Prensa OVV Zulia
Después de dos años de confinamiento por la pandemia causada por el coronavirus, los estudiantes venezolanos de todos los niveles han vuelto a los salones de clases en peores o igual situación de vulnerabilidad social, económica y emocional a la que experimentaban antes del COVID-19. Según el Informe Anual de Violencia 2021 presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) algunos niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), en medio del aislamiento social enfrentaron situaciones inéditas de violencia en sus hogares. Protagonizadas éstas mayoritariamente por familiares o conocidos. En este sentido, el estado Zulia no fue la excepción.
De acuerdo al Observatorio de Prensa del OVV Zulia hasta el primer cuatrimestre de este año 2022, en el estado se reportaron cuatro casos de violencia escolar que han llamado la atención de la ciudadanía y del equipo de investigación, pues esto pone de relieve que la violencia interpersonal está presente en diferentes escenarios y espacios, y el escolar es, lamentablemente, uno de ellos. “En otras palabras, en los centros de enseñanza estas dolorosas y multifactoriales dinámicas violentas también cobran cuerpo y presencia patentemente”. Según Jorge Govea Cabrera, Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia del estado Zulia (OVV Zulia).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la violencia en y alrededor de las escuelas, incluido el acoso, los ataques y las peleas físicas, socavan el aprendizaje y tienen consecuencias negativas para la salud física y mental y, en general, para el desarrollo vital de los segmentos de población representados por NNAJ. Esta institución internacional, sentencia en este mismo orden de ideas: “Ningún país puede lograr una educación inclusiva y equitativa de calidad si los estudiantes experimentan violencia en la escuela”. Justamente uno de los grandes y mayores retos y propósitos de la UNESCO es contribuir a la paz en el mundo, y para ello indica, con toda claridad, que una de las mejores maneras en todos los países del planeta de alcanzar ese anhelo humano, es a través de la educación, la ciencia, la comunicación, la información y la cultura, que son las áreas en las que precisamente trabaja. Por eso la paz de todos y entre todos, en cualquier sociedad, requiere de bases sólidas, profundamente arraigadas en el reconocimiento mutuo, teniendo como fundamento el respeto a la análoga dignidad de todos los seres humanos.
Por otro lado, para el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido en el mundo por sus siglas UNICEF: “El acoso escolar o bullying es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante contra otro. Es una acción negativa, continua e intencionada que crea una relación de dominio-sumisión”. Los modos que adopta el bullying pueden ser verbales, físicos, sexuales (tocamientos desvergonzados), de relegación de la persona del grupo; virtuales, mediante el cyberbullying o intimidación por Internet. En el entendido, que no todas las diversas manifestaciones de violencia que se pueden presentar en los centros escolares deben ser catalogadas de bullying. En otras palabras, la violencia escolar es más amplia e incluye aquel. Así que en el entorno escolar pueden darse también vandalismo, indisciplina, criminalidad y otras formas de violencia interpersonal.
En el caso del Zulia, señala Govea, están presentes esos tipos de violencia. Una muestra de ello, es el reciente caso de violencia verbal y física ejercida dentro un recinto educativo por tres adolescentes de sexo femenino contra otra adolescente con discapacidad. Otro caso que llamó poderosamente la atención fue el de la violencia verbal llevada a cabo por la directora de un plantel contra un niño de quinto grado, según lo refieren los medios de comunicación.
Para Govea, en uno y otro caso se puso de manifiesto el uso desmedido, asimétrico e irracional del poder. En el primero, las adolescentes victimarias atacaron en grupo de cinco a otra, con el agravante que la víctima presenta condición especial del tipo discapacidad intelectual (síndrome de Down), lo cual empeora aún más el asunto por su total indefensión, donde además nadie del colegio acudió en su ayuda según video que ha corrido profusamente por las redes sociales digitales. “En el segundo evento, la directora de un colegio usó su cargo académico para maltratar verbalmente a un niño cursante de quinto grado por no llevar medias y zapatos de su talla. Su condición de pobreza parece haber sido el detonante para la violencia. El primero de estos incidentes referidos aconteció en el municipio Maracaibo y el segundo, en el municipio Baralt. Ambos sucesos fueron remitidos al Ministerio Público”, señaló Govea.
Los medios de comunicación también reportaron dos casos más de violencia escolar. En uno de ellos fue ejercida por un adolescente contra el director del centro educativo donde cursa sus estudios. Se dio a conocer que éste intentó ahorcar con sus propias manos al director de su liceo. Esto aconteció en Maracaibo. El otro caso sucedió en el municipio San Francisco, cuando un adolescente agredió físicamente a su profesora e incluso lanzó objetos contundentes (palos, piedras y botellas) contra el recinto escolar. Ese hecho violento ameritó la presencia policial, al no desistir voluntariamente el adolescente de tal actitud, cuyos funcionarios constataron in situ lo sucedido, procediendo a su detención y a notificar a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente.
Los que son conocidos
En opinión del Coordinador del OVV Zulia, estos cuatro casos se conocen porque, de algún modo, alcanzan notoriedad pública. “Seguro estamos que son muchos más, sólo que las comunidades de aprendizajes y las familias, es decir, el sistema educativo, los padres, los representantes y las escuelas que lo integran, afincados en la cultura, la normalización, la naturalización, el miedo y la aceptación social por décadas se silencian ante estos hechos de violencia que deberían ser denunciados, tratados y tramitados de manera efectiva, para que no queden ocultos y se termine imponiendo la cultura del silencio. Según el Informe final del Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños del 2006, a iniciativa del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, debemos incluir entre los factores la falta de conocimientos o comprensión sobre la violencia contra los niños y adolescentes, sus causas fundamentales, y la escasez de datos y estadísticas sobre el tema contribuyen a ello”, explicó Govea.
“Basados en estos casos, resulta importante destacar que la violencia escolar en nuestra región parece estar asomándose como un fenómeno que amerita ser atendido de inmediato. Por triste que resulte decirlo, algunos NNAJ temen ir a sus escuelas o liceos por temor a ser maltratados. Sólo es cuestión de imaginarse los niveles de tensión emocional que debe atravesar un niño, una niña, una adolescente o un joven al tener que soportar por cinco o más horas diarias, por cinco días consecutivos, el ser objeto de burlas, ofensas y maltrato físico. Si a esto le sumamos los problemas de disponibilidad de alimentos en el hogar y los otros diversos problemas que padecen los NNAJ en sus familias y comunidades, se puede decir que esta situación probablemente se siga dando en nuestras escuelas, pues todas estas condiciones juntas son un caldo de cultivo propicio para que aparezcan los brotes de violencia una y otra vez”, explicó el representante del OVV regional.
Agregó Govea que distintas son las razones que parecen estimular e impulsar la acción violenta de quienes pueden ser catalogados como victimarios: género, pobreza y desigualdad, características físicas, grupo étnico al que se pertenece, color de la piel, padecer alguna discapacidad, entre otras condiciones de los demás.
“Lo cierto es que imputar a NNAJ como autores de la violencia escolar, desde nuestra perspectiva, evidencia las dificultades de nuestra sociedad porque esto pone de relieve la ausencia de políticas sociales estatales destinadas a prevenir y brindar atención a toda la comunidad que hace vida en una institución educativa, especialmente si son NNAJ”, acotó.
Igualmente, el representante del OVV Zulia, señaló que 74 casos investigados por el Ministerio Público referidos a la violencia escolar y conocidos en todo el país, desde enero hasta abril de 2022, indican que hay mucho trabajo por hacer para atacar de forma apropiada esta situación. “Cuando están involucradas la infancia y la juventud la tarea exige más atención por parte de la familia, las instituciones educativas, de los maestros y profesores, de todos los organismos que pudieran tener competencia directa o indirectamente con el bienestar de este sector de la población. En cualquiera de los casos que pudieran presentarse o se tenga conocimiento la omisión no puede ser jamás la opción a seguir”.
En definitiva -para Govea- puede decirse, que en el tema de la violencia escolar no hay ganadores sino perdedores, lo que existe es un conjunto de situaciones individuales, familiares y escolares que deben ser atendidas en aras de lograr que la asistencia a clases de los alumnos se desarrolle en un contexto de paz: de aceptación de las diferencias y de respeto por los otros, en fin, de una buena y sana convivencia. Se trata de una paz que se alcanza resolviendo los posibles conflictos y asegurándole a los NNAJ la satisfacción de sus necesidades afectivas, económicas y sociales.
“La desnutrición, los problemas escolares y familiares nos muestran un escenario nada alentador para nuestros NNAJ. Los caminos, las salidas y las soluciones están allí: darle prioridad absoluta en materia de políticas públicas a la atención de la niñez, la adolescencia y la juventud. Lo que si resalta es que la violencia escolar le niega a millones de NNAJ en el mundo el derecho a la educación y en el caso del estado Zulia”, señaló el coordinador de OVV Zulia. Agregó que esta situación comienza a demandar soluciones que trasciendan lo legal y se ubiquen en el terreno de la prevención sociofamiliar, sociocomunitaria y socioeducativa. “Una buena combinación de factores entre ambos espacios, el jurídico y el social. No se trata sólo de judicializar a los infractores, sino de crear las condiciones de vida suficientes y necesarias para el buen desarrollo físico, emocional y cognitivo de los NNAJ venezolanos. Sin dejar de lado la necesidad de crear un sistema robusto de alerta y de intervención temprana, oportuna y preventiva que pueda evitar llegar a mayores. Integrado por todos los sectores que intervienen, de una u otra manera, en esta realidad compleja para lograr inhibir e impedir a tiempo los distintos actos de violencia”.