Prensa OVV

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) celebra la presentación del Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, que fue publicado el miércoles 16 de septiembre.

Es un Informe que documenta y hace visibles graves incidentes y situaciones que califican como violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela, y sobre los cuales los Poderes Públicos del país deberían pronunciarse, rendir cuentas y adoptar cambios inmediatos. La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos. Además, fueron examinados 2.891 casos para corroborar que existen  patrones de actuación pública que constituyen y causan violaciones de derechos humanos.

Con el trabajo de investigación desarrollado, la Misión evidencia que los cuerpos de seguridad del Estado realizaron ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y otros crímenes, con un desempeño cumplido por distintos cuerpos policiales en forma continua y similar.

El OVV, desde hace 15 años, viene haciendo seguimiento a los indicadores de muertes violentas haciendo análisis sobre actuaciones policiales que calificaban como violaciones de los derechos humanos. Desde las universidades venezolanas hemos alertado sobre las políticas de seguridad y actuaciones de los cuerpos policiales contrarias a la normativa nacional y a la contemplada en los tratados internacionales que ha suscrito Venezuela, por ello celebramos la publicación de este Informe.

“El Informe de la Misión presenta, de manera extensa, la consulta efectuada a distintos sectores del país, a partir de los testimonios, de la disposición y la valentía de muchas personas que han sido víctimas y afectadas directamente por quienes tenían la responsabilidad de protegerlas, y en lugar de ello, cometieron abusos y excesos, claramente delitos, que hoy pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad”, expresó Gloria Perdomo, profesora universitaria y coordinadora nacional del OVV.

“Hay una responsabilidad específica que corresponde al Estado. Se exige una inmediata  investigación y un estudio pormenorizado de esas violaciones de los derechos humanos para que haya justicia y pueda haber un acuerdo de país, en torno al cumplimiento de las normas y principios consagrados en nuestra Constitución, en relación a las obligaciones del Estado de derecho que hemos aprobado y convenido los venezolanos”, explicó Perdomo.

Para la coordinadora nacional del OVV, en lo inmediato, el Estado debe asumir e investigar los hechos y determinar el nivel de responsabilidad que tienen tanto los ejecutores directos, como sus jefes, y quienes han estado en la cadena de mando. “Este Informe deja documentado, para la comunidad internacional, el conjunto de hechos, incidentes y violaciones de los derechos humanos que han venido siendo informados y denunciados en el país a lo largo de todos estos años por diversas organizaciones no gubernamentales. Esperamos que con esta publicación demos un paso adelante en la posibilidad de hacer real el acceso a la justicia”, dijo Perdomo.

El OVV, junto a la sociedad civil venezolana, trabaja por un país justo, donde se respete la Ley y puedan ser ejercidas las libertades democráticas.

Desde el OVV agradecemos a la Misión Internacional Independiente de la ONU y exhortamos al Estado venezolano a que realice investigaciones imparciales e independientes que permitan el esclarecimiento de los hechos y la sanción a las personas responsables, y a que erradique políticas y actuaciones públicas con un enfoque belicista y autoritario, que no contribuyen a la pacificación del país y que siguen generando graves violaciones de derechos humanos.

Convocamos a la sociedad venezolana a la lectura y análisis del Informe presentado, para acompañar y apoyar a las víctimas ante las atrocidades y crímenes que han padecido, y   para convocarnos en la exigencia del respeto a la dignidad y derechos de todas las personas y, en especial, a la defensa de los derechos inalienables a la vida, a la integridad personal y a la libertad.