Prensa OVV Lara
Desde el inicio del confinamiento por el Coronavirus anunciado por el gobierno central en marzo de este año, en el estado Lara se han producido varias formas de violencia, unas de tipo delincuencial y otras de tipo policial.
Con respecto a la de tipo policial, el diario La Prensa de Lara registró durante el mes de abril un total de 27 muertes violentas, de las cuales 23 se debieron a presuntos enfrentamientos con funcionarios de seguridad del Estado: Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); Policía de Lara (Polilara); Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“La violencia de los cuerpos de seguridad es la más letal y no ha disminuido. Desde que se estableció la cuarentena y el decreto 04039 de la gobernación de Lara, continúan las prácticas de detenciones arbitrarias y ejecuciones, con el argumento de resistencia a la autoridad”, explicó el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), Carlos Meléndez.
Por otra parte, la exigencia de derechos a través de la protesta, que habitantes de comunidades afectadas han manifestado por la deficiencia de servicios públicos, en especial en los municipios Torres, Urdaneta, Morán, Iribarren y Palavecino, ha tenido una respuesta violenta por parte de los cuerpos de seguridad. Éstos han detenido a personas que solicitaban eliminar los cortes del servicio eléctrico -que en algunas ocasiones son de hasta 12 horas diarias-, además de reclamar mejoras en la distribución de agua potable, gas doméstico y, como agregado, la falta de gasolina.
Delitos contra la propiedad
Durante los meses de cuarentena social, ciudadanos del estado Lara han denunciado el incremento de robos y hurtos a la propiedad en varios municipios de la entidad. Los protagonistas del delito forzan cerraduras y vulneran cercos eléctricos para irrumpir en comercios, desde donde sustraen artefactos, víveres y alimentos; mientras que en las viviendas hurtan bombonas de gas, cocinas eléctricas y hasta tanques, bombas de agua, ropa y calzados. También ha sido sistemático el hurto de equipos en las universidades de la región, en las escuelas y en las iglesias católicas.
La adaptabilidad del crimen a un entorno de emergencia compleja ha tenido expresiones como las que se padecen en Lara. Se ha observado la maximización de las tendencias que el delito había mostrado en los últimos meses antes de anunciado el estado de alarma en Venezuela. Por una parte, mayor hegemonía de los cuerpos policiales en algunas formas de violencia, también el robo a la propiedad y, por otra, el delito famélico, explicó el profesor Meléndez.
Delitos famélicos
Por muchos años se ha discutido en la literatura sobre el crimen, las vinculaciones entre la pobreza y el delito; muchas de las tesis reduccionistas que afirmaban que se delinque por la condición de pobreza fueron superadas con los avances de los estudios sobre la violencia. Contraria a esas tesis, existen algunos consensos importantes que explican, por ejemplo, que ser pobre te hace más propenso a sufrir los difentes tipos de violencia que en las sociedades latinoamericanas existen, y sin duda es así, los pobres venezolanos, en la medida que las condiciones de emergencia se profundizan, se hacen más vulnerables.
Sin embargo, han cambiado algunas realidades. Las guerras entre bandas en algunos barrios de las grandes ciudades han disminuido, por ende, morir de una bala perdida es menos probable que en la primera década del siglo XXI. Ahora es más probable que se hurte la comida de la casa o que asalten para robar la bolsa de los alimentos comprados en el mercado. Ahora es más probable que en las noches, a propósito de los cortes eléctricos, se lleven las bombonas de gas de las zonas más pobres. El empobrecimiento estructural en Venezuela ha dado nuevas forma al delito famélico en las distinas regiones del país.
Por estas razones, para el profesor universitario, Carlos Meléndez, “debe existir una política pública integral que garantice la estabilidad jurídica, el abastecimiento y distribución de insumos, el mejoramiento de la educación, equipamiento a los cuerpos policiales y, en general, una visión humana de la seguridad”, afirmó.