses transcurridos del presente año.
“La variación en el modo de operar de cada caso es diferente”. Lo que a juicio de la unidad de investigación del OVV Táchira, liderada por la abogada Ximena Biaggini, supone que pudiera tener relación con la apertura fronteriza, por la heterogeneidad de los casos. “Al abrirse la frontera de manera formal, se cerraron muchas entradas ilegítimas de algunos grupos delictivos. Lo que conllevó a la mutación de otras formas de transgredir. La más común por éstos tiempos, la extorsión y amenaza directa de secuestros y atentados contra habitantes y comerciantes de la zona”, enfatizó Biaggini.
Los municipios fronterizos, los más afectados
El panorama de las jurisdicciones de frontera en el Táchira, se comienza a desdibujar producto del temor. Son los territorios más vulnerables ante la ola de amenazas, por la gran presencia de grupos irregulares. Cada vez es más común que desconocidos aborden los viajeros y transeúntes que frecuentan el puente Internacional Simón Bolívar y el terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira, principalmente, para amenazar en nombre de los tradicionales grupos guerrilleros o de las emergentes bandas delincuenciales, con advertencias de “dar muerte si no colaboran con sumas puntuales de dinero.”
Un caso similar ocurrió en el municipio Bolívar, en San Antonio del Táchira, donde se detuvo a un hombre y una mujer, quienes habían retenido a una pareja (mujer venezolana – hombre ecuatoriano) exigiéndoles 500 dólares para no atentar contra sus vidas. Los victimarios se identificaron como integrantes del tren de Aragua. Caso con una naturaleza similar ocurrió en el municipio Junín, donde dos hombres fueron detenidos por amenazar a un grupo familiar exigiendo el pago de 4 millones de pesos para no atentar contra sus vidas.
Otro hecho suma un caso más a la cifra de homicidios, en San Antonio del Táchira, en la trocha Los Mangos del sector La Parada, fue hallado con varios disparos, el cadáver de un joven de 25 años, quien según autoridades colombianas, fue trasladado desde Venezuela a dicho territorio de jurisdicción neogranadina. Una modalidad de secuestro, aunada a desapariciones forzosas que se ha convertido en un factor común en la zona.
El temor se extiende hasta la zona sur de la entidad, en el municipio Fernández Feo, fronterizo con el estado Apure y muy cercana al límite internacional con el departamento colombiano de Arauca, donde proliferan los secuestros que en otrora estaban a la orden del día. El último de ellos ocurrido a principios del mes de agosto fue relatado por la propia víctima de manera pública, tras ser liberada luego de lograr alertar a su esposo y posterior a las autoridades, sin conseguirse atrapar los responsables que se dieron a la fuga. Se trata de una productora agropecuaria quien, en compañía de su sobrino, se trasladaba de Barinas a San Cristóbal y fue interceptada por varios sujetos armados quienes la obligaron a conducir a una zona montañosa, donde la encadenaron y privaron de libertad para pedir dinero por su rescate.
Agosto de primero en las cifras
19 fueron los hechos de violencia reportados por la prensa regional durante el mes de agosto, el primero en la lista de casos violentos en lo que va de año. La lista la encabezan las agresiones interpersonales con 6 casos, producidos en su mayoría en la zona de montaña con 70% de incidencia, con predominio de violencia de género en 3 de los 6 casos: una agresión a una mujer embarazada de 7 meses de gestación por parte de su esposo, en el municipio Ayacucho, un hombre quien causó fuertes lesiones a su ex concubina en el municipio Fernández Feo y un hombre denunciado también por su ex pareja por agresiones físicas.
Se reportaron además 3 homicidios. Dos de ellos con relación directa a atentados ocurridos meses anteriores, el deceso de una mujer víctima del atentado perpetrado en Ureña el pasado mes de julio y un joven de 19 años con quemaduras de tercer grado y brazos amputados, provocado por una granada, procedente de Casigua, fronterizo con el estado Zulia.
Tres robos fueron reportados en Junín y San Cristóbal, aunque han aumentado los hurtos a viviendas, locales comerciales y hasta iglesias de manera significativa, sobre todo a altas horas de la noche, que llegan a feliz término en la mayoría de los casos, logrando su objetivo sin descubrir culpables y sin que se den mayores detalles al respecto. Muchos habitantes abordados consideran inútil denunciar este tipo de agresión a la propiedad privada, pues en reiteradas oportunidades detienen a los responsables y a los pocos días los liberan, quedando expuesta su seguridad frente a tal situación.
Completan la lista dos casos de agresión sexual ocurridos en los municipios Ayacucho y Cárdenas que dejaron dos víctimas menores de edad de 9 y 16 años respectivamente y una tentativa de homicidio ocurrida en Zorca, municipio San Cristóbal, donde un sujeto le propinó heridas punzo penetrantes a otro hombre en medio de una riña.