Desde el decreto de Estado de Alarma Nacional para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, las restricciones de movilidad en el estado Bolívar han sido una constante. A inicios de pandemia, las limitaciones para el desplazamiento incluían prohibiciones de acceso intra e intermunicipales, además de la imposibilidad de desplazarse después de la 1:00 p.m. en las semanas restringidas y hasta las 5:00 las flexibles según el esquema 7×7 impuesto por el Ejecutivo Nacional.
En su momento, estás condiciones decantaron en la extorsión y maltrato hacia los ciudadanos que, por alguna razón, no cumplían el esquema con la rigurosidad requerida. Bajo amenaza de ser detenidos muchos optaron por realizar erogaciones bajo el concepto de colaboración a policías estadales y funcionarios de la Guardia Nacional, estos últimos que también recibían “apoyo” por la consecución de salvoconductos, únicas figuras que permitían un tránsito menos oneroso.
Transcurridos más de 946 días de aislamiento social obligatorio, y con la decisión gubernamental de normalización controlada de la interacción social, pudiera pensarse que estas situaciones son cosas del pasado. No obstante, aunque la movilidad no tiene horario la cantidad de puntos de control a lo largo y ancho de la entidad son abrumadores, por ejemplo, en una distancia de 800 kilómetros que abarca desde puerto Ordaz hasta el municipio Gran Sabana es plausible contar 29 puntos de control liderados por la Guardia Nacional, Policía del estado, Cicpc, Sebin, SIP… en ellos se les solicita a los transeúntes documentos de identidad; se revisan vehículos con sus certificados, permisos y acreditaciones; se revisan equipajes, se solicitan facturas de los objetos transportados; un cuesta arriba para quienes visitan la ruta en asuntos personales; un corredor “turístico” para el tráfico de minerales y personas.
Dificultades que resultan cada vez más absurdas cuando logramos comprobar que este mismo recorrido es realizado diariamente por más de 300 transportistas de carga pesada que trasladan alimentos y material necesario para la actividad extractivista, entre otros tantos. En días pasados, conocimos las noticias sobre inundaciones que dejaron sin hogar a muchos habitantes de Santa Elena de Uairen, quedaron desplazados por las imágenes de protesta ante el desplome de la carretera que conecta El Dorado con Santa Elena. La presión por el caudal del río Uairen ocasionó el estallido de las alcantarillas trayendo consigo el desplome de la carretera.
Una cárcava que impidió el paso por más de una semana obligó a la improvisación de senderos controlados en los que se les permitía el paso solo a quienes justificaran la movilidad. A esta fecha, en Bolívar revivimos la historia, otro tramo caído.
Esta dificultad para el acceso ha impactado de forma negativa en la socialización de información veraz y oportuna que permita contextualizar la cotidianidad de la región; habitantes de Bolívar deben conformarse con información no controlada ni confirmada que circula por grupos de WhatsApp y otras redes sociales generando confusión y zozobra constante ante la imposibilidad de los medios de comunicación de acceder a ciertos lugares. Tal es el caso de la reciente incursión del Estado en las minas del municipio Sifontes, en el que bajo la denominación de operaciones Roraima y Autana, militarizó el sector suscitándose enfrentamientos letales entre funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los grupos armados no estatales que controlan las zonas productivas. Se rumora sobre el número de detenidos, sobre quién se constituye en víctimas o victimarios, sobre el número de decesos, sobre el propósito de la actividad, especulándose que necesitan limpiar las minas para realizar una concesión de explotación a un consorcio iraní. Medios solo han confirmado lo innegable; tanquetas en la zona, presencia de efectivos castrenses y aviones sobrevolando el lugar.
La institucionalidad es un derecho fundamental, la obligación del Estado en el desarrollo de políticas públicas efectivas, garantía de acceso a la información y libre tránsito son derechos civiles y políticos, que como todo Derecho Humano, resultan innegables.
A la luz de este marco de excesos gubernamentales, impregnados de violación a los Derechos Humanos en sus múltiples dimensiones, surge la necesidad de pausar y hacernos las preguntas correctas: ¿Es posible un equilibrio entre la voracidad de la explotación minera con su impacto medio ambiental y la preservación de los Derechos Humanos para quienes están inmersos en una única realidad posible en la zona, que es la actividad extractivista? ¿Es posible revertir el daño social, moral y económico en una zona que de por sí está aislada del mapa geopolítico de esta nueva Venezuela?
Equipo OVV Bolívar