El país se encuentra inmerso en una crisis que ha llegado a niveles nunca antes sospechados, y en un escenario de múltiples sectores y actores que han encontrado en la violencia un modo de obtener poder y mantenerse en un imbricado juego, donde cada vez es más difícil sostenerse sin participar de ellos. La llegada del Coronavirus en una situación bastante compleja ha acelerado un proceso de consolidación de estructuras criminales, que superan los temores con los que hace un par de años se convivía por la reinante oleada de violencia común. Hoy día, todo parece indicar que la frontera colombo-venezolana conforma uno de los paraísos soñados por los grupos armados irregulares, al encontrar un terreno apropiado para desarrollar actividades ilegales, al estar caracterizado por una anarquía desmedida en la que los únicos con la capacidad de establecer algún tipo de orden son los mismos que irrumpen la ley.
El estado Táchira es uno de los seis estados de frontera que durante mucho tiempo encontró diversos elementos positivos del intercambio cultural y comercial, propios de estas dinámicas; no obstante, los acontecimientos de los últimos años hacen que se convierta en una calamidad habitar ante la desprotección absoluta del Estado y el apoderamiento de los grupos armados irregulares. Ciertamente, ha sido en parte un conflicto cuya naturaleza pertenece al país vecino, pero fue desplazándose a Venezuela en el año 2000, cuando la guerrilla fue reconocida como un partido político, por el ex presidente Hugo Chávez, quitándole el carácter criminal a dicha organización, como parte de la estrategia política del partido del gobierno nacional.
Hoy por hoy, los grupos armados irregulares tienen presencia en el 85% de los municipios del estado Táchira y han jurado lealtad al presidente Nicolás Maduro, como forma de entrar y mantenerse en la jugada económica y política del país. Asimismo, son un brazo armado para la revolución bolivariana, conveniente y necesaria para conformar alianzas ante las serias fracturas que existen en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que cuenta en su historia varios intentos de golpes de Estado, y aunque fracasados, no dejan de inquietar a los mandos altos del país.
La vinculación de los grupos armadas irregulares en el estado Táchira ha ido en aumento, y así lo demuestran los datos que revelan que, en el primer semestre de 2019, los hechos violentos causados por éstos representan el 8%; mientras que, en el primer semestre del año en curso, aumenta exponencialmente a 29%, siendo superado únicamente por las muertes por resistencia a la autoridad. Entre los grupos armados irregulares que se encuentran en la frontera con el estado Táchira, se distinguen los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), estas últimas, con presencia también en Zulia. Todos ellos ofrecen un beneficio económico inmediato y atractivo a quienes integren sus filas, oferta con la que no pueden competir los irrisorios salarios del sector público, ni las ganancias de algunos emprendimientos de carácter privado, en un ambiente cada día más competitivo y lleno de obstáculos y desafíos, que se deben sortear a diario.
En este sentido, se estima que es el ELN el que tiene mayor cantidad de integrantes, calculados en unos 1500, con alto grado de proximidad con la comunidad y vinculación en su dinámica cotidiana. Se les distingue en la gestión y control de servicios básicos como la distribución de las cajas CLAP, la coordinación para el suministro del combustible y otros asuntos comunales. Testimonios de algunos habitantes del municipio Pedro María Ureña comentan que en su proceder son especialmente violentos, para resolver sus asuntos con todo aquel que tenga una posición contraria a sus intereses.
En el ejercicio de la justicia, tienen también un papel preponderante, pues son llamados y consultados en caso de victimización por un delito común -como robos, hurtos y lesiones-, desplazando a las instituciones y desdibujando la autoridad. La influencia de estos grupos ha creado en las comunidades una deformación de la justicia, la bondad y las prácticas prosociales, pues los particulares confían más en uno de sus miembros para resolver sus conflictos, que en los órganos del Estado, y hacen valoraciones distorsionadas de la justicia, al considerar más efectivas las penas corporales caracterizadas por el homicidio y la tortura, que en la pena privativa de libertad dispuesta en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, se tiene una visión positiva de la guerrilla.
Los habitantes de las comunidades que no secundan la coexistencia con estos grupos, han preferido desplazarse hacia otras zonas “libre” de ellos. Según reciente información de la Organización de Naciones Unidades (ONU), son 1000 los desplazados en lo que va de año, a causa de este flagelo. Y es que, todos han tenido que “entrar por el aro”, en mayor o menor medida, y participar de manera directa o indirecta de sus actividades.
En cuanto a los efectos más graves de la actuación de los grupos armados irregulares en las comunidades del estado Táchira, está el homicidio. Prácticamente, todos los homicidios de la zona de frontera se pueden vincular con estas organizaciones: en forma de sicariato o en los constantes enfrentamientos que ocurren en los pasos fronterizos conocidos como trochas. Ya es habitual encontrar en la revisión diaria del periódico del estado, que se hace desde el Observatorio de Prensa, cuerpos de personas abandonados, con signos de tortura o amarrados, de los cuales no se precisa mayor información, pues no se cuenta con una versión oficial que dé algunas luces de los caminos de la investigación penal de los casos. Se deduce que quedan impunes; no obstante, es un ámbito lleno de opacidad.
Las características de las víctimas son básicamente las mismas de los victimarios, pues, como se ha dicho, prácticamente ambos forman parte de un mismo grupo y su rol se va acomodando según los intereses y conveniencia de unos y otros. En tal sentido, en el primer semestre de 2020, hubo 21 víctimas fatales a manos de los grupos armados irregulares, de las cuales el 90% son hombres, entre 19 y 25 años, en los municipios Pedro María Ureña, Panamericano, García de Hevia, Cárdenas, Ayacucho y Bolívar. Estos últimos identificados como los municipios más calientes.
En los municipios García de Hevia y Ayacucho tienen presencia importante “Los Rastrojos”, conocida organización de carácter paramilitar con la que el Ejército venezolano se ha enfrentado en múltiples ocasiones, dejando saldo mortal en cada grupo. Por esta razón, aunque bajo el argumento de neutralizar los intentos de invasión extranjera, recientemente se creó el Escudo Bolivariano 2020 a manos del “protector del estado”, quien, además, es el jefe de seguridad y defensa fronteriza en el Táchira. La delincuencia organizada en Venezuela genera consideraciones realmente perturbadoras, pues no es solo la presencia de los grupos armados irregulares en la frontera, sino también las redes trasnacionales de narcotráfico, tráfico de personas, de armas, de combustible, terrorismo y otras organizaciones criminales nacionales, que socavan la convivencialidad. Vivir en Venezuela es vivir en un permanente sobresalto. El pronóstico de la situación no es alentador, si se toma en cuenta que el Coronavirus agravará, aún más, la crisis económica, por lo tanto, cada día serán más las personas interesadas en integrar algún grupo armado irregular, para poder hacer frente a la crisis en la que el Estado no ofrece alternativas en beneficio de la construcción de soluciones en favor del desarrollo.
Anna María Rondón
Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira)