Prensa OVV Bolívar
La aprehensión y desaparición forzada de 49 mineros artesanales en El Callao por parte de funcionarios de la DGCIM durante el mes de febrero, evidencian que el operativo militar Autana que, sobre el papel, pretende desplazar grupos armados y eliminar la minería ilegal, viola los derechos de residentes de los pueblos mineros ubicados al sur del estado Bolívar.
Los pobladores de El Callao -y demás municipios del sur de Bolívar- reportan que funcionarios del Estado utilizan la violencia de forma desproporcionada contra los habitantes como una forma de control social.
Durante dos días, 25 y 26 de febrero, habitantes de El Callao trancaron un tramo de la Troncal 10, para exigir la liberación de 49 mineros artesanales detenidos el pasado 24 de febrero por funcionarios de la Dirección General De Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Familiares reportaron a los medios de comunicación locales, que los mineros estaban trabajando en el sector Bicler, cuando fueron detenidos por los funcionarios. Al menos tres días transcurrieron sin que familiares supieran del paradero de los trabajadores informales.
Los mineros fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Control en Puerto Ordaz. El 28 de febrero, el tribunal dictó libertad condicional con medidas cautelares, es decir, bajo régimen de presentación. Esto según reseñó el diario de circulación regional Primicia.
Hasta el momento se desconocen los cargos imputados
Desde el inicio de la incursión militar u “Operación Autana”, en noviembre de 2022, pobladores del sur de Bolívar, políticos, académicos y activistas por los derechos humanos han denunciado que, lejos de traer orden a la dinámica de explotación de oro en el sur de Bolívar, la solución militar ha provocado el desplazamiento de los mineros a zonas no intervenidas militarmente, el aumento de la inseguridad y la delincuencia en el territorio.
Mineros artesanales han denunciado que, aunque tienen permiso de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para ejercer minería, efectivos militares han desmantelado sus campamentos, sustraído los equipos de trabajo y sometido a los trabajadores de la minería a pequeña escala.
Representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, resaltaron que la operación militar es una participación tardía del Estado, a destiempo y desvinculada totalmente de la legalidad. En ese sentido, reiteramos el llamado a las autoridades para que sus actuaciones se realicen con la debida garantía de los derechos fundamentales.