La Organización Mundial de la Salud( OMS) define la violencia de género como todo acto de violencia que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
Esta forma de violencia sobre la mujer afecta a muchos países del mundo en menor o mayor grado, indistintamente a clases sociales, niveles educativos y manifestaciones culturales, señalando así la conducta violenta de la pareja y evidenciando la desaprobación hacia tales hechos, exponiéndolo públicamente a la sociedad para mostrar la necesaria intervención externa del estado ante los miembros que lo generan, considerando que no es un asunto de esfera íntima de la pareja.
Es cuando la violencia de género, deslastrada como un hecho privado, se muestra no solo como algo propio de quien la sufre. Muy al contrario, es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres y, por consiguiente, es una cuestión pública. Afecta a todos desde el momento mismo en que socavan los cimientos de la sociedad y, además, genera grandes costos económicos y sociales a los países.
Con base a lo anterior, se llama violencia a la mujer o violencia de género a los actos violentos donde el sujeto pasivo es de sexo femenino, aunque generalmente se utiliza para englobar únicamente a aquellos donde el sujeto activo es el hombre, y más concretamente si es su pareja sentimental o únicamente para abarcar aquellos actos violentos contra la mujer realizados por motivos discriminatorios sexistas, donde la mujer es objeto de sufrimiento físico y psicológico, entre otros.
La violencia de género, específicamente contra la mujer, ha sido definida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el artículo 1º de la “Declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer” de la siguiente manera:
Artículo 1: A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
El fenómeno de la violencia contra la mujer es un asunto que preocupa no solo a la población mundial, Venezuela no escapa de ellos, por ser un país donde se enfoca la cultura hacia el machismo y tiene poca consideración hacia la mujer. La preocupación por el aumento de la violencia en el seno familiar que afecta a las personas de ambos sexos, especialmente a mujeres y niños, reconoce las graves consecuencias inmediatas y futuras que la violencia tiene para la salud, el desarrollo psicológico y social de los integrantes del grupo familiar lo cual hace imprescindible que la familia reciba la protección y la asistencia necesaria, convencidos más aún de que la familia es fundamental para el desarrollo de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, requiere protección y asistencia que les permita asumir plenamente dentro de la comunidad y de la sociedad, sus responsabilidades.
Lo anteriormente mencionado avala la creación de un sistema normativo especial tendiente no sólo a prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra los integrantes del grupo familiar, sino a asistir y proteger a las víctimas de los hechos de violencia en Venezuela. En tal sentido, la Asamblea Nacional diseñó y sancionó la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Ministerio de Asuntos para la Mujer (LDMVLV) quien a través del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), suman esfuerzos para definir, ejecutar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las políticas que protejan los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
Es imprescindible orientar a la población en general de que todo acto de violencia es contrario a la ley, y por consiguiente, es factor fundamental para entorpecer el completo y armónico desarrollo del ser humano; por lo tanto, es necesario generar conciencia en las personas para que reconozcan que las actuaciones violentas repercuten en el sano crecimiento social ocasionando consecuencias nefastas para su población, que se manifiestan luego como rabia, inseguridad, egoísmo y todos estos factores producen efectos negativos que impiden su avance individual en la sociedad; y más aún, que la mujer es parte integral de ésta, por lo tanto, debe ser tratada con amor, respeto, consideración y no debe ser subyugada, ni permitir que sus derechos humanos sean vulnerados bajo ningún concepto.
La obtención de datos sobre la violencia contra las mujeres en Venezuela continúa siendo una limitación grave para la comprensión del problema, para diseñar estrategias asertivas, para conocer su magnitud y alcance en la calidad de vida de esa gran porción de la población sumida en el terror de la violencia doméstica.
El Observatorio Venezolano de Violencia en Falcón (OVV Falcón) monitoreó al menos, según la cobertura mediática, 125 casos de violencia contra la mujer durante el año 2022, en este tipo de amenaza a la que se enfrentan a diario las mujeres en la región a manos de sus parejas, ex parejas o familiares cercanos.
La observación que el equipo del OVV Falcón mantiene en los medios de comunicación en la entidad, da cuenta que, de estos 125 casos de agresión contra la mujer, 68 (54,4%) fueron perpetrados por las parejas y ex parejas de las víctimas.
Aun cuando los 125 casos reportados evidencian que no todas las agresiones son denunciadas, y que pueda existir un subregistro de las mismas, se aprecia según el monitoreo del observatorio que durante el año de 2022 los casos de violencia de género fueron más denunciados a las autoridades por parte de las mismas víctimas, lo que refleja que son cada vez menos las mujeres que se quedan calladas ante un hecho de violencia o agresión.
En números, el OVV en Falcón precisó los tipos de delitos cometidos contra la mujer del total de agresiones ocurridas de 2022, 70 (56%) eran casos de agresión física, mientras que 23 (18,4%) pertenecen amenaza de agresión, 18 (14,4%) violaciones sexuales, 8 (6,4%) casos de acoso y 6 (4,8%) feminicidio.
Por otro lado, en lo relacionado al ámbito espacial el municipio Miranda con 58 casos y Carirubana con 43, estos municipios son los de mayor número de reportes de agresión donde las mujeres son víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex parejas, estos dos municipios suman el 80,8% de los casos. En menor medida los municipios Colina 4, Mauroa 4,Los Taques 4, Falcón 3, Zamora 3, Silva 2, Petit 1, Federacion 1, Jacura 1, Bolívar 1 y Unión 1.
La violencia de género manifestada en sus múltiples formas, ha sido categorizada de diversas maneras en Venezuela:
Violencia Física: Es aquella que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Este tipo de violencia es el más visible sobre el cuerpo humano y puede ser percibida objetivamente por otros, generada habitualmente deja huellas, lo que genera el reconocimiento social y por tanto jurídico, para rechazar estas acciones. Abarca cualquier acto no accidental causado con las manos, algún objeto o arma produciendo moretones, heridas, cortes, fracturas, dolores entre otros.
Violencia Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Usualmente la violencia psicológica va acompañada de otro tipo de violencia, ya que es utilizada como instrumento de control y dominio de su agresor para su fin último, que incluye amenazas, humillaciones, exigencias, convencimiento de su culpa, manipulación, insultos, descalificaciones y aislamiento.
Violencia Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Se produce siempre con la imposición sobre la mujer para la relación de intimidad contra su voluntad. Abuso y uso de su cuerpo con la imposición de una acción no deseada.
Violencia Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Mediante esta violencia el agresor busca controlar el acceso de la víctima al dinero y se manifiesta claramente en la retención del ingreso, destrucción de sus bienes, negación del derecho al trabajo remunerado, quitar sus ingresos económicos.
Las consecuencias de la violencia de género arrastra a la mujer tanto en el terreno físico como psíquico a un deterioro nocivo para su salud, desde el punto de vista conductual se manifiesta en una auténtica sumisión a los deseos y órdenes del agresor, quien controla y domina a la mujer cada vez de forma más inflexible, en un ciclo de intensidad creciente.
La violencia de género trae como consecuencias severos daños físicos y trastornos emocionales profundos y duraderos, el Instituto Asturiano de Mujer las clasifica en, fatales, en la salud física, condiciones crónicas de salud, salud sexual y reproductiva, salud psíquica, salud social y salud en los hijos, hijas y convivientes. Estas consecuencias mantienen un continuo desamparo social, que crea profundas desesperanzas, manejadas principalmente por dudas, miedos y bloqueos emocionales que la lleva a carecer de poder interior para superar los problemas y la anula en la toma de decisiones en lo que respecta a su vida personal, de pareja , familiar y social.
Es de vital importancia, para establecer soluciones al problema de la violencia de género, poner gran atención a la formación de los niños como parte integral de una familia ya que es precisamente en esta etapa donde, a través de los padres, se transmiten todos aquellos valores que servirán al individuo en su futuro para una debida adaptación en la sociedad, obteniendo como resultado personas capaces de respetar los derechos de cualquier ser humano y, por ende, los derechos de las personas que conforman su propia familia, ya que se considera según la sociología que para evitar problemas sociales como es la delincuencia, drogadicción, prostitución, etc. Es necesario atacar de raíz, es decir siendo la familia la célula principal de toda agrupación humana, atender de manera responsable su problemática se evitara la violencia familiar.
Ahora bien, se hace necesario emplear las dimensiones de igualdad de género para atender esta problemática, corresponde a partir del reconocimiento de la diferenciación entre los roles asumidos por el hombre y por la mujer, alcanzar el grado de igualdad basándose en la responsabilidad, conocimiento, acceso, uso y control sobre los recursos, problemas, necesidades, prioridades y oportunidades con igualdad de condiciones. Emplear el término de igualdad, invita hacer referencia a la equidad, fundamentada en los principios de justicia social y derechos humanos, a poner de manifiesto la justa distribución por sexo de las responsabilidades, acceso a los recursos y poder de decisión.
Por lo tanto, la mujer debe empoderarse, asumir un rol protagónico en las requerida, transformaciones sociales fundamentada en el reconocimiento de los derechos. Desde luego este empoderamiento no solo es responsabilidad de la mujer, implica que desde los estados, instituciones y entes gubernamentales donde los hombres y mujeres hacen vida, que estos trabajen de manera mancomunada en la asignación de recursos, servicios, y la creación de políticas dirigidas al logro de una igualdad sustantiva.
De manera que, el principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto incluye, por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos, del lenguaje, entre otros aspectos. Estos cambios deben partir de las personas adultas con el objetivo de que se transmitan eficazmente a niños y niñas. Además, se puede prevenir y evitar implicarse en una relación que puede llegar a ser violenta. Para ello se debe, en primer lugar, detectar manipulaciones, aproximaciones no solicitadas, desconfiar de promesas que no tienen sentido en un momento de la relación, tener claro que decir que “no” a algo no es negociable, alejarse cuando esa persona que se acerca tratando de hacerle ver que se tiene mucho en común o que se le debe algo. Para todo esto es muy importante confiar en la intuición, en las sensaciones de desasosiego que producen.
Finalmente, a pesar de los avances legislativos con la creación de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el desafío sigue siendo su implementación y la creación de condiciones concretas para el ejercicio de los derechos de las mujeres, específicamente el referido al acceso a la justicia y establecimiento de sanciones oportunas y adecuadas que limiten la violencia y en consecuencia, la impunidad, garantizando la aplicación de la justicia y protección de la mujer como ser indispensable para la sociedad. Son casi inexistentes las políticas públicas sobre violencia contra la mujer lo cual va de la mano con los planes de la nación, generalmente se reportan medidas y acciones individuales importantes pero que no reemplazan las políticas generadas desde el estado, obligatorias para todas las entidades públicas involucradas a la sociedad civil, entidades privadas y demás actores.
En este sentido, los planes y programas fungen como herramientas políticas y sociales importantes no solo para revisar sus resultados y el impacto generado, estos también otorgan la posibilidad objetiva de identificar las fortalezas y posibles debilidades a ser corregidas. La preocupación e instalación del este tema en la agenda pública, ha sido continua, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, evidenciando la ineficacia de las soluciones al problema de la violencia contra la mujer considerando que los esfuerzos destinados a profundizar el desarrollo y los derechos humanos quedan inconclusos. Correspondería al estado venezolano la evaluación y selección de alternativas de políticas, las cuales según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) implican transformar las alternativas seleccionadas en estrategias y programas para evaluar su posible impacto, haciéndole seguimiento y evaluación a las políticas implementadas para lo cual se deben diseñar mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan evitar cambios no intencionales en la aplicación de la ley.
La solución a la violencia de género debe basarse en la reconstrucción del tejido social que actualmente se encuentra alterado por los procesos acelerados, los cambios políticos, el alto índice de inflación, la falta de políticas públicas a los problemas de la nación y todas estas situaciones que hacen vulnerable a los individuos por tener miles de necesidades insatisfechas. Son nuevas políticas públicas incluyentes de la realidad actual las que permitirán disminuir los efectos de la desigualdad y exclusión para darle paso a la prevención y eliminación del problema de los hogares venezolanos. Una forma de prevenirla, es alentando a toda la comunidad a respetarse y entender que todos los seres humanos son iguales a pesar de los problemas; la familia es única y en consecuencia, se debe proteger, razón por la cual la violencia debe ser desterrada del hogar para brindar al mismo estabilidad, amor y equilibrio.
En este orden de ideas, el estado Venezolano debe desarrollar políticas públicas y acciones gubernamentales, regionales y locales puesto que la violencia de género se mantiene latente en la sociedad venezolana. Reducir la violencia contra la mujer indica la necesidad de definir estrategias de prevención que aborden los problemas sociales que inciden en tal problemática social.
Equipo OVV Falcón