No resulta nada fácil escudriñar y ponderar -claro está, por la falta de datos oficiales desde 2005- el verdadero alcance que diversos tipos de violencia interpersonal tienen sobre la sociedad guariqueña. Han pasado dieciocho años sin información oficial y, por lo que puede apreciarse, ningún actor estatal en Venezuela parece estar haciendo lo necesario para que los aludidos datos sean, oportunamente, de dominio público. Constancia objetiva de cómo, desde aquel entonces, la desinformación converge en política pública, en otras palabras, en el desierto informativo que hoy nos arropa.
Es interesante destacar, que este ha sido, precisamente, uno de los vacíos que el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ha tratado de llenar. Ejemplo de ello, a propósito del más importante de sus esfuerzos, el OVV dio a conocer, el pasado 29 de diciembre de 2022, su Informe Anual de Violencia, en un intento por reconstruir el horizonte de escombros a que ha sido reducida la otrora infraestructura de información en materia de violencia interpersonal en Venezuela. Entre otros aspectos, en ese informe el OVV procuró explicar el aumento que se ha observado en los indicadores de violencia en Guárico y, exploró cómo se relacionó dicho incremento con algunas políticas públicas y sus consecuencias securitarias para la región.
Al referirse a Guárico, el informe expone en detalle las ideas centrales que van describiendo algunos observables de violencia en la entidad y su descomposición en cuatro de sus rasgos principales como son la tasa de homicidios (THOM=11,5); tasa de muertes por intervención policial (TMIP=7,8), tasa de muertes en averiguación (TMAV=21,2) y tasa de desapariciones (TDES=3,5). Las cantidades encerradas entre paréntesis, expresan el número de víctimas por cada cien mil habitantes (100 m/h) asociado a cada categoría. Llama la atención el renglón TMAV cuyo orden de magnitud prácticamente duplica la THOM y casi triplica TMIP. Más sugerente aún, resulta la dinámica observada en la cardinalidad de los componentes THOM y TMIP que, venían mostrando un declive en los dos años precedentes (THOM: 2020=15,7 ;2021=9,8 | TMIP: 2020= 18,5 ;2021= 3,3) y, en 2022, ambas aumentaron THOM= 11,5 y TMIP= 7,8). Mientras que para las TMAV, el ascenso ha sido sostenido (2020= 14,3; 2021= 20,1 y 2022= 21,2).
Los cambios en la política securitaria en algunas regiones del país asoman posibles vinculaciones entre los incrementos y la implantación de operativos policiales específicos. Ciertamente, la mayoría de estas muertes tienden a concentrarse en el nororiente del estado y poco se dice de su relación con los mosaicos de gobernanzas criminales y rebeldes que operan en esa zona. Por supuesto, la comprensión de esto amerita que nos detengamos un poco en su evolución.
Si analizamos, desde 2019, la dinámica de la tasa de muertes violentas (TMV), es decir, aquella integrada por los componentes THOM, TMIP y TMAV, veremos que, hasta 2021, experimentaron un declive sostenido (2019= 70; 2020= 48,5; 2021= 33,3). Nuestra tesis, para 2021, era que tal reducción obedecía -en parte- a que estos grupos controlaban la vida ciudadana y regulaban la violencia mediante una suerte de sistema judicial paralelo, creando nodos de baja penetración estatal o soberanías criminales a lo largo del territorio. También argumentábamos que este tipo de control social, va precedido del desarrollo y perfeccionamiento de funciones extrajudiciales de gobernanza. Gente amiga nos preguntaba ¿cómo es que los grupos irregulares reducen la violencia?, y nuestra respuesta era que la pacificación trae ventajas económicas que benefician a los grupos criminales, y por eso, buscan poner fin al desbordamiento de represalias y concentrar, en la pandilla, el uso de la fuerza para consolidarse en un territorio.
Pero ¿qué paso en 2022 cuando la TMV alcanzó los 40,5 decesos (sin incluir desaparecidos) por cada 100 m/h? Las posibles causas de este repunte, en buena medida creemos que obedecen tanto al aumento de las fricciones entre grupos delincuenciales rivales, como a los operativos militares implementados. No debemos pasar por alto que, las formas principales de policiamiento de los territorios como las operaciones “Trueno” dirigidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las operaciones del tipo Escudo Bolivariano (Roraima, Autana), coordinadas por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (CEOFAN), han sido muy cuestionadas por las violaciones reiteradas a los derechos humanos de la población civil. La principal diferencia entre estas, es que las operaciones Trueno han sido puntuales y esporádicas, mientras que las Escudo Bolivariano son de larga duración, algunas tienen dos o más años operando.
Adicionalmente, pensamos que la razón de fondo de estos operativos responde al cambio de política, por un lado, para contener los grupos delincuenciales de origen carcelario que han mostrado comportamientos con visos para estatales y, por el otro, a la pequeña minería artesanal en el Arco Minero del Orinoco (AMO) -en favor de la minería de mediana escala-. Debemos recordar, que las zonas uno y dos del AMO limitan con el estado Guárico a través del río Orinoco y, en estas áreas, existe toda una segregación espacial de grupos armados no estatales. Lo cierto es que estas zonas están plagadas de pequeñas explotaciones mineras artesanales controladas por estos grupos irregulares que usan al estado Guárico para transportar parte de los minerales metálicos y no metálicos extraídos.
En fin, este cambio de política, parece estar relacionado con la reticencia de capitales frescos no occidentales (Rusia, China e Irán) para convivir con la pequeña minería controlada por estos grupos irregulares y con bandas armadas en el norte del país que están fijando como blanco de extorsión a sus principales inversiones. Por ejemplo, en Guárico, tras la política de expropiaciones también han aparecido nuevos actores económicos que, a través de estos capitales, han comenzado a pivotear el circuito agroalimentario (mayorista, transporte, etc.) y, como resultado, se han convertido en blanco de grupos delincuenciales.
Cuando la única forma de abordar las dinámicas delictivas se basa en la racionalidad bélica, donde no se respetan límites legales y con precarios controles institucionales, no se llega muy lejos. Prueba de ello, son la decena de operativos militares-policiales que se han implementado en el país con resultados poco racionales: Dispositivo Bicentenario de Seguridad (2010); Madrugonazo al Hampa (2011); Plan Patria Segura (2013); Zonas de Paz I (2015); Operación para la Liberación del Pueblo (2015-2017); creación de las FAES (2016); Zonas de Paz II (2017); etc. Además de que se tienen que imponer por medio del miedo y de la más brutal violencia.
Otro de los espejismos de estos modelos de intervención territorial, son el amplio consenso mediático y político del que suelen gozar, tal vez de allí provenga la tendencia de su uso y abuso a conveniencia del inmediatismo y las lecturas simplistas de la realidad. Lo cierto es que, si bien, en el corto plazo estas incursiones militarizadas parecen romper el control que las soberanías criminales ejercen, perturbar sus sistemas de justicia paralelos y alterar los pactos de coexistencia pacífica entre grupos rivales, la experiencia nos dice que, en el país y, en Guárico desde 2016, los operativos de saturación policial, como consecuencia de su condición acumulada, han dado paso a grupos delincuenciales mejor estructurados y más consolidados, ya que se disuelven las facciones internas tras una breve lucha por el liderazgo y, un tiempo después, también mediante el uso de la fuerza, las bandas criminales no solo han logrado recuperar sus territorios sino que también han diversificado sus economías ilícitas.
En síntesis, más allá de las consignas superficiales como “plomo al hampa”, el uso de la fuerza letal -de forma rutinaria- constituye una concepción de la seguridad ciudadana muy estrecha, que luce más propia de elites autoritarias y del corporativismo criminal, que de una política de provisión de servicios de seguridad a los habitantes. Para que una política, centrada en los ciudadanos, derive en una gran cultura de protección, se requiere un esquema de provisión de servicios rico y complejo para salvaguardar a la ciudadanía; donde se aborden las dinámicas delictivas con un horizonte inclusivo y de ampliación del derecho, en las que prevalezcan acciones encaminadas a la prevención situacional-social y la coordinación entre las instituciones públicas y privadas.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Guárico (OVV Guárico)