El Nacional
Isaac González Mendoza
4 de marzo 2016
Son las 3:00 am y ya hay personas haciendo cola para comprar alimentos en el Día a Día de la avenida Sucre de Catia. La actividad pasó de ser una anomalía a una rutina. A eso de las 11:00 am, cuando ya la cola está a una distancia considerable del supermercado, la gente espera en la parte trasera del comercio para ver si el camión que transporta los productos llegó, así conocen qué se venderá ese día.
Algunos compradores esperan sentados en el suelo. Muchos optan por llevarse un paraguas para evitar una insolación. A medida que pasa la jornada, la cola se alarga y surgen las conversaciones, en general sobre la insatisfacción de la calidad de vida. “Hasta donde hemos llegado”, manifiesta una señora, quien añade que durante tres días ha hecho colas en distintos establecimientos en búsqueda de café. Otro señor expresa que el problema es la guerra económica y mediática que impulsa la oposición. “¿Cuál guerra económica, mijo? Si el gobierno tiene la mayoría de las empresas. Vamos a tener que trancar las calles”, le espeta otra persona.
El reloj marca las 5:00 pm y todavía hay muchas personas esperando para comprar. Pero un empleado del Día a Día sale y dice que se acabó la Harina Pan. Antes había anunciado que no quedaba papel sanitario ni leche en polvo. “Lo único que hay es pasta”, expresa.
Hay gente que pasa todo el día haciendo colas para adquirir productos en este y diferentes comercios y, al final, algunos se quedan con las manos vacías. A este problema se suman los cortes eléctricos, la falta de agua y la inseguridad. El mecanismo utilizado por quienes llegan a un límite ante la situación ha sido la protesta.
La Real Academia Española define “protestar” como “dicho de una persona: expresar, generalmente con vehemencia, su queja o disconformidad”. En el artículo 68 de la Constitución se garantiza el derecho que tienen los ciudadanos a manifestar pacíficamente. Además se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas durante el control de esta actividad. “La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”, finaliza.
Semanalmente se reportan manifestaciones en todo el país. Esta actividad se realiza en la actualidad, generalmente, por falta de agua.
El pasado 22 de febrero hubo una serie de protestas por esta causa en varios sectores de Petare, que terminó con enfrentamientos entre funcionarios de la Guardia Nacional y los manifestantes. La gente lanzó piedras a los efectivos y estos respondieron con bombas lacrimógenas. Se pueden mencionar otros casos, como la protesta del 29 de febrero en Nueva Esparta, que se llevó a cabo frente a Hidrocaribe. Otras dos se reportaron en Valencia: la primera fue en el municipio Los Guayos, donde un grupo de vecinos quemó cauchos por falta de agua y fallas en el servicio eléctrico; la segunda se realizó frente al llenadero de camiones cisternas de Naguanagua, debido a que el municipio tenía 15 días sin agua. Igualmente, hubo manifestaciones en Barinas y Falcón. Ayer se reportaron protestas en Vargas y Mariches.
Otra tendencia que ha crecido en Venezuela para expresar insatisfacción es la del saqueo. Aproximadamente seis saqueos e intentos de saqueos ocurren semanalmente en el país, de acuerdo con Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Este jueves se produjo un intento en Quinta Crespo, donde acudieron funcionarios de la Guardia.
“Es importante destacar que cerca de 50% de los saqueos no se concreta”, agregó. En su mayoría, los intentos de saqueo se llevan a cabo contra establecimientos de alimentos y cadenas de farmacias, aunque también se han visto casos de despojos de mercancías a vehículos de carga que transportan comida y productos de higiene, incluso, a los que contienen materiales de construcción. “Las personas están identificando las rutas de distribución”.
Ponce indicó que desde el OVCS se ha observado que hay manifestaciones que se tornan violentas cuando la Guardia y la Policía Nacional intervienen. Recordó entonces la protesta de Petare por agua, en la que los funcionarios usaron bombas lacrimógenas. Lo que preocupa es que, ante acciones masivas, se pudiese generar una reacción en cadena, por lo tanto, el presidente Nicolás Maduro debe dar respuestas democráticas a las demandas sociales y populares, sugirió el activista por los derechos humanos.
“La respuesta del gobierno hacia las manifestaciones ha sido la represión. (…) Uno observa, cuando hace monitoreos, que en las manifestaciones los policías poseen armas automáticas. Además, con el uso de sustancias tóxicas no solo afectan al manifestante, sino a otras personas que podrían vivir cerca, como adultos mayores”. Acotó que a medida que el gobierno castigue más las protestas, estas aumentarán sus niveles de violencia.
Ponce explicó que los venezolanos pierden la paciencia ante la falta de respuestas concretas a sus problemas por parte de las autoridades, por ello, cruzan la línea hacia la violencia. Destacó que las protestas no son premeditadas, estas suceden de manera espontánea, lo que desestima el argumento de algunos miembros del gobierno de que los manifestantes intentan desestabilizar.
Por su parte, Marino Alvarado, activista por los derechos humanos, dijo que el país está marcado por el descontento, la angustia (sobre todo por la escasez de productos) y la desesperanza. Esta última tiene que ver con que la gente es consciente de que no hay soluciones inmediatas a sus problemas.
La situación es compleja porque, en el momento menos esperado, podría ocurrir un estallido social. “Ojalá que no se dé, porque perderíamos todos. Sería peor que el Caracazo”, aseguró. El lenguaje de confrontación entre los bandos políticos es un estímulo para la intolerancia, indicó. Añadió que lo mejor es que se constituyan acuerdos entre la oposición y el gobierno con la finalidad de atender los problemas nacionales.
“Tienen que bajarle el tono a ese discurso. Porque si ellos no lo hacen, serán responsables de llevar al país a caminos de violencia”, manifestó.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), ve con poca esperanza un cambio en la política. Dijo que el gobierno, en lugar de rectificar sus errores, emplea estrategias que agravan la situación de los más pobres. “Quienes pagarán la crisis serán los más pobres. Se aumentó la gasolina y se devaluó la moneda, decisiones que incrementarán la exclusión social. (…) La Asamblea tiene el reto de revertir todo el andamiaje legal e inconstitucional de las leyes restrictivas”, opinó.
Los tres expertos coincidieron en que el escenario social actual es similar a cómo se vivía antes del Caracazo. Inti Rodríguez sostuvo que hay muchos factores que guardan semejanza: la inflación, la escasez de productos, los obstáculos que impiden las manifestaciones y la represión. “Todas esas situaciones que generaron el Caracazo están presentes hoy”, dijo.
Marino Alvarado mencionó que en 1989 había deficiencia en los servicios públicos y poca confianza en las instituciones. “En este momento hay mucha frustración acumulada”, agregó. No obstante, señaló que la diferencia es que en este siglo la ciudadanía conoce la experiencia de aquella manifestación social, por lo que comprende que no convendría un hecho igual.
“Otra similitud es que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez la respuesta contra las protestas no fue democrática, lo que tampoco ocurre hoy. Aquí, lamentablemente, hay un nivel de represión a la protesta. Ese componente también es preocupante”, señaló el activista.
Marco Antonio Ponce, por su parte, indicó que el Caracazo ocurrió como resultado de una serie de medidas económicas implementadas por el gobierno de turno. En cambio, en la Venezuela actual, el impacto ha crecido por las estrategias políticas de los últimos tres años. “Hay que destacar el aumento de la criminalidad, que vulnera los derechos humanos de la población”, aseveró.
82% las protestas de 2015 fueron por demandas sociales
De acuerdo con el OVCS, 82% de las protestas del año pasado se realizaron por demandas sociales, es decir, por derechos como la vivienda, los servicios públicos y los alimentos. Una parte significativa de ese porcentaje se identificaba con el chavismo, detalló Ponce.
Los motivos de las manifestaciones de 2015 fueron: el derecho laboral (33%), el derecho a la vivienda (26%), que se vincula con los servicios de agua y electricidad; y la escasez de alimentos y medicamentos (18%). “Básicamente son las mismas que en 2016, que son producto de políticas públicas deficientes”, explicó.
Acerca de la inseguridad, el director del OVCS indicó que a pesar de ser uno de los problemas que más aqueja a la población, el número de protestas no ha sido tan alto. Esto se debe a que la gente, con el nivel de impunidad que hay, teme manifestar contra los delincuentes que viven en sus mismas zonas. “Obviamente eso tendrá consecuencias contra sus familias”.
Modalidades de protesta: cierres de calles, concentraciones frente a sedes de instituciones públicas, marchas, cacerolazos (en especial cuando hay apagones), vigilias y entregas de volantes.
Venezuela pacífica: en el país siempre ha habido una cifra histórica consolidada. 98% de las protestas han sido pacíficas, de acuerdo con OVCS. Pero Ponce advirtió que ese 2% violento varió el último año a 6%.
Intentos de linchamiento y linchamientos:
Para que el linchamiento se produzca, la persona atacada debe fallecer. Si esto no sucede, se le conoce como intento de linchamiento, explicó el director del OVCS, quien advirtió que se ha visto un aumento de estas acciones.
Motivado a la impunidad, los ciudadanos buscan hacer justicia por su cuenta. “La gente cada vez justifica y ve con buenos ojos el linchamiento o el intento de linchamiento. Su difusión en redes sociales deja claro el comportamiento de las personas. El punto de la anomia social es que si el Estado no les garantiza la justicia, la toman con sus manos contra presuntos delincuentes”.
Casos registrados recientemente:
27 de enero: Yari Fe Rivero murió en un CDI del Zulia tras ser atacado a golpes por vecinos, quienes lo encontraron robando en una casa, informó Versión Final.
15 de febrero: se reportó que un sujeto fue golpeado por ciudadanos en la estación del Metro Altamira. Presuntamente intentó robar a un usuario. El personal del sistema de transporte lo custodió para que no lo lincharan.
25 de febrero: dos delincuentes, que intentaron robar en Táchira, estuvieron a punto de ser quemados por personas que se percataron de su plan, informó La Nación.
2 de marzo: un hombre, que intentó robar en la Universidad de Carabobo, fue golpeado por estudiantes de dicha casa de estudios.
2 de marzo: un delincuente, que le robó el celular a una mujer embarazada, fue golpeado por varias personas en la estación de gasolina de La Floresta.
Fuente: