La violencia estructural en Venezuela ha generado un deterioro en la calidad de vida de su población, situación que viene de años anteriores y se ha profundizado durante los años 2019, 2020 y continúa en ascenso en 2021. Las posibilidades de obtener ingresos económicos que permitan satisfacer las necesidades básicas de vivienda, alimentación, vestido, educación, salud y recreación son limitadas; el aumento constante del costo de los productos por la hiperinflación hace prácticamente inalcanzable poder adquirirlos. De acuerdo a información publicada por el medio Crónica Uno sobre el estudio que realizó el Observatorio Venezolano de Finanzas referente a los trabajadores formales, el 26,6% de la fuerza laboral del país está representada por los empleados del sector público que perciben en promedio 5$ mensuales, ubicándolos en situación de pobreza extrema de acuerdo al umbral de pobreza establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con un ingreso de 1,5$ mensuales. Por su parte, los trabajadores del sector privado perciben en promedio 70$ mensuales, ingresos que están muy por debajo de la canasta básica alimentaria que para el mes de marzo tuvo un costo de 612.900.945 bolívares (322,57$); de acuerdo a estos datos, un empleado público necesitaría 64,5 salarios para comprar los alimentos de la canasta básica.
Esta realidad sobre los ingresos económicos de los trabajadores formales indica la precariedad y crisis alimentaria que padece gran parte de la población, la cual apenas puede adquirir algunos productos para su dieta diaria; por tanto, mucho menos podrán cubrir gastos de medicinas ni atención médica, en caso de necesitarlos.
De igual modo, la insuficiencia de infraestructura hospitalaria, escasa dotación de insumos médicos en los centros de salud e incumplimiento de contrataciones colectivas con el personal de la salud, imposibilitan una atención adecuada a los ciudadanos; la crisis sanitaria es una denuncia recurrente de los profesionales de la salud, gremios y organizaciones relacionadas con el sector.
Adicional a la crisis alimentaria y de salud en la que viven los ciudadanos en el territorio nacional, se presenta el déficit de suministros de los servicios básicos como son el agua potable, gas, energía eléctrica, gasolina y recientemente gasoil para las unidades de transporte, los cuales el Estado está en la obligación de garantizar y proveer de una vida digna a los habitantes de la nación.
La realidad descrita de crisis estructural se extiende a todas las entidades del país. En el caso del estado Carabobo, según datos de ENCOVI, para el año 2020 un 59,2% de los habitantes de la entidad se encuentra en situación de inseguridad alimentaria de moderada a severa y el 63,3% de los hogares presenta dificultad para acceder a los servicios públicos como agua potable, energía eléctrica y gas doméstico.
Respecto al agua potable, el ingeniero Nizar Richani, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros, informó a través de la prensa regional que el 60% de los habitantes de la entidad padece déficit de su suministro.
Otra de las deficiencias que se presenta en la región es la insuficiencia en cuanto a infraestructura y centros de atención hospitalaria. Para la atención de pacientes contagiados con Covid-19, solo se cuenta con 290 camas distribuidas en los siguientes centros:
- Hospital Dr. Enrique Tejera en el municipio Valencia: 60 camas
- Hospital Simón Bolívar en el municipio Diego Ibarra: 40 camas
- Hospital Ángel Larralde, municipio Naguanagua: 40 camas
- Hospital Prince Lara, municipio Puerto Cabello: 30 camas
- Hospital Molina Sierra, municipio Puerto Cabello: 20 camas
- Centros de Diagnóstico Integral (CDI): 100 camas
Los bajos salarios, falta de dotación al personal de la salud de insumos médicos, equipos de bioseguridad, vacunas para la prevención del contagio del virus ha generado la renuncia a sus puestos de trabajo de un gran número de profesionales de la salud, que ya eran insuficientes para la demanda. Desde enero hasta el 20 de abril, al menos 15 profesionales de la salud fallecieron por sintomatología relacionada al Covid-19.
La crisis alimentaria, de salud y económica, la falta de suministro de servicios básicos, entre otros requerimientos para una vida digna, exponen a los ciudadanos a una situación de vulnerabilidad frente a la pandemia; tales condiciones no permiten aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como las precauciones propuestas en la página oficial Patria para evitar el contagio, entre las que se encuentran:
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar tocarse la nariz, ojos y boca sin la debida higiene de las manos. La falta de suministro de agua limita cumplir con esta recomendación; varias localidades han protestado desde inicios del año en los diferentes municipios porque pasan días y semanas sin que les llegue agua a sus hogares.
- Fortalecer la salud general y la inmunidad mediante una dieta equilibrada. Ésta es otra medida que los bajos ingresos económicos no permite lograr. En el caso de Carabobo, al menos el 59,2% de la población que presenta inseguridad alimentaria está vulnerable al contagio.
- Estilo de vida que se recomienda comer alimentos ricos en proteínas como pescado, carne, huevos, leche, legumbres y nueces, frutas y verduras frescas. Dieta balanceada y consumir multivitamínicos y minerales. Estilo de vida ideal, pero muy distante de la realidad de la mayoría de la población carabobeña.
Carabobo, desde inicios de 2021 hasta el 20 de abril, ha presentado un crecimiento exponencial de personas con sintomatología asociada al Covid-19. Los datos oficiales publicados en la página Patria (https://covid19.patria.org.ve/estadísticas.venezuela/) son los siguientes: enero 518 personas contagiadas y 2 víctimas fatales, febrero 426 contagiadas y cero víctimas fatales, marzo 861 personas contagiadas y 2 víctimas fatales, del 1 al 20 de abril 1996 personas contagiadas y 3 víctimas fatales, para un total de 3801 personas contagias y 7 fallecidos en lo que va del año. En cinco ocasiones la entidad ocupó el primer lugar en el país de números de personas contagiadas.
A través de monitoreo de prensa y redes sociales, en la región se han contabilizado, desde el primero de enero al 20 de abril, al menos 28 casos de personas fallecidas por sintomatología asociada al Covid-19. Hasta la fecha, estos casos no se han registrado en las cifras oficiales.
La violencia estructural crea un contexto de pobreza, desesperanza, miedo e incertidumbre en la población; es previsible que en tales condiciones adversas sea víctima de la crisis sanitaria que genera el Covid-19. Es responsabilidad del Estado revertir esta situación y dar respuestas para la prevención de víctimas fatales.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo (OVV Carabobo)