Prensa OVV Región Capital

Aun cuando la cantidad de decesos violentos y su tasa, significaron una reducción considerable en comparación con el año 2022, el Distrito Capital para 2023 casi duplicó la tasa de Venezuela, que fue de 26,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

El año 2023 terminó con un descenso de la violencia en Distrito Capital, pero con la capital de Venezuela manteniéndose como la entidad federal más violenta del país por tercer año consecutivo. De acuerdo con el Informe Anual Nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el año pasado se registraron 847 muertes violentas en Distrito Capital, para una tasa de 50,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

La cantidad de muertes violentas y su tasa significan una reducción considerable en comparación con el año 2022, cuando se estimaron 1.148 personas fallecidas por la violencia y una tasa de 67,4 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. A pesar de esta disminución, la tasa de Distrito Capital para 2023 casi duplicó la de Venezuela, que fue de 26,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Las cifras presentadas por el OVV son el resultado de tres componentes que caracterizan las muertes violentas. Se estima que en la entidad capital hubo 223 fallecidos por homicidios, cuya tasa fue de 13,4 muertes violentas por cada 100 mil habitantes; 96 muertes por intervención policial, con una tasa de 5,8; y 528 muertes en averiguación, para una tasa de 31,7.

El OVV también registró un estimado de 340 desapariciones en el Distrito Capital, las cuales pueden ser muertes en las que no se tiene conocimiento del destino de la víctima, y cuya tasa fue de 20,9 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. A su vez, se contabilizaron en la capital 1.649 víctimas de lesiones graves, para una tasa de 98,39 lesiones personales por cada 100 mil habitantes.

En el apartado de violencia autoinfligida, en Distrito Capital se estimó una tasa de 13,31 víctimas de suicidios por cada 100 mil habitantes, que evidencia una leve disminución en comparación con la tasa estimada en 2022, que fue de 13,99 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Nuevamente un aspecto que llama la atención es la significativa cantidad de averiguaciones de muerte, ya que se trata muchas veces de homicidios que permanecen sin aclarar y que constituyen una caja negra donde no se ha determinado la autoría e intencionalidad. La cifra de dicho componente sobrepasa el estándar del Protocolo de Bogotá acerca de las muertes por causas indeterminadas, el cual establece que estas no deberían exceder de 10% de los fallecidos en homicidios y por intervenciones policiales.

Sucre y Libertador encabezan la violencia

Para el Área Metropolitana de Caracas (AMC), conformada por los municipios Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo, se estimó un total de 1.284 fallecidos por la violencia, para una tasa de 47,9 muertes violentas por cada 100 mil habitantes; si bien es levemente más baja que la Distrito Capital, sigue siendo superior a la tasa nacional e incluso a la del estado Miranda, la segunda entidad más violenta del país.

De los cinco municipios que conforman el AMC, la mayor tasa se registró en el municipio Sucre y fue de 61,1 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. El segundo lugar lo ocupó el municipio Libertador, cuya tasa es la misma que la de Distrito Capital por ser el mismo territorio. En la tercera posición se ubicó Chacao, con una tasa de 37,6 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, por lo que también es superior a la tasa nacional.

Los municipios con las tasas más bajas del AMC fueron Baruta, con 18,3 muertes violentas por cada 100 mil habitantes; y El Hatillo, con 10,7. En el ámbito parroquial resaltaron las parroquias Coche y Filas de Mariche, con tasas muy extremas de 165,3 y 102,9 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Otras parroquias del AMC que registraron tasas muy elevadas fueron San Juan (81,5), San José (74,1), Petare (72,9), San Agustín (72,2) y San Pedro (68,1). En cuanto al total de muertes violentas sobresalieron las parroquias Petare y Sucre (Catia), con 261 y 154 muertes violentas en cada una. Esta situación muestra a la parroquia Sucre como el territorio con más fallecidos que cualquier otra parroquia del municipio Libertador, y a la parroquia de Petare en la que se contabilizaron tres veces más muertes violentas que en Coche.

¿Cómo explicar la situación actual de la violencia en Caracas?

La disminución en el número y la tasa de muertes violentas en Distrito Capital y el Área Metropolitana es el resultado de una mezcla de procesos que involucran a la migración, la aparición de nuevas formas del delito más lucrativas y menos riesgosas que la violencia letal, la política de “mano dura” con intervenciones policiales en sectores populares por parte de los organismos de seguridad del Estado y el surgimiento de nuevos tipos de victimarios.

El hampa común desorganizada ha perdido protagonismo en las noticias de sucesos a manos de los grupos delincuenciales organizados, quienes controlan zonas enteras en parroquias como Petare, Coche y Filas de Mariche; desde allí operan delitos como el tráfico de drogas, el secuestro, y la extorsión, al tiempo que defienden su dominio neutralizando a cualquier banda rival que les dispute el control territorial. Todo esto ocurre mientras las comunidades normalizan su presencia y los perciben como una autoridad que mantiene la paz y la seguridad del lugar.

Por otro lado, los operativos policiales que comenzaron en 2017 con la Operación Liberación del Pueblo (OLP), y que se caracterizaron hasta 2020 como una política que permitió la comisión de excesos, atropellos y presuntas ejecuciones extrajudiciales, han disminuido su intensidad en los últimos tres años para darle paso a intervenciones más ocasionales y puntuales con menos víctimas producto de la resistencia a la autoridad, en su mayoría llevadas a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Un aspecto que, se infiere ha contribuido a la disminución de la violencia, es el surgimiento de eventos delictivos protagonizados por los familiares y conocidos de las víctimas, especialmente la pareja/expareja y los parientes consanguíneos. Este fenómeno conduce a menos víctimas de homicidio que la delincuencia o las intervenciones policiales, pero incrementa la conflictividad y la violencia interpersonal con hechos de tentativa de homicidio, agresiones y violaciones sexuales.