Prensa OVV Táchira

Datos relevantes sobre el comportamiento de la violencia interpersonal en el estado Táchira, surgieron del Informe Semestral, presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira). A través de la revisión de medios se han identificado cambios en los patrones de comportamiento, y las posibles razones de estas variantes, lo cual daría pie para la formulación de políticas públicas para el abordaje y prevención de este flagelo, en aras de reducir su propagación. El estudio comprendió los meses desde enero hasta junio de 2021, con los datos de los sucesos publicados en los distintos medios de comunicación tachirenses.

Los datos recopilados en el Informe Semestral dan cuenta de un total de 91 hechos de violencia interpersonal, en los que se observa el desplazamiento de unas modalidades delictivas a otras. En primer lugar, la actuación de los Grupos armados irregulares (GAI) desplazó a los casos de muertes por intervención policial (MIP), que tuvo una disminución de 233%, tomando en consideración el primer semestre del 2020 que fue de 29,7% con 30 casos, y en 2021 de 9,89% con 9 casos. En segundo lugar, la violencia sexual hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes se incrementó en un 118,18%, si se compara con el primer semestre del año anterior, siendo que en 2020 se contaron 11 casos (10,89%) y en 2021, 24 casos (31,16%).

En cuanto a muertes violentas, se reportaron 51 víctimas, que corresponde a 13 muertes por intervención policial (25,5%) y 38 víctimas de homicidios (74,5%).

San Cristóbal con los más altos índices de violencia

Según los datos publicados en el estudio, fueron 3 los municipios en los que se concentró la mayoría de muertes violentas, incluyendo las categorías de homicidios y MIP. En primer lugar, San Cristóbal, donde el 14,7% corresponde a homicidios y el 33,3% a MIP. El municipio Junín ocupó el segundo lugar, con 2,9% de homicidios y 22,2% de MIP. De tercero, el municipio Fernández Feo, el cual registró un 20,6% de homicidios, sin incidencia de MIP.

Para el equipo que integra el OVV Táchira, la explicación de la incidencia mayoritaria en el municipio capital se debe a que el más alto porcentaje de MIP ocurrió en el área metropolitana del estado, ocasionando un incremento que lleva al municipio San Cristóbal a ocupar el primer lugar. Por otra parte, las características de la ciudad, la concentración de las operaciones comerciales, bancarias e intercambio de divisas, ofrece una mayor cantidad de oportunidades para que ocurran delitos violentos, que terminan en homicidios.

Grupos armados irregulares en Táchira

El estudio mencionado, determinó que el 36% de la violencia en el Táchira está representado por los GAI, cuya presencia se ha podido identificar en el 85% de los municipios del estado por la cercanía con el vecino país Colombia, según datos de Fundaredes.  

Específicamente, el 70% de los homicidios registrados en el primer semestre de 2021 fueron cometidos por estos grupos, cuyas víctimas fueron en su totalidad masculinas; mientras que el 30% restante de los asesinatos se vinculan a otros delitos, como robo 5 casos (15%), violencia de pareja o familia 2 casos (6%), pandillas 1 caso (3%), durante la comisión de otro delito 1 caso (3%) y otra forma de homicidio interpersonal 1 caso (3%).

Aunque estas muertes quedan sin resolver, su modus operandi tiene características muy particulares, pues las víctimas mueren por múltiples impactos de bala en la cabeza, y los cadáveres se hallan maniatados, con los rostros cubiertos y con varias partes del cuerpo quemadas. Estos rasgos han sido adjudicados a la actuación de dichos grupos, según lo relata el principal diario periodístico de la región, narraron los miembros del OVV en el Táchira.

Incremento de la violencia sexual

Según los registros del Observatorio de Prensa (OP) del OVV Táchira, los casos de abuso sexual hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes, alcanzaron un 31,16%. Esta cifra se refiere explícitamente a casos de actos lascivos, violaciones sexuales, otras agresiones de tipo sexual, que han tenido lugar durante la consecución del confinamiento causado por la pandemia. La comparación de estos datos con el primer semestre de 2020, demuestra un incremento de 118,18%, pues el año pasado hubo 11 delitos de este tipo (10,89%) y en 2021, 24 casos (31,16%).

Explicó el equipo del OVV Táchira, que una hipótesis de este dramático aumento es que esta conducta ilegal se ha elevado, debido a la convivencia prolongada que ha tenido el agresor con su víctima, creándose así la oportunidad para delinquir. Todo esto impulsado por el ocio y la ausencia de productividad en las familias, que ha generado frustración y agresión dentro de ellas.

Resalta del informe, que la victimización del sexo femenino tuvo un aumento del 223%, frente a los datos procesados durante el primer semestre de 2020.

El documento destaca, también, que en 28 casos (59%) los victimarios fueron conocidos o familiares de las víctimas: pariente consanguíneo 14 casos (30%), vecino 11 casos (23%), y otro miembro del hogar 3 casos (6%). Según la información aportada por los registros de los medios consultados, los principales agresores sexuales son los padres, padrastros, abuelos, tíos, padrinos y vecinos. “Es deber resaltar que los afectados han denunciado a los agresores ante los órganos de seguridad del Estado en aras de hacer justicia, los cuales han brindado una respuesta eficiente a cada uno de los sucesos de abuso registrados, pues han logrado la aprehensión oportuna del imputado. No obstante, la sola actuación del aparato represivo del Estado es insuficiente, pues es necesario que las víctimas reciban asistencia para recuperarse física y emocionalmente del daño causado, y aminorar las secuelas que este hecho ocasiona en una persona”, afirman los miembros del OVV en Táchira.

Aunado a esto, es de destacar que la fuerza física fue el medio más empleado para perpetrar este delito, con una frecuencia de 35 casos. Este hecho representa un aumento alarmante, en comparación con las cifras que arrojan los datos del primer semestre de 2020, que fue de 18 casos, constituyendo entonces un incremento del 94,44%.

Disminución de la violencia policial

La violencia policial en Táchira registró una incidencia del 9,89% de los datos procesados en el primer semestre de 2021, mostrando una disminución del 233% en comparación con los datos del primer semestre de 2020 cuya ocurrencia fue 29,70%. Sin embargo, los casos registrados en la actualidad se caracterizan principalmente por tratarse de “enfrentamientos” donde los ejecutados eran presuntos delincuentes implicados en delitos de robo y hurto de vehículos.

“Aunque la cifra de MIP ha disminuido, la violencia represiva y letal de los cuerpos de seguridad sigue estando presente, pues no existe cumplimiento de las políticas preventivas, y su actuación va en detrimento del derecho a la vida y el respeto por los derechos humanos en la entidad andina”, afirmó la investigadora del OVV en la región. El cuerpo de seguridad al que más muertes le son adjudicadas es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 8 muertes que representan el 88,9% de los casos; mientras que una muerte estuvo a mano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el 11,1%.

Según Anna María Rondón, coordinadora del OVV Táchira, la violencia en la entidad da cuenta de un estado de profundo deterioro de las normas de convivencialidad, y los datos de este estudio son evidencia de esta afirmación. “Es lamentable el alto índice de violencia sexual en el estado, y aunque la acción punitiva del Estado está presente, es necesario aplicar políticas de prevención general y especial para evitar que sigan ocurriendo este tipo de acciones, que incurre sobre las poblaciones más vulnerables. El uso de la fuerza física como medio de violencia con mayor incidencia, expresa un tipo de maltrato que deja huellas imborrables, máxime cuando proviene de familiares directos o conocidos de las víctimas”. Expresó Rondón.

Continuó relatando Rondón, que el mayor número de muertes por homicidio ha sido protagonizado por GAI, lo cual indica que dichos actores han tomado poder en gran parte de la región, aunque se hayan aumentado los controles y restricciones de movilidad a propósito de la pandemia. No obstante, -considera- se observa como un cambio positivo para la sociedad tachirense que las MIP hayan disminuido en tan alto porcentaje, entendiendo que la garantía de los derechos humanos de las víctimas, es indicador de la existencia de un Estado de derecho necesario para la evolución de las sociedades.

Por último, propone la coordinadora del OVV Táchira, que los datos cuantitativos obtenidos en el estudio y expuestos en el Informe Semestral, constituyan un adelanto para un diagnóstico de diseño de políticas públicas de acción policial, y otros enfoques de la prevención de la violencia, así como para organizaciones de la sociedad civil interesadas en la defensa de los derechos sociales.