En el estado Sucre, al igual que en el resto del país, la población ha buscado no solo sobrevivir a la pandemia del Covid-19, sino también a la de la violencia, que lo ubicó en el tercer lugar del ranking nacional en 2020, con una tasa de 61,3 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los resultados presentados por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).
Durante el primer trimestre de 2021, se registraron 28 sucesos en el estado, según datos del Observatorio de Prensa (OP) del OVV Sucre.
Con 11 muertes violentas, es decir, 39% del total de hechos ocurridos, enero fue el mes más violento del trimestre, seguido por marzo con 10 casos, equivalentes al 36%, y febrero con siete, es decir, 25% del total de hechos registrados.
Los municipios más violentos de la entidad oriental durante el primer trimestre fueron Sucre (Cumaná) con 53,6% de los casos registrados, Bermúdez con 10,7%, Arismendi (Río Caribe) y Mariño con 3,6%; mientras que Valdez (Güiria), Montes (Cumanacoa), Ribero (Cariaco) y Cruz Salmerón Acosta, registraron cada uno 7,1% de los hechos violentos ocurridos.
La acción de la letalidad policial y los grupos armados no estadales ha quedado en evidencia y se fortalece en los 15 municipios, parroquias y calles, para ejercer el control del territorio por tierra y por mar.
Trece de los hechos registrados durante el primer trimestre (46%) tuvieron participación de los cuerpos de seguridad del Estado. En ese sentido, los resultados del trimestre arrojaron que funcionarios de la policía del estado Sucre tuvieron participación en 54% de las muertes violentas registradas, seguidos por la policía municipal y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en 15% de los casos, respectivamente.
Pobreza latente
El panorama no luce esperanzador para la entidad con más municipios en condiciones de pobreza, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).
El estado Sucre tiene cuatro municipios que alcanzan 100% de población en pobreza: Cruz Salmerón Acosta, Libertador, Montes y Valdez. En el país, ninguna otra entidad tiene tantos municipios en una situación tan grave.
Según los datos de la ENCOVI, para inicios del año pasado -antes de la pandemia-, 95% de la población del municipio Sucre del estado se encontraba por debajo de la línea de pobreza, y de esa manera, junto con Cojedes y Yaracuy, la entidad oriental es considerada de las más pobres del país.
Las potencialidades turísticas y pesqueras que han sido pregonadas como propaganda política han sido desestimadas por la realidad aplastante, que ha dejado a los pueblos desolados con productores que prefieren abandonar la productividad agrícola frente a las amenazas de extorsión y los pescadores han sido dejados en el olvido, producto de la escasez de gasolina, entre otros factores.
Solo en la Península de Araya, la productividad pesquera se redujo en 95% de acuerdo al balance ofrecido en el mes de marzo por la Asociación de Pescadores del municipio Cruz Salmerón Acosta, puesto que para cumplir una faena de pesca de 10 a 12 días hasta la isla de Cubagua se requieren entre 1.300 y 1.500 litros de gasolina, pero solo reciben suministro de 120 litros al mes. Los habitantes de la península no cuentan ni siquiera con lancha ambulancia para el traslado de los pacientes hasta la emergencia del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa).
Mientras tanto, los comerciantes han visto mermada su capacidad productiva debido a la falta de estímulo, el incremento de las tarifas de los servicios públicos (electricidad, agua, aseo urbano, entre otros), que deben pagar en divisas, y la inestabilidad jurídica que los amenaza.
El balance de la Cámara de Comercio Industria y Producción de Cumaná señala que 510 empresas privadas han cerrado en los últimos tres años y al finalizar el 2020 solo quedaban operativos 623 patronos y empleadores privados en la primogénita del continente.
Migración desesperada
Paralelo al deterioro de la calidad de vida de quienes habitan en territorio sucrense, con pueblos cada día más desolados y una institucionalidad tanto educativa como gremial cada vez más resquebrajada, la condición costero-fronteriza ha sido aprovechada para el comercio ilegal no solo de productos, sino de personas.
Venezolanos de todas partes del país se movilizan desesperadamente por territorio sucrense y, pese al riesgo de muerte, acceden a cruzar las costas de la entidad para llegar a la isla de Trinidad en busca de un futuro mejor.
Lamentablemente, no todos corren con suerte y las denuncias sobre trata ilegal de personas cobran más fuerza; mientras, en otros casos, no podrán ni siquiera ofrecer testimonio. El 23 de abril naufragó una embarcación con 30 personas al sur de Güiria, municipio Valdez. La lancha partió desde Delta Amacuro hacia la isla de Trinidad y al menos 12 personas fueron rescatadas.
El suceso ocurrió justo cuatro meses después del naufragio de la embarcación “Mi Recuerdo”, donde fallecieron más de 20 personas oriundas del municipio Valdez.
El 23 de abril también se cumplieron dos años desde que zozobró el bote “Jhonaily José”, con 38 personas a bordo, que, igualmente, tenían como destino Trinidad y cuyos familiares aún esperan respuestas del Estado venezolano, así como del trinitario, pero la investigación de los casos ha sido dejada a un lado.
Tampoco hay información de los 33 pasajeros del bote “Ana María”, que partió desde Güiria tres semanas después, y solo hay pruebas de vida del capitán de la lancha, que tiene antecedentes por tráfico de personas y está prófugo de la justicia. Las víctimas de este hecho no solo fueron captadas en el oriente del país, sino en entidades como Táchira y Distrito Capital.
De esa manera y muy lamentablemente, se confirma que no es la primera vez que se registra un hecho de esta magnitud, producto de la migración forzada y la crisis humanitaria que compromete el desarrollo de Venezuela.
Equipo de Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre)