Prensa OVV Sucre
La piratería marina, el tráfico de sustancias lícitas e ilícitas y la trata de personas nacen, crecen y se fortalecen a lo largo de más de 700 kilómetros de costa en el estado Sucre, todo esto frente a la mirada complaciente de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana.
El coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia OVV Sucre, Jesús Subero, destaca que la piratería marina ha empobrecido a los pescadores de toda la entidad, muy especialmente a los pobladores de la Península de Araya, y el narcotráfico florece en la Península de Paria mientras, especialmente en los últimos meses, la crisis económica, social y política en el país, deja en evidencia otros flagelos como la trata de personas.
“El tráfico de personas no es un problema nuevo en la frontera entre Güiria (municipio Valdez) y las islas del Caribe como Trinidad, porque la dinámica fronteriza ha servido de caldo de cultivo para el tránsito ilegal de productos como licor, cobre, bronce e incluso cacao. Sin embargo, desde hace más de 15 años el comercio ilegal de jóvenes ha quedado al descubierto y lamentablemente, ha cobrado la vida de personas para enlutar a las familias venezolanas” dijo el Coordinador.
Subero se refirió a la desaparición de 60 personas en altamar tras el naufragio de dos embarcaciones que circulaban desde Güiria, con destino la isla de Trinidad, durante dos hechos registrados entre los meses de abril y mayo de 2019.
No hay capacidad de atención
Ambos naufragios demostraron las consecuencias de la inseguridad y la crisis nacional en la frontera marítima del país, puesto que la costa sucrense se encuentra desprotegida por las autoridades nacionales para dar paso a la acción delictiva que controla el territorio.
El diputado nacional Robert Alcalá aseguró el pasado seis de junio durante una entrevista realizada en el programa “Vladimir a la 1”, transmitido por Globovisión, que se pudieron rescatar más personas si se hubiera actuado a tiempo, denunció la trama de corrupción y exigió una investigación imparcial del caso.
“La gente de Güiria se queja porque a la hora de una tragedia no hay un helicóptero disponible para la búsqueda aérea y seguramente si el Estado venezolano hubiera actuado a tiempo, se pudieron haber rescatado mayor cantidad de personas en el primer naufragio, pero no hay capacidad de respuesta porque las dos lanchas interceptoras en el comando de guardacostas en Güiria están en tierra, es decir, no tienen operatividad y la trama de corrupción es lo más grave” aseveró el Parlamentario.
Alcalá, quien forma parte de la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga los naufragios de embarcaciones ilegales hacia Trinidad y Tobago, exigió una investigación imparcial al Ministerio Público, organismo que designó dos fiscales con competencia nacional en materia de violencia contra la mujer y la familia y un fiscal del estado Sucre.
“Hay todo un entramado de corrupción. Por ello, una de las solicitudes que hacemos desde la AN, es sacar el juicio del estado Sucre y trasladar a los nueve detenidos de la primera embarcación que naufragó y que están en el comando de la GNB en Güiria, porque corren peligro no solamente ellos, que a lo mejor son presionados, sino que los familiares de las víctimas quienes también han recibido amenazas” indicó.
Pago en divisas
Por su parte, el legislador estadal Carlos Rodríguez se reunió con familiares de las víctimas y propuso investigar a funcionarios de Capitanía de Puerto, Seniat y migración.
“Se trata de tráfico con personas. El dueño del bote cuadra el viaje, él contacta o a él lo contactan personas que quieren ir hasta Trinidad y hace un listado, e incluso alquila los botes, también se conecta con Capitanía de Puerto, con el Seniat en lo que respecta a la aduana y migración que juegan un rol muy importante porque hay funcionarios que son los que sellan los pasaportes. Se habla que todo el procedimiento cuesta aproximadamente 500 dólares” precisó
En torno al tráfico de personas provenientes del estado Sucre y otras entidades del país se ha señalado, de manera extraoficial, la organización que opera tanto en jurisdicciones sucrenses como Güiria y Yaguaraparo (municipio Cajigal) y en islas como Trinidad, para albergar a las víctimas, mientras se conforman los grupos para realizar los traslados.
Subero, subrayó que frente a estos hechos, la población requiere no solo el pronunciamiento de las autoridades nacionales y locales, sino la garantía de seguridad ciudadana porque, en los últimos años, el comercio ilegal de productos y personas ha aumentado y ha cobrado vidas, como ocurrió con el naufragio de las embarcaciones Yonahilys José el pasado 23 de abril y Ana María el 16 de mayo, respectivamente.
Aunque en la búsqueda de los tripulantes del primer naufragio, hubo pronunciamiento oficial para garantizar siete días de búsqueda, se conoció que las labores de rescate fueron cubiertas por pescadores de la zona y solo se extendieron por una semana. Mientras que por el segundo caso registrado, no hubo pronunciamiento de autoridades nacionales o estadales.
Lo más preocupante es que luego los dos naufragios, la salida ilegal de embarcaciones ha continuado sin ningún tipo de control ni garantía de seguridad ciudadana.
Se incumplen protocolos
Ante el naufragio de embarcaciones las autoridades venezolanas incumplieron el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 y fue ratificado en septiembre de 2017; con el objetivo de combatir el tráfico de personas, aumentar la conciencia, fomentar la participación e inspirar la acción de forma exhaustiva, y asistiendo con recursos para implementar estrategias.
Las víctimas venezolanas de trata de personas aumentaron 300%, según una publicación realizada por el diario El Nacional, el pasado 27 de marzo.
“Los casos reportados pasaron de 50.000 en 2014 a 198.800 en 2018, según un informe elaborado por la Embajada del Reino Unido en el país, la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado” (http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/victimas-venezolanas-trata-personas-aumentaron-300_228539)
En la publicación se advierte la escasa información que hay en Venezuela “sobre la esclavitud moderna y los fenómenos conexos como trabajo forzoso, prostitución y servidumbre” y se señala la migración como una causa determinante.