Durante el confinamiento radical y flexibilización de la cuarentena, los delitos y la violencia siguen cobrando fuerza en el Área Metropolitana de Caracas (AMC). La violencia policial, con nuevas formas de represión, arbitrariedades y abusos, amparados en las restricciones decretadas por las autoridades para enfrentar la pandemia, son oportunidad para ejercer mayor control y poder. La violencia delincuencial avanza con los homicidios y robos en las calles, desplazados hacia las viviendas, con los robos en las colas de gasolina, el transporte público, los hospitales. Estas tendencias se muestran con mayor impunidad, agravando aún más la crisis social e ingobernabilidad. En la Región Capital, la violencia de los delincuentes y cuerpos de seguridad no se detiene por la pandemia; ambos protagonizan los hechos ocurridos durante la cuarentena.

La violencia delincuencial prevalece con múltiples y variados delitos. Los sucesos siguen ocurriendo en los espacios públicos; sin embargo, se destaca una importante alza de hechos violentos acontecidos en los espacios privados de las casas. Los conflictos en los hogares, en medio del confinamiento, han incrementado la violencia intrafamiliar, como los casos reportados en la entidad de agresión hacia la hija adolescente herida de gravedad en la cara por su madre, el hombre celoso que asesinó a su pareja y la enterró en el patio trasero de su casa, y la octogenaria asesinada por una nieta embarazada y el novio. Estos casos confirman que los agresores y victimarios son familiares o allegados de las víctimas. Las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia de género; hechos reportan el hallazgo de cuerpos de dos mujeres, en una zona boscosa del Junquito y en terrenos vacíos adyacentes a un urbanismo de Misión Vivienda.

A pesar de las restricciones para salir a las calles, el robo permanece en las esquinas, en los mercados, en calles solitarias, donde ha habido personas asesinadas y despojadas de sus pertenencias. La carretera de acceso a Caracas, por la Fila de Mariches, ha sido la vía de asalto recurrente de grupos delincuenciales armados; en un robo a los pasajeros en un autobús de transporte público, mataron a un policía para despojarlo de su arma.  

Por su parte, la violencia policial es ejercida por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en barrios pobres, con considerables muertes de personas fallecidas, reportadas bajo la categoría de resistencia a la autoridad. Durante la cuarentena se han acentuado los enfrentamientos entre estos cuerpos de seguridad y militares, mostrando su letalidad en las zonas de El Guarataro, Cota 905, El Cementerio, El Limón, adyacente a la autopista Caracas-La Guaira. Los registros de prensa e investigaciones periodísticas del Observatorio Venezolano de Violencia en la Región Capital (OVV Región Capital) señalan versiones de familiares distintas a la versión policial, percibiendo estas muertes como ejecuciones extrajudiciales, incluso de jóvenes que no integraban las bandas delictivas. El Informe 2020 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que miles de personas murieron violentamente en operativos policiales y militares en cinco meses, reflejando esta violencia como política de Estado.

Los mecanismos de control aumentan, usando la fuerza armada para amedrentar y frenar las protestas de la población por fallas de los servicios públicos básicos. Distintos sectores en todo el AMC, protestan y exigen diariamente a las autoridades solucionar el padecimiento por la falta de agua potable, gas doméstico, electricidad y el suministro de gasolina, en un contexto crítico de pobreza y desigualdades, que sobreviene al deterioro de las condiciones de vida, agudizadas con el confinamiento extendido y radicalizado por el repunte de contagios de Coronavirus.

Distintos sucesos ponen en relieve las arbitrariedades y abusos del poder, como parte de los mecanismos de control aplicados para contener la pandemia. En una alcabala, un funcionario de la Guardia Nacional (GN) golpeó y confiscó el celular de un motorizado antes de saber que se dirigía a su casa. En muchos de estos puntos de control, es sabido por redes sociales, que se aplica la extorsión. El endurecimiento de las medidas de control por parte de las autoridades se visualiza con las barreras y vehículos policiales utilizados para cerrar el paso automotor e impedir la propagación del virus en las parroquias El Valle, Coche, La Vega y Sucre (Catia), obligando a multitudes a caminar para ir a sus lugares de trabajo, comprar comida o medicinas o hacer una diligencia urgente, contradiciendo las medidas de bioseguridad, lo que representa un riesgo mayor.

Iris Rosas
Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Región Capital (OVV Región Capital)