Haber cumplido una condena por la comisión de un delito puede ser una justificación para recibir una condena de muerte por parte de los funcionarios policiales en Venezuela. Para muchos jóvenes que habitan en los barrios pobres del país, el haber obtenido una boleta de excarcelación, puede significar el comienzo de un riesgo de muerte.
En los diferentes estudios realizados alrededor de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en los últimos dos años, desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), hemos identificado algunos patrones que revelan la atrocidad con la que actúan las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Uno de ellos está en la selección de sus víctimas.
En los operativos en los que no hay algún objetivo identificado previamente, es común que en la intercepción de algún grupo de jóvenes, alguna redada o visita a algún sector, las FAES pregunten: ¿alguien tiene antecedentes penales? Lo ideal, en una sociedad con garantías democráticas, es que el ciudadano responda de forma honesta, porque tenga o no tenga antecedentes penales no implica poseer alguna condición que lo haga merecedor de la aplicación de la fuerza del Estado. Sin embargo, en Venezuela responder afirmativamente, entendiendo que es con la verdad que se debe responder, puede significar una sentencia final.
Durante los días de cuarentena esta modalidad de escogencia de las víctimas de homicidios justificados como muertes por resistencia a la autoridad, no ha parado. Desde los inicios de las actuaciones de las FAES se presume que este organismo recibe información de los tribunales con competencia penal sobre las personas que recientemente salen de las cárceles y son a ellas a quienes seleccionan entre sus posibles víctimas. Además de eso, ahora cuando hacen sus visitas a los barrios pobres de Barquisimeto, preguntan por los antecedentes y quienes responden afirmativamente, en muchos de los casos terminan asesinados. Tal como sucedió en el mes de agosto, en la parroquia Unión del municipio Iribarren, donde un joven terminó ejecutado por las FAES luego de que apelara a la verdad y en el operativo afirmara que sí tenía antecedentes penales.
El día de la muerte del joven a quien nos referimos, fue el único que levantó su mano. Posterior a su respuesta fue seleccionado, llevado a otro barrio vecino y asesinado. La versión oficial que publicaron los medios de comunicación informó que se trató de un intercambio de disparos entre funcionarios y dos presuntos delincuentes; no obstante, decenas de personas vieron lo que pasó: el joven dijo la verdad y eso bastó para que, posterior a un año de ser liberado, recibiera una condena fatal. Decir la verdad se convirtió en su peor desgracia.
Los momentos de la política de seguridad del gobierno venezolano durante los últimos 20 años, han sido múltiples. Primero, su principal estrategia fue promover las condiciones criminógenas que se crearon en el país, las cuales elevaron las tasas de criminalidad. Una Venezuela de impunidad permitió la reproducción delictiva, que el gobierno llegó a utilizar a favor.
El planteamiento de una vocación punitivista que masificó y homogenizó el castigo, colapsó nuestro sistema carcelario, desde donde, entre otras cosas, se reorganizó el crimen y se dirigió una parte de los delitos en Venezuela. Ahora, luego de casi una década de militarización de la seguridad ciudadana, las FAES termina de exponer una estrategia de mano dura, que viola sistemáticamente los derechos humanos de miles de venezolanos.
En fin, el gobierno instrumentalizó el crimen a favor generando las condiciones socioeconómicas y político-institucionales para que eso sucediera, luego promovió el encarcelamiento masivo, y ahora tiene como principal política de seguridad asesinar a los jóvenes que, en una gran parte, se hicieron delincuentes en un contexto de incentivos para la violencia, esto último, gracias a las malas decisiones sobre la seguridad ciudadana que el chavismo-madurismo ha cometido. Esta involución de la política de seguridad está guiada por el afán de colocar todo a favor de la permanencia en el poder, despreciando los fines éticos de la política. Ahora, no basta con ser víctima de todos los males procesales y de las deplorables condiciones de vida que sufren los presos, sino que luego de salir de la cárcel las FAES buscará asesinar a los jóvenes que salen en libertad.
Carlos Meléndez
Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara)