La crisis del país que se vive en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) viene traduciéndose cada vez en mayores pérdidas humanas, con víctimas y victimarios en la familia, parejas y personas en el entorno conocidas, que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las relaciones en los lugares donde habitan.

Múltiples factores derivados de la crisis social, económica e institucional han confluido en una emergencia humanitaria compleja prolongada, que lejos de resolverse ha recrudecido en los hogares venezolanos, si tomamos en cuenta uno de los factores destacados en el último informe de HumVenezuela, que indica para marzo de este año que 19,7 millones de personas están viviendo en la pobreza multidimensional.

Estos factores, especialmente relacionados con la crisis económica y social, se convierten en vulnerabilidades para las relaciones interpersonales entre parejas y consanguíneos, que dificultan enfrentar cada vez más el sostenimiento de hogares o ambientes con relaciones armoniosas y equilibradas; por el contrario, los conflictos, por no haberse atendido ni tratado oportunamente por alguna actuación institucional, pueden desembocar en actos delictivos.

La pérdida de fuentes de ingreso que dificultan el acceso a los alimentos, privaciones de servicios básicos de salud y de servicios de agua, gas, electricidad, abandono y ausentismo escolar, inseguridad y violencia, el gran flujo migratorio, están entre los factores que exponen a las familias, no solo ante un panorama que causa enormes incertidumbres y desequilibrios en las relaciones cercanas, sino a la privación de Derechos Humanos de la población.

Las desigualdades sociales también se expresan en conflictos personales entre parientes, parejas, exparejas y conocidos, que deterioraron la convivencia y se han manifestado en la entidad capital en riñas, agresiones físicas, hasta pasar en algunos casos a cometer un delito letal, cuya víctima es algún miembro en el hogar, un vecino, o persona en el ambiente laboral.

Las desigualdades presentes en el AMC se muestran cada vez más profundas por las consecuencias de la crisis social y económica. Los contrastes sociales de la aparente recuperación económica, por ejemplo, se revelan en el territorio, donde urbanizaciones como Las Mercedes, en el municipio Baruta, se han convertido en foco o “burbuja” de lujo con grandes inversiones, mientras que, una gran mayoría de la población continúa sobreviviendo con enormes carencias en las zonas de barrios, así como en urbanizaciones populares y de sectores sociales medios, en los municipios Libertador y Sucre.

Además, en el ámbito doméstico, vecinal y laboral, los factores individuales como la frustración y depresión aparecen asociados a conductas violentas y delictivas.

Entonces, existe una violencia que se viene desplegando por la poca capacidad o poco conocimiento que tienen las personas allegadas para manejar la crisis del país, por la incertidumbre para sobrellevar las carencias y privaciones de una vida digna, que se traducen en vulnerabilidades para la población, y en especial para las familias y parejas; es decir, son muchas y diversas las dificultades que las familias y las parejas vienen enfrentando y que violan sus derechos.

En este contexto, estos factores, entre otros, han suscitado un incremento de la violencia interpersonal en las familias y las parejas en el AMC, en cuyos eventos se pueden observar los desequilibrios en las relaciones y desintegración por serios conflictos entre las personas, situaciones a la que han contribuido las vulnerabilidades económicas y sociales, sobre todo en familias que no saben a quiénes o dónde acudir, o se encuentran en una grave situación de pobreza.

Las riñas, agresiones, intentos de homicidios y muertes entre familiares, parientes o allegados, o entre personas conocidas, se vienen observando en hechos que progresivamente han ocurrido desde hace más de cinco años en la región capital, y son delitos que han afectado la vida, la integridad personal y la convivencia en el hogar y el habitar en las comunidades.

El pasado año 2022 esta realidad alcanzó una considerable proporción de casos de violencia intrafamiliar y de pareja, lo que ha significado un cambio notorio en los patrones de la violencia interpersonal. Por ejemplo, para febrero de 2022 la violencia intrafamiliar y de pareja fue la segunda causa de hechos delictivos, este fenómeno comenzó a ser cada vez más evidente y a prevalecer en los eventos registrados y analizados por el Observatorio de Prensa (OP) del Observatorio de Violencia de la Región Capital (OVVRC). Una de las cifras más altas de familiares y parejas involucrados en eventos violentos y delictivos se registró en el AMC en abril de 2022. Aun cuando los delincuentes prevalecen como los principales victimarios, los familiares u otros allegados a la víctima del delito se han convertido en victimarios frecuentes de la violencia interpersonal, y esta situación ha venido impactando en la victimización y la mortalidad en el AMC.

Los delitos estuvieron perpetrados por personas que mantenían algún tipo de relación con la víctima, y en orden de frecuencia fueron: la pareja o expareja, el padre o padrastro, otros parientes consanguíneos, otros miembros en el hogar, amigos, vecinos, personas con relación laboral o autoridad, y otros transgresores conocidos. 

En consecuencia, la violencia intrafamiliar y de pareja fue la segunda causa de hechos violentos y delictivos en Caracas en 2022, tal como se destaca en el informe anual de violencia del OVV Región Capital. Estos hechos han llegado a ser tendencia, porque este tipo de violencia pasa a tener mayor presencia de casos conocidos a través de la prensa y en redes sociales, y es una situación que viene caracterizando la violencia en el AMC.

Las situaciones de violencia, que son registradas a través del OP del OVV RC, persisten en incidencia y asiduidad con delitos en distintos ambientes donde hacen vida las personas. Al analizar lo ocurrido este año 2023, se observó que para el mes marzo en la región capital el resultado arrojó eventos delictivos en hogares con frecuencias y cifras similares a los delitos sucedidos en las calles. La estadística a partir del monitoreo de prensa indica que los hechos violentos en los espacios privados de las casas crecieron durante este mes. Inferimos que tanto factores asociados a conflictos sin resolver, como a las carencias materiales y afectivas pueden estar influyendo en el cometido de estos delitos en los espacios de la vivienda. Dos de estos hechos de violencia intrafamiliar se perpetraron en las parroquias de Petare y Caucaguita, donde niños resultaron ser las víctimas de homicidio. Un caso en junio de 2022, acaecido en Parque Caiza, fue un niño que quedó sin el cuidado y la presencia de la madre que enfermó y falleció. Luego el niño fue entregado al padre, y este en un determinado momento lo golpeó y agredió aparentemente con un cinturón hasta darle muerte. El otro caso aconteció en febrero de este año 2023, en La Dolorita, y causó una enorme consternación en el sector, por la muerte de dos niños, uno de 9 y otro de 11 años, y de la madre de ambos, quienes con inquina fueron asesinados por la hermana de la víctima y tía de los niños. Usando una chícora y una escardilla los atacó, luego los roció con gasoil y les prendió fuego. La victimaria vivía en la misma casa con la hermana y su cuñado, con quien mantenía relaciones; ella espero el momento en el que el hombre estaba fuera de casa para cometer el delito. Con la confesión de la responsable de este terrible crimen, se conoció su motivación de no quereraceptar que el hombre hubiese terminado la relación con ella y se quedara con su hermana.

Aun cuando existen leyes en Venezuela que protegen la violencia contra Niños Niñas y Adolescentes y castigan la violencia contra la mujer por la violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad, la crisis social afecta en gran medida a estos grupos de la población.

Estos derechos han sido totalmente vulnerados, en casos como el femicidio de una mujer de 25 años que muestra el control hacia algunas mujeres y como este patrón cultural se ha extendido y pasa, como en este evento, a ser un acto plantificado. Esta joven fue citada por su pareja con quien sostuvo una riña dentro de un vehículo, luego la joven logró bajarse y huir hacia un local cercano, donde la pareja la alcanzó y le propinó varios impactos de bala que le quitaron la vida. Otro ejemplo es el femicidio de una joven de 37 años que estuvo desaparecida desde el pasado 25 de febrero y su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición catorce días después. Los agresores fueron su pareja y junto con unos amigos ingerían bebidas alcohólicas e intentaron abusar sexualmente de ella en un automóvil, la mujer se negó al abuso, la obligaron a bajarse y luego la atropellaron. Los victimarios subieron el cadáver de la mujer en el vehículo y lo ocultaron en un santuario ubicado en Las Terrazas de La Vega, en el municipio Libertador. Estos casos terribles de violencia contra la pareja definen, en general, un patrón de conducta utilizado por el agresor para obtener o mantener el control sobre la mujer con quien convive o haya convivido.

Las vulnerabilidades que enfrentan las familias: madres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el hogar y el entorno y las parejas, deben ser atendidas por el Estado para garantizar el acceso a condiciones dignas y proteger sus derechos, como lo manda el artículo 19 de la carta magna: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.

La violencia interpersonal en el AMC sigue evidenciándose con fuerza en los espacios públicos abiertos, aunque los hogares no están exentos de que al interior de estos se cometan delitos, siendo estos los lugares más privados donde se presume hay mayor seguridad para las personas que conviven en un hogar. Los conflictos recurrentes entre familiares y parejas han venido desequilibrando y deteriorando la convivencia, y de manera continua las relaciones interpersonales, alcanzando en algunos casos agresiones y letalidad. Este fenómeno continúa siendo una realidad preocupante, debe llamar la atención de las instituciones públicas y privadas, pues amerita de políticas que contribuyan de manera integral a la implementación de programas de prevención, con acciones oportunas y efectivas, que logren proteger a las familias y contrarresten la violencia entre sus miembros, de las parejas, exparejas, y relaciones laborales.

Las distintas manifestaciones y extensiones de violencia familiar necesariamente deben ser atendidas por las instituciones públicas responsables, encargadas de garantizar la protección y seguridad de las personas.

Equipo Observatorio Venezolano de Violencia Región Capital