Prensa OVV Mérida

Investigadores del OVV Mérida, mediante la aplicación de procedimientos matemáticos de ajuste, lograron estimar que en el período que va del año 2001 al 2020, muchas muertes etiquetadas como “de intención no determinada”, se trataron en realidad de casos de violencia autoinfligida. Es decir, debido al subregistro, cientos de muertes que en su momento no fueron aclaradas, se tratarían de probables casos de suicidios en el estado Mérida.

No resulta nuevo indicar que el estado Mérida es la entidad de Venezuela con la mayor tasa de muertes autoinfligidas. Esa ingrata posición que ocupa este estado andino, desde hace varios años, se ha construido sobre la base del manejo estadístico donde se establecen las cifras anuales de muertes por suicidio.

Ahora, una nueva revisión de las estadísticas oficiales no públicas vinculadas a las muertes autoinfligidas, emprendida por el equipo de investigadores del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida), ha encontrado que existen, en las últimas dos décadas, cientos de casos de muertes cuyas causas no fueron establecidas en su momento, pero que pueden sumarse a los casos de muertes por suicidio.

Aplicando lo que denominaron como “un procedimiento matemático de ajuste”, los investigadores revisaron, con especial atención, las cifras de defunciones ubicadas en el renglón de las Muertes de Intención No Determinada (MIND, por sus siglas), desde el año 2001 hasta el 2020. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las MIND pueden entenderse como aquellas “muertes donde la información disponible es insuficiente para que las autoridades médico-legales puedan determinar la intencionalidad, por lo cual no pueden ser clasificadas como homicidios, suicidios, accidentes o bajo otra categoría de causa de muerte”. Es decir, las MIND constituyen ese abultado renglón de muertes cuyas causas no se conocen. El OVV Mérida en varios de sus informes ha advertido a la colectividad merideña que en la última década este segmento de las estadísticas ha crecido de forma significativa hasta llegar a afectar la percepción de las causas reales de las muertes violentas que acontecen en la entidad, lo que a su vez se vincula con la magnitud del subregistro, referido, éste último, al acto de no revelar o reportar completamente cierta información, ya sea intencionalmente o no, lo que no permite determinar de forma rigurosa las verdades ocultas que pueden quedar enmascaradas por esos datos inexactos o incompletos.

¿Qué hay detrás de las MIND?

La investigación más reciente desarrollada por el OVV Mérida, dedicó una especial mirada al estudio del subregistro de las cifras de muertes por lesiones autoinfligidas (suicidios) en esta entidad andina. Para este propósito, fueron utilizadas cifras oficiales no públicas provenientes de instituciones del ámbito de la salud del estado Mérida, cifras disponibles que permitieron observar el período 2001-2020.

En este proceso de escrutamiento estadístico, se logró contabilizar un total de 1.429 casos de muertes autoinfligidas dentro de las estadísticas de casos comprobados por esta causa de muerte, en el ya indicado período de 20 años. A medida que la revisión avanzó los investigadores determinaron que la cifra de muertes atribuidas al suicidio resultaba ser un número más elevado.

“Se aplicó una metodología basada en un procedimiento matemático de ajuste, que permitió extraer de la categoría de muertes de intención no determinada (MIND), un conjunto de casos que probablemente se constituyen como muertes autoinfligidas”, aclaró el OVV Mérida sobre la investigación. Esto significa que dentro de la categoría de las MIND quedan “ocultos” probables casos de suicidios, por lo que, si las cifras no son ajustadas a este subregistro, los resultados que se van a derivar muy probablemente no se van a aproximar a la realidad imperante.

En concreto, en esta investigación se contabilizó que el total de muertes cuyo origen no fue aclarado por las autoridades médico-legales, es decir la cifra de MIND, alcanzó los 1.673 casos durante el lapso observado.

“Entonces -explicaron los investigadores- luego de aplicar el procedimiento matemático, de las 1.673 muertes ubicadas en las MIND se extrajeron 738 casos de probables casos de muertes autoinfligidas que se le suman a las 1.429 muertes iniciales, que se refieren a los casos comprobados. Esto arroja una cifra estimada total de 2.064 casos (cifra total estimada 2001-2020), lo que en otros números significa un subregistro estimado de 35,7% en todo el período observado”.

Un subregistro perturbador

Este resultado generado, es decir de que las muertes por suicidio en el estado Mérida, del 2001 al 2020, no sean 1.429 sino probablemente 2.064 (a partir de las recientes estimaciones del OVV Mérida) conduce a terminar de corroborar por los investigadores lo que desde el año 2017 vienen acotando y mostrando con estudios pasados empleando otros procedimientos y fuentes de información: “la tasa de muertes autoinfligidas ha venido en ascenso en Mérida…con algunos altibajos según el año específico que se analice”. Y, también, para los investigadores, esta revisión lleva a apuntar hacia la enorme distorsión que ejerce el subregistro de casos de suicidios (y también de homicidios) sobre el complejo tema de las muertes violentas.

“Se aprecia un incremento casi sostenido en el subregistro de casos de muertes autoinfligidas en Mérida desde el año 2006, pero con mayor fuerza desde 2013. Para dar una idea al lector de cuán importante ha sido dicho incremento, para 2006 el porcentaje de subregistro estimado de estas muertes fue de 11,3%, mientras que para 2013 ya había alcanzado 26,2%. No obstante, en 2015 superó el 57% pero en 2017 y 2018 -años en los que consideramos se alcanzaron los mayores valores- el subregistro alcanzó el 72 y 74% respectivamente”, detallaron los investigadores del OVV.

Aclararon, además, que, si bien en los años 2019 y 2020 el subregistro exhibió una aparente caída, “sus valores continúan siendo significativos rondando entre el 48 y 60% respectivamente”. Por otro lado, en años más recientes (2021-2023), las estimaciones del equipo de investigación apuntan a que el subregistro en Mérida de la causa de muerte en cuestión podría seguir superando el 50%.

No es sólo Mérida

Vale aclarar que pese a que el estudio hizo una especial diferencia de las cifras para el estado Mérida (por ser en el que se expresa con mayor incidencia el problema de la violencia autoinfligida), esta investigación, en realidad, abarcó el contexto nacional venezolano, donde en este caso se emplearon cifras de muertes autoinfligidas registradas en los Anuarios de Mortalidad publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), período 1995-2016. Por cierto, las cifras de mortalidad de 2016, que se publicaron en enero de 2021, son las estadísticas de defunciones más recientes que se conocen en Venezuela.

Este último aspecto evidencia, para el OVV Mérida, “el retraso existente, en años, de las fuentes de información que se publican en Venezuela que sirven de base para el estudio de la mortalidad en el país y en específico para el abordaje de las muertes por lesiones autoinfligidas”. Además, la desactualización oscila entre 5 y 19 años, dependiendo de la fuente de que se trate (Anuario Estadístico de Venezuela, Anuario Venezuela: Estadísticas Vitales y Anuario de Mortalidad).

En todo caso, para el contexto venezolano el subregistro promedio del periodo estudiado resultó ser de 38,9%, mostrando también un aumento en sus cifras desde el año 2001. Su mayor incremento se observó entre 2010-2016, arrojando un valor promedio de 47,2%.

Los investigadores aprovecharon para explicar que por ahora se “desconocen las razones por las cuales se ha incrementado el registro de MIND en Mérida y en Venezuela en general”.

Pese a no existir claridad sobre este polémico renglón de muertes de intención no determinada, el OVV Mérida estima que algunos posibles factores explicativos puedan ser, entre otros, el precario funcionamiento de las instituciones de Medicina Legal o Morgue Judicial; inexistencia de estas instituciones en algunas jurisdicciones; médicos legistas que informan solo la lesión sin mención de la circunstancia que provocó la muerte (que permitiría identificar la intencionalidad); deficiencia en la formación médica y técnico-administrativa para el correcto llenado de los registros de defunción; la poca consciencia sobre la importancia de la información y del llenado correcto de los registros estadísticos; supuesto compromiso para el médico legista cuando asigna una circunstancia que podría potencialmente relacionarse con la causa jurídica del fallecimiento (aunque se encuentre protegido por el secreto estadístico); omisiones de hospitales y comisarias que no completan correctamente los instrumentos correspondientes.

Finalmente, la investigación apunta a lo inconveniente del creciente subregistro en las cifras de las MIND, en el sentido de que no contribuye de forma oportuna con el diseño de políticas públicas que conduzcan a controlar y prevenir el incremento de las muertes autoinfligidas en Venezuela, tal como ya lo han mostrado varias investigaciones del propio equipo de investigación. Por otro lado, si a este subregistro se le suma la desactualización de las estadísticas oficiales públicas de mortalidad en Venezuela, se llega a un escenario que privilegia el no conocimiento de la realidad imperante en el país en este aspecto demográfico y al oscurantismo de las cifras de muertes autoinfligidas.