La crisis social, económica y humanitaria en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), se ha manifestado en una diversidad y un creciente aumento de delitos contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Ese grupo de la población se ha visto expuesto ante los delitos cometidos por grupos criminales, muertes causadas debido a la intervención de funcionarios policiales, por explotación sexual a través de las redes sociales que buscan captar sobre todo a los jóvenes, y por una violencia protagonizada por padres, madres, parientes, vecinos o conocidos.
En el análisis de la complejidad y diversidad de las violaciones, y de los contextos en los que se presentan estos delitos, se ha observado la mortalidad y daños físicos y psicológicos infringidos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través del homicidio, intentos de homicidios, agresiones, abusos y explotación sexual, que han afectado gravemente y violado sus derechos fundamentales establecidos claramente en la LOPNNA, así como las responsabilidades para su protección.
Resultado del monitoreo y análisis sobre la violencia y mortalidad de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el AMC, realizado por el Observatorio de Prensa (OP) del Observatorio Venezolano de Violencia de la Región Capital (OVVRC), durante el periodo enero-octubre 2021, se evidenciaron 21 casos de muertes. En estos sucesos estuvieron involucradas personas conocidas, con vínculos y cercanas a este grupo, entre cuyos agresores se identifican familiares. No obstante, es necesario mencionar que esa mortalidad fue ejercida también por personas desconocidas, grupos delincuenciales y bandas criminales. La acción policial, por su parte, también produjo muertes violentas de adolescentes y jóvenes, en el contexto situacional de los operativos y enfrentamientos con las bandas delincuenciales, arrojando un saldo de 11 casos registrados por el OP en los primeros diez meses de 2021, y ambos sucesos alcanzaron a sumar 32 víctimas de homicidios.
En el informe anual del OVV de Región Capital de 2021, destacamos esta violencia homicida intencional, con asesinatos a NNAJ, cuya mayor proporción de víctimas fue de los adolescentes con 52,38% de los casos, y los jóvenes con 38%, y en menor proporción menores entre 0 y 11 años. La letalidad policial alcanzó 82% de los casos contabilizados por el OP, fue dirigida a los jóvenes de 18 a 24 años, casi todos del sexo masculino (90%), profundizando su situación de vulnerabilidad. El aumento porcentual de la mortalidad de los jóvenes como principales víctimas, se explica por estar en un contexto más propenso para su incorporación a la estructura criminal de las pandillas y las bandas armadas organizadas, una realidad expuesta en el reciente informe de Cecodap (2022), sobre el reclutamiento de infantes y adolescentes de los barrios de El Cementerio y La Vega, y su incorporación a la estructura criminal de la megabanda de la Cota 905, en municipio Libertador, de Caracas. Posteriormente, estos menores y adolescentes que se inician en el tráfico de drogas y robos, muchos de ellos siendo ya jóvenes, pasan luego a ser objeto de los enfrentamientos con los cuerpos policiales, por lo que, nos atrevemos a inferir, esta realidad está reflejada en las cifras de víctimas arriba mencionadas. Cabe destacar que estos jóvenes murieron presuntamente por haberse resistido a la autoridad, aunque hay versiones de familiares o vecinos, que mencionan que estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales y de violaciones a los Derechos Humanos. Entre las situaciones de violencia registradas por el OP, se encuentran aquellas vinculadas a las bandas y la intervención de los cuerpos policiales, como es el caso de un joven de 23 años asesinado frente a sus familiares, y el de un adolescente de 17 años que recibió un impacto de bala en la calle Independencia, ambos en La Vega.
Las magnitudes de la violencia observada durante 2021, ha estado protagonizada por la mortalidad, poniendo en evidencia que, tanto la violencia homicida intencional, cometida por la delincuencia organizada, como la policial en el AMC, ponen en riesgo a los adolescentes y jóvenes. Esta realidad no deja de ser preocupante por las consecuencias que estas muertes prematuras representan para las familias, porque se han convertido en una población vulnerable y desatendida.
Otras formas del delito fueron protagonizadas con agresiones, violencia sexual y explotación producidas por familiares y conocidos, en el habitar familiar y en los ambientes cercanos. Los resultados del OP muestran casos de violencia de abuso sexual que afectaron gravemente a: dos menores, uno de 10 y otro de 11 años; un padrastro, quien seduciendo a las hijastras y una vecina abuso de estas adolescentes. Asimismo el director de una escuela musical que agredió sexualmente a menores de edad. Destaca también la agresión de una madre a su niño de un año y cuatro meses maltratándolo con cigarros prendidos en el cuerpo, son ejemplos de algunos casos. Otros eventos reportados por la prensa señalaron también a 15 adolescentes y jóvenes que fueron objeto del delito de explotación sexual en varias redes de captación de adolescentes y jóvenes extendidas en el AMC.
Estos delitos predominantes de la violencia interpersonal y por intervención policial, se han incrementado contra la población de NNAJ, quienes pasan a ser objeto y víctimas de la mortalidad y el maltrato que viene acaeciendo en la región capital. Cabe destacar del Informe del OVVRC 2021, la distribución geográfica en el AMC de los delitos hacia NNAJ, donde los 21 eventos de homicidio se concentraron en los municipios Libertador (55%) y Sucre (40%), territorios en los que se concentran y superponen las muertes causadas por intervención policial.
La crisis económica que afecta a todos los sectores de la población hace más vulnerables a niñas y adolescentes de familias, en general, de escasos recursos que viven en los barrios. La situación se ha caracterizado por la existencia de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y de género, la omisión o trato negligente y otros tipos, que forman parte de la violencia estructural y la crisis humanitaria compleja que se vive en el país. Esta violencia ha estado influenciada por la idea y el trato que culturalmente se le ha dado a la infancia y la adolescencia con prácticas violentas naturalizadas, como formas de crianza aceptadas aún en la sociedad.
La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias, sobre todo en estos tiempos en que los delitos ocurrieron con más frecuencia a partir de la cuarentena y el confinamiento por la pandemia de Covid-19, y han seguido durante este período de desconfinamiento social. Es importante crear mecanismos de resolución de conflictos, para convertir los hogares en ambientes adecuados y seguros para la convivencia respetuosa y tranquila de las familias.
Es posible prevenir el maltrato infantil, los abusos sexuales hacia las y los adolescentes y jóvenes antes de que se produzca, para ello es necesario establecer ejes de acción y activar oportunamente las medidas de atención y protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en las casas como fuera de éstas. Asimismo, tal como lo establecen los artículos 335 y 336 de la LOPNNA, es de obligatoriedad del Estado prever los recursos necesarios que permitan fortalecer su estructura operacional y funcional
Se hace necesario, igualmente, que el Estado impulse estrategias obligatorias de prevención para la seguridad de los NNAJ en los territorios y los sectores donde los múltiples delitos se han venido manifestando, reconociendo la necesidad de atender el fenómeno de la violencia desde un enfoque multidisciplinario, procurando estudiar su origen multicausal y sus complejidades.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia Región Capital.