Prensa OVV Lara
Carmela tiene una bodega en la que comercializa víveres. Destinó un pequeño espacio de su vivienda ubicada en un populoso barrio al oeste de Barquisimeto para ofrecer a sus vecinos productos de la cesta básica alimentaria. Para poder realizar sus ventas Carmela utiliza el sistema “pago móvil” ya que le permite un intercambio más rápido y efectivo. Su pequeño negocio funcionó sin contratiempos poco más de seis meses, hasta que llegaron unos funcionarios de las fuerzas públicas que la acusaron de extorsionadora. Carmela fue detenida, su esposo solicitó información sobre lo ocurrido, pero nada le dijeron cuando la trasladaron a la sede del organismo policial.
Carmela había recibido un “pago móvil” proveniente de un centro de detención y, según los funcionarios que penetraron su vivienda sin ninguna orden judicial, eso la implicaba en un caso de extorsión. Carmela supo que ese “pago móvil” fue realizado por un vecino cuyo hijo está detenido, pero dicho vecino le había asegurado que se trataba de un apoyo recibido para poder comprar comida. No obstante, la dueña de la bodega fue tildada por el funcionario como extorsionadora. El mismo funcionario le indicó que su situación se podía resolver para que no fuera “fichada y pasada a Fiscalía” pero para ello, debía entregar 700 dólares en efectivo.
Ante la imposibilidad de salvar a Carmela de una prisión segura, su familia se movilizó para reunir la suma solicitada por el policía y cancelaron el total del monto, a pesar de que no había pruebas del delito de extorsión.
Carmela regresó a su oficio de comerciante, pero en menos de un mes fue visitada por funcionarios de otro cuerpo policial que la detuvieron por el mismo delito. En esta ocasión, Carmela llamó vía telefónica al mismo funcionario a quien le dio los 700 dólares para reclamarle, ya que una vez hecho aquel pago se le había asegurado que su “caso” sería olvidado. Carmela fue liberada luego de hablar con el hombre. No obstante, vive en zozobra por el temor de que en cualquier momento pueda ser detenida nuevamente.
Otro caso de libertad a cambio de 700 dólares
Pedro y Julio fueron detenidos y torturados durante varias horas por funcionarios policiales. A ambos se les obligó a que confesaran ser los autores materiales del robo de una moto de un policía. Julio es el dueño de un taller de reparaciones de motocicletas en una barriada de Barquisimeto y Pedro, su cliente al momento de la aprehensión. Pedro fue dejado en libertad luego de cancelar 700 dólares a uno de sus captores.
De éstos y otros casos similares, no hay denuncia formal. Los nombres y la ubicación de estas historias fueron modificados para mantener el anonimato de las víctimas. A sus condiciones de vulnerabilidad socioeconómica se le añade la desprotección frente a quienes deberían ser sus protectores, en lugar de aprovecharse de la condición que les da el poder y las armas, amparados en el orden legal.
“Esa modalidad de violencia policial ha crecido en el estado Lara. Se trata de una de sus expresiones invisibilizadas durante la pandemia, sobre todo porque es difícil precisar las dimensiones de esas acciones, ya que las víctimas se inhiben de denunciar por miedo”, explicó el equipo de investigación del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara).
El OVV Lara igualmente pudo conocer, gracias a la información brindada por informantes claves, que durante el período de confinamiento por Covid-19 varios sectores en la entidad han sido víctimas de este delito, perpetrado por funcionarios policiales. “Entre 2018 y 2020 hubo un aumento desproporcionado de muertes por ejecuciones extrajudiciales. No obstante, hubo una disminución en la letalidad de estos crímenes por la presión hecha desde la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y otras organizaciones multilaterales que exhortaron a los entes gubernamentales, entre otros aspectos, a eliminar el cuerpo de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)”, señalaron.
“Pero mientras ocurre la disminución de las muertes por intervención policial, el abuso toma otras formas a través del control en las alcabalas, donde se extorsiona a los comerciantes, agricultores y demás ciudadanos. Así como en la arbitrariedad de los funcionarios quienes han exacerbado una dinámina delincuencial de extorsión a pequeños comerciantes informales, aprovechando la vulnerabilidad de quienes siguen produciendo alguna renta en los sectores populares”, afirmó el OVV Lara.
Para los especialistas, la crisis institucional provocada por la ruptura del Estado de derecho genera una distorsión sobre el cumplimiento de deberes y la garantía de derechos que tienen los ciudadanos, lo cual es magnificado con las acciones ilegales realizadas por quienes representan la Ley. “Carmela tal vez pudo haber pensado que el recibir un pago, sin su autorización, la condenaba. Sin tener dónde acudir para proteger sus derechos frente a la autoridad las víctimas se quedan sin opciones y ceden”, aseguró el equipo del OVV Lara, agregando que la policía se vale de ese contexto para obtener otros ingresos y el control de negocios fuera de los parámetros legales que muy pocos se atreven a denunciar.
La conclusión del OVV Lara, es que el cumplimiento de la función policial, cuyo propósito es generar seguridad a la ciudadanía, sigue desdibujada, y las familias pobres son las que mayores consecuencias tienen. A la extorsión de las megabandas hacia medianos comerciantes se le suma la de los policiales hacia los informales. “Estamos en presencia de hechos delictivos que aplican el mismo formato de las megabandas que extorsionan a comerciantes y vendedores de vehículos, algo ya conocido en Lara. La diferencia es que son los propios agentes de seguridad del Estado los que extorsionan en las comunidades con menos garantías de derechos y más vulnerabilidad jurídica, en especial en el municipio Iribarren, que es el más poblado de la entidad”, enfatizaron los académicos pertenecientes al OVV Lara.