Prensa OVV Falcón
Durante febrero de 2022, los operativos antidrogas implementados por los cuerpos policiales del estado Falcón han desencadenado en situaciones de violencia policial, lo cual se traduce -en muchos casos- en violaciones de derechos humanos.
El informe anual de violencia del Observatorio Venezolano de Violencia en Falcón (OVV Falcón) del año 2021 estimó que al menos 98 muertes ocurridas en el estado, se debieron a una intencionalidad indeterminada, registradas oficialmente como muertes en averiguación, que se consideran son homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar. En 2020 fueron reportadas cincuenta y dos (52) muertes en averiguaciones, que en comparación con las noventa y ocho (98) de 2021 mostraron un repunte del (50,96%). Algunas de estas muertes se refieren a casos ligados al narcotráfico.
Es importante destacar que para 2021, las tasas de violencia por cada 100.000 habitantes en la región, ubicaron en 10,8 las muertes por averiguación y en 2,9 las desapariciones.
Sin cuantificación
Para el OVV Falcón, aun cuando la violencia policial ha sido denunciada por las víctimas en contados casos, no ha podido ser contabilizada, pues la mayoría de episodios no salen a la luz pública o simplemente no se hacen denuncias, mucho menos se ha producido alguna reacción por parte de las autoridades en el área de seguridad en la entidad. Se conocen, de manera pública por registros de prensa al menos cinco casos de violencia policial entre 2021 y dos, los primeros meses de 2022.
El trabajo de documentación que lleva el OVV Falcón desde el 2020, ha descrito cómo la violencia policial va desde el acoso con allanamientos sin órdenes judiciales, detenciones ilegales de seis (6), doce (12) y hasta veinticuatro (24) horas, así como torturas, que han sido denunciados como parte de abusos de autoridad, cuando las víctimas han asegurado que nada tiene que ver con hechos ilícitos, a alguna vinculación con tráfico de drogas.
Entre los casos reseñados en la prensa regional, está el de los habitantes del poblado de Sabanas Altas, municipio Píritu. Estos, denunciaron a principios de febrero de este año la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarios de organismos de seguridad quienes amparados en el operativo antidroga denominado “Mano de Hierro”, asociado a desmantelar un cartel de la droga que opera entre los estados Zulia y Falcón, allanaron viviendas y detuvieron a varios ciudadanos sin razón aparente.
Lo revisado en prensa, por parte del equipo del OVV Falcón, apuntó a funcionarios policiales que golpearon a varios pobladores de Sabanas Altas.
En octubre de 2021 se estableció una especie de “acuerdo de paz” entre funcionarios de seguridad y habitantes de Sabanas Altas. Sin embargo, este acuerdo fue abandonado por los organismos policiales en enero de 2022, cuando fue tomada la zona con un número mayor de agentes. Aparentemente estaban en la búsqueda de alijos de droga enterradas en terrenos que son propiedad de quienes señalaron como parte del cartel que opera entre los estados Zulia y Falcón.
Muchas familias han manifestado anónimamente haber sido víctimas de acoso y violencia policial, por lo que temen denunciar para evitar así las represalias y piden a los medios que no difundan sus nombres reales, según registros del equipo del OVV Falcón. Durante el 2021 el silencio ante el acoso policial logró invisibilizar muchos casos de hostigamiento. En noviembre de 2021 un pescador de Tocópero denunció haber vivido los peores ocho meses de su vida debido al acoso policial. El trabajador del mar aseguró haber sido hostigado, de trato cruel, privado ilegítimamente de su libertad y sometido a torturas por parte de funcionarios de diferentes organismos de seguridad. Junto a este pescador también han sido objeto de hostigamiento otros faenadores del mar, por el caso de la avioneta que aterrizó de emergencia en la orilla de una playa en ese municipio, en abril de 2021 y donde se incautaron 150 panelas de cocaína y los consiguientes hallazgos de droga en las playas de los municipios Píritu y Tocópero.
En las poblaciones de La Lámpara, Ricoa y Sabanas Altas, los habitantes -aseguran- temen salir a comprar alimentos para no terminar arrestados o ser objeto de interrogatorios al margen de la ley, por parte de las comisiones policiales apostadas en este sector.
Para el OVV Falcón, los abusos de la fuerza pública hace necesario replantear la función policial con una perspectiva basada en los derechos humanos, además de una nueva concepción de la ética pública. “Nos hacemos eco de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que refiere que la seguridad ciudadana es aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas”. Señaló el equipo.
En la práctica -aseguran- la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales. “En cualquier estado de derecho, la función policial tiene un amplio campo de acción en el tema de la seguridad. Las estrategias y vías que cada gobierno implemente respecto a sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen una repercusión directa, ya sea positiva o negativa, en la seguridad de la ciudadanía”.
Finalmente el OVV Falcón considera que la erradicación del abuso del poder, el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones ilegales y arbitrarias, así como los actos de tortura son algunos de los desafíos que plantea el ejercicio de la función policial en estos días. “Para poder establecer líneas de acción que permitan combatir estas malas prácticas resulta indispensable analizar la función policial desde sus orígenes, así como desde el ámbito normativo que determina los límites legales con los que deben actuar los elementos de seguridad”.