El Comercio
Álex Vásquez S.
11 de enero 2014
Expertos coinciden en que la protección de los ciudadanos debe estar en manos de civiles
El asesinato de la actriz Mónica Spear encendió las alarmas en el gobierno. El presidente Nicolás Maduro dijo que asumía la responsabilidad que le corresponde por la violencia y decidió continuar con la política de militarización de la seguridad ciudadana de los últimos 15 años. Movió dos piezas para aplicar “mano de hierro” contra la delincuencia: designó al capitán retirado del Ejército Ronald Blanco La Cruz nuevo rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y al general de brigada retirado del Ejército Manuel Eduardo Pérez Urdaneta director de la Policía Nacional Bolivariana.
Especialistas consideran que militarizar la seguridad ciudadana ha sido una política errada durante los 15 años del chavismo, pues no ha dado resultados efectivos. El último informe del Observatorio Venezolano de Violencia evidencia que desde 1998 hasta el presente los homicidios se han quintuplicado. En 1998 hubo 4.550 asesinatos y en 2013 la cifra ascendió a 24.763, con una tasa de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El acumulado en esos 15 años es de 133.000 muertes.
Los 22 planes de seguridad que ha aplicado el oficialismo en 15 años han privilegiado la militarización de la seguridad. “Las políticas públicas se miden por sus resultados y esos planes no han dado buenos resultados. Se activó el Dibise, estrictamente militar, y no funcionó. ¿Por qué? Porque el país no ha tenido un sentido de la ley, norma y convivencia”, expresó el director del OVV, Roberto Briceño León.
Asegura que la seguridad ciudadana no es un asunto militar, sino de normas, convivencia y paz que debe estar en manos de civiles. “Los militares están preparados para la guerra, pero la ciudadanía es la ausencia de guerra. Hay que aplicar la ley, lo que es un asunto ciudadano”, agregó.
Recordó que en 2006 la Comisión Nacional de Reforma Policial recomendó que los jefes de seguridad fueran civiles y no militares, y que se retirara a la Guardia Nacional Bolivariana de las calles. No se cumplió.
“Al final uno no entiende mucho las designaciones, pero si lo que quiere expresar es que va a hacer un esfuerzo por hacer aplicar la ley, eso está bien. Pero también pudiera hacerse con personas civiles”, agregó.
El artículo 6 de la Ley del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana señala: “El Servicio de Policía es de carácter civil y profesional, lo cual se manifiesta funcionalmente en su mando, personal, dirección, estructura, cultura, estrategias, tácticas, equipamiento y dotación”.
Pero los nombramientos no son la única señal de la militarización de la seguridad. El jueves Maduro dio una orden: “Los cuerpos policiales tienen que tener máxima disciplina policial, una disciplina militar”.
La coordinadora de la comisión de derechos humanos de la MUD, Delsa Solórzano, aseguró que el empeño militar no es nuevo. Dijo que de los 22 planes en materia de seguridad -que considera planes, sino actividades de emergencia- todos, menos la Misión a Toda Vida Venezuela, no han sido más que procedimientos de acción militar.
“Hay un alto desconocimiento del Estado en materia de seguridad. Pareciera que su único modelo real es el de la represión, porque los militares están hechos para reprimir. Ninguno de esos planes ha sido eficiente”, expresó.
Opina que colocar a más militares en funciones de seguridad ciudadana equivale a decir que el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, ha sido efectivo. “¿Miguel Rodríguez Torres ha sido exitoso? No. Patria Segura y los militares en las calles solo han traído consigo el incremento de asesinatos”, señaló.
Briceño afirmó que la solución no se encuentra ni en la mano floja, que es no aplicar la ley, ni en la mano dura, que significa el abuso con la presencia militar. “Lo que necesitamos es la mano justa. Tanto no aplicar la ley como reprimir llevan a una destrucción de la ley como mecanismo regulador de la justicia social”, añadió.
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