Después de 2 años del asesinato de Ángela Aguirre, y que el proceso se trasladara hasta el Área Metropolitana, el Tribunal cuarto de Primera Instancia de Control, Audiencias y Medidas en materia de Violencia contra la Mujer dictó sentencia. El pasado 11 de agosto, José Cedeño y José Zorrilla fueron condenados a 29 años de prisión por femicidio agravado, mientras que los otros 5 imputados, pese a que fueron absueltos, permanecerán privados de libertad.
Cronología de un femicidio
En marzo de 2019, habitantes del estado Bolívar se mantenían en vilo ante la desaparición de la adolescente de 16 años, Ángela Aguirre, luego que saliera con destino al Centro Ítalo Venezolano de Guayana en compañía de unos amigos para celebrar el cumpleaños de José Cedeño. Su padre, Ángel Daniel Aguirre, la dejó a las 5:00 de la tarde en las puertas del club.
Junto a otras siete personas, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Ángela salió en lancha hacia la isla “La Terecaya”. Según su madre, Yerlis Yaguare, perdieron contacto con ella a las 8:00 de la noche, aunque el último registro que se tuvo de la joven es una foto publicada a las 8:03 en la que se le ve sonriente, en traje de baño y con chaleco salvavidas, a bordo de la lancha en la que salió con los anfitriones de la fiesta.
Luego de estar preocupados por la imposibilidad de comunicarse, a las 2:00 de la mañana del 24 de marzo los padres de Ángela reciben una llamada a través de la cual les notificaban que la adolescente se había caído de la lancha y estaba desaparecida. A las 6:00 de la mañana dieron parte a las autoridades, quienes desde ese mismo día iniciaron la búsqueda.
El 26 de marzo apareció el cuerpo de Ángela flotando, con traje de baño y salvavidas puesto, a casi 8 kilómetros contracorriente del sitio en el que sucedieron los hechos, específicamente en las adyacencias del balneario “El Rey”, sector Santa Rosa.
En esta misma fecha, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) publicó los resultados de la primera autopsia, la cual revelaba que la muerte de Ángela fue por asfixia mecánica por inmersión con lesiones y hematomas en las partes íntimas. Resultaron 7 detenidos por este hecho: José Cedeño, José Zorrilla, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Joselyn Barreto, Dayana Nicieza y Wilmer Díaz; todos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.
24 meses de procedimientos judiciales
El 27 de marzo de 2019, familiares y vecinos de la adolescente realizaron una protesta en la urbanización Francisco Avendaño exigiendo que se hiciera justicia por su muerte. Al día siguiente, los familiares de Aguirre manifestaron que habían sido víctimas de amedrentamiento y responsabilizaban a los acusados de cualquier situación que les ocurriera.
El 29 de marzo, la Fiscalía 10° del Ministerio Público solicitó el diferimiento de la audiencia de presentación de los detenidos para poder consignar diligencias complementarias que certificaran la veracidad del hecho punible, lo cual fue acordado por el Tribunal 3° en funciones de Control del Segundo Circuito Penal del estado Bolívar.
En esta misma fecha, el CICPC, en rueda de prensa desde la Subdelegación Ciudad Guayana, indicaba que la segunda autopsia arrojaba que Aguirre fue víctima de algunas lesiones producidas por objetos contundentes o por la fuerza física, lo cual aludía a un homicidio. Afirmó que Ángela murió ahogada tras evidenciarse que tenía agua en los pulmones y se demostró que tuvo relaciones sexuales; sin embargo, las averiguaciones seguirían para comprobar o descartar la hipótesis del abuso sexual. El comisario destacó que de los resultados de las evaluaciones practicadas se evidenció que no hubo consumo de sustancias ilícitas.
El 1 de abril de 2019, los 7 detenidos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para la audiencia de presentación; sin embargo, fue aplazada para el día siguiente. El 2 de abril se difirió la audiencia por declinatoria de competencia del tribunal que conocía la causa. Esta declinatoria se da por solicitud de la Fiscalía 10°. Para el 3 de abril, aún no se tenía establecido qué tribunal sería el competente para conocer de la causa, y ya contaban cuatro diferimientos en el proceso judicial.
Para el 8 de abril se conoció, a través de medios de comunicación, que la apoderada de la familia de Ángela Aguirre recusó a la Fiscal Décima del Ministerio Público, por las inconsistencias en las investigaciones. La recusación fue interpuesta porque la fiscal aparentemente buscaba un cambio de calificación al contrarrestar la autopsia practicada al cuerpo de Aguirre. El 12 de abril se conoció que la Sala de Casación Penal designó el caso al conocimiento del juzgado primero de primera instancia en funciones de control, audiencia y medidas con competencia en delitos de violencia contra la mujer, del Circuito Judicial Penal en Bolívar. La audiencia de presentación se celebraría el 13 de abril.
En dicha fecha se realizó la audiencia de presentación de los implicados en la muerte de Ángela, a quienes se les dictó medida privativa de libertad. A José Cedeño le fueron imputados los cargos de feminicidio, abuso sexual, suministro de sustancias a una menor de edad y omisión de auxilio y socorro. A los otros 6 implicados les imputaron los cargos de cómplices necesarios en feminicidio y omisión de socorro. Los hombres serían recluidos en los calabozos del CICPC, y las mujeres en la Comisaría de Vizcaíno.
El 20 de mayo de 2019, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que los padres de Ángela expresaron que en el proceso había irregularidades, ya que hasta la fecha la decisión emitida por el tribunal primero de control no había sido acatada en cuanto al centro de reclusión de las féminas. Recalcaron que ninguno de los 7 imputados había sido registrado en el Sistema Integrado de Información Policial. El padre de Ángela indicó que la Fiscal Décima, a pesar de haber sido recusada, había tenido acceso al expediente. Se estimaba que para finales de mayo se diera la audiencia preliminar.
El 5 de junio de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la remisión del expediente de Ángela Aguirre a Caracas. Allí sería designado un tribunal para que conociera de la causa. El 3 de julio de 2019 se celebraría la audiencia preliminar en la causa; sin embargo, la defensa solicitó su diferimiento, pues hubo cambio de abogados. Se pautó fecha para el 18 de julio. En esta fecha se conoció que los hombres serían trasladados al Rodeo II y las mujeres al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
El 18 de julio el Tribunal cuarto de Primera Instancia de Control, Audiencias y Medidas en materia de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas decidió mantener privativa de libertad y ordenó pase a juicio contra los 7 implicados en la muerte de Aguirre. El juzgado acordó mantener los sitios de reclusión.
El 21 de octubre de 2019 se inició la audiencia de juicio. Desde ese entonces, no fue sino hasta el 23 de marzo de 2020 que el padre de Ángela Aguirre destacó que el proceso se estaba llevando a cabo en Caracas debido a la corrupción que hay en Puerto Ordaz. Señaló lo difícil del proceso y sostenía que el Ministerio Público no se ocupaba ni de los traslados de los imputados ni de la logística.
Casi 8 meses después, el 10 de noviembre de 2020, a través de medios digitales se dio a conocer que se reinició el proceso de juicio luego de que por el decreto de cuarentena se paralizara. El apoderado de la víctima comunicó que para el momento se habían realizado dos audiencias y que la próxima se celebraría el 16 de noviembre. Acotó que el juez de la causa evaluaba evacuar los órganos de pruebas que se encontraban en Bolívar vía online.
El 23 de marzo de 2021 se dio a conocer que el juicio del caso se había demorado debido a la pandemia por Covid-19, según afirmó el abogado de la familia Aguirre. Destacó que la próxima sesión se realizaría el 29 de marzo; sin embargo, debido al decreto presidencial de cuarenta por 15 días, ésta sería replanteada.
Finalmente, otros 5 meses después, el Tribunal cuarto de Primera Instancia de Control, Audiencias y Medidas en materia de Violencia contra la Mujer dictó sentencia. A pesar de que se estableció una condena de 29 años de prisión para los culpables, el padre de Aguirre afirma que es poco para el dolor causado.
El caso de Ángela es tan solo uno de los muchos que se suceden a diario en la entidad y el país en general. En otras oportunidades, el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) ha manifestado preocupación por el incremento de casos de violencia de género que se registran en el estado. El llamado es a las autoridades para que se generen campañas de sensibilización y concientización en el entorno para la mitigación de prácticas denigrantes de la condición humana.