Tal Cual
Keilyn Itriago Marrufo
11-03-2016
Cada día que pasa más ciudadanos toman la justicia por sus manos ante la impunidad con la que actúa el hampa y la orfandad en la que se encuentra la gente por la inacción estatal. Expertos advierten sobre la barbarie
Los episodios en los que la gente, ante un asalto o robo, pretende hacer “justicia” por sus propias manos se han incrementado preocupadamente en los últimos 12 meses. El martes 23 de febrero, un hombre que iba a ser asaltado por un par de motorizados mientras caminaba en Los Palos Grandes, en el municipio Chacao de Caracas, agarró a uno de los delincuentes y le dio una paliza de tal magnitud que el otro sujeto salió huyendo. Los transeúntes que iban pasando se sumaron a dar golpes aun sin ser los agraviados. Dos días después, en La Castellana, ocurrió un evento similar, una “coñaza a un malandro” paralizó a la avenida Francisco de Miranda.
Casos parecidos han ocurrido en el municipio Sucre, en donde incluso se ha acabado con la vida de algunos antisociales. Así lo cuenta William Contreras, subdirector de Polisucre, quien detalla que se tiene registro de este tipo de sucesos ocurridos en su mayoría en Palo Verde y Los Ruices. El año pasado, los vecinos hasta quemaban las motos de los “choros”. La razón, según él, es que son zonas críticas porque el delito ha aumentado y la gente ha llegado a su límite de paciencia, y civilidad.
El subdirector de seguridad ciudadana de Chacao, Wilfredo Borrás, aclara que un linchamiento es la ejecución de una persona sin proceso legal. Estas golpizas que se han conocido también en la entidad liderada por el alcalde Ramón Muchacho, son llamadas “detenciones civiles por clamor público, con excesos”. En el 2015, se registraron 46 casos de este tipo.
En El Hatillo hasta ahora no se ha identificado ningún caso, según informa el jefe de seguridad ciudadana del municipio, Ernesto Romero Surt. No obstante, dice entender, más no justificar, los motivos que llevan a la gente a hacerlo. “El tema de la impunidad, que se ubica en 80%, es precisamente lo que hace que la gente tome la justicia por sus propias manos. Nosotros en el mes de enero aprehendimos a 11 personas y el 100% de ellos están en libertad. Eso genera frustración, se van cansando de las mismas personas y sienten que los tribunales pueden dejarlos libres”.
El fenómeno social llamado “linchamiento”, según explica el, abogado, criminólogo y miembro de la comisión de seguridad ciudadana de la Mesa de la Unidad, Javier Gorriño, es una respuesta colectiva ante la incapacidad que ha tenido el Estado de combatir el crimen y de aprehender a los delincuentes. “Son actuaciones directas de la ciudadanía por una estado de indefensión. Se va a la defensa natural del hombre y en grupo hace una explosión”.
El criminólogo Fermín Mármol García, va más allá. Manifiesta que se trata de un símbolo inequívoco de primitivismo que se ha venido despertando en la sociedad. Así como lo son también las invasiones, los saqueos y el homicidio por encargo. “Estos signos nos dicen que Venezuela se ha deteriorado, que perdió el sendero de progreso y bienestar y que es evidente una conducta alejada al respeto de las leyes y de la autoridad. El linchamiento es casi el derecho natural de hacerse justicia por sí mismo. Lo que trae como consecuencia que se cometa un nuevo delito y que además se aplique una pena que no tiene reparación”. No todo linchamiento termina en muerte, pero en Venezuela, tal como sostiene Mármol García, estos casos superan el 60%.
A quién culpar
El linchamiento es una conducta punible colectiva. El gran problema es la identificación y sanción de los responsables. Contreras como efectivo policial explica que lo correcto es garantizar la vida de todo ciudadano. Dice que no es cierto eso que se dice de que los policías cuando llegan al sitio dejan que la gente termine de hacer lo que ha empezado. O hacen comentarios de este tipo: “tenían que haberlo matado antes de que llegáramos”.
“Si la policía llega tiene que intervenir porque de lo contrario cae en una omisión y por consiguiente en un delito”, aclara, al tiempo que explica que generalmente los uniformados no llegan en plena acción sino cuando ya ha pasado la violencia. “Hay gente allí alrededor pero no podemos meterlos presos porque no sabemos quién fue. Si el sujeto está vivo se lleva al hospital y luego se procede a la investigación buscando evidencias y videos”, indica.
Borrás manifiesta que el procedimiento legal en los casos de detenciones civiles públicas es detener a los agresores y someterlos a las autoridades competentes que son la Fiscalía y el Ministerio Público, para que sean presentados ante un tribunal. El control del orden público no es fácil, según cuenta, pero los funcionarios deben cumplir con la norma. Generalmente la gente se retira y no hay quién diga quién fue o fueron los culpables de las lesiones. “Sobre él también están cometiendo un delito y hay responsabilidad por eso. Si se logra identificar quién lo golpeó debe ser debe detenido, pero por lo general esto no se cumple porque los funcionarios no tienen como demostrar quién fue”.
En efecto, la policía, a juicio de Mármol García, ha perdido parte de su función dual porque en la mayoría de los casos solo cumple funciones de neutralizar la acción y socorrer a la víctima, “dejando el segundo aspecto sin materialización, que es la identificación de los presuntos responsables y su aprehensión”. Asegura que si la administración de justicia sabe por probanzas que todos participaron, pero no se puede determinar quién fue el que finalmente le cegó la vida a alguien, la pena a imponer será de una manera igual para todos porque basta con que todos hayan participado. “Es muy parecido a las lesiones en el caso de riña. Si no puedes individualizar las lesiones, todos tendrán que purgar la misma pena”, apunta.
El criminalista confiesa no conocer que exista una sentencia condenatoria a una colectividad que le haya quitado la vida a otro, pero sí sabe de investigaciones realizadas que han generado la detención de las personas presuntamente responsables.
Caras duras y atrevidos
Conceptualmente, tal como explica Mármol García, los linchamientos ocurren en estadios poblacionales donde la autoridad está más lejana, donde la presencia de la policía local o municipal es más distante, por lo que siempre será un signo de las zonas populares. Pero, en la actualidad, ha ocurrido que se ha roto la tradición porque el delincuente es mucho más atrevido y ya no está buscando a una víctima solitaria y fácil en una zona despoblada u oscura.
“El delincuente con su arrojo está actuando en zonas de mucha concentración de personas y a plena luz del día, y esta misma conducta lo está exponiendo a ser apresado o neutralizado por la colectividad. Realmente los linchamientos presuponen la planificación y preparación de un grupo de personas. Lo que hemos visto en estos casos que terminan en hacer justicia por sí mismos es el exceso de la colectividad para neutralizar a una persona. Esto es atípico y digno de estudio. Creo que esto se ha dado no por la ausencia de la autoridad sino por el arrojo de un delincuente en condiciones que son poco probables el éxito”, agrega.
A juicio del criminólogo, el linchamiento va a generar en la gente de buena voluntad daños psicológicos por un buen tiempo o de manera permanente. “La gente de buena voluntad, que por hacer justicia por sí mismo, le quita la vida al otro tendrá secuelas que aún no han sido determinadas. No va a ser el mismo, eso va a modificar su conducta personal y familiar. Y muchas más secuelas van a traer si se llega a cometer un error. Nos dejamos llevar por un sentimiento colectivo y participamos aunque no haya sido nuestro propósito”. En estos casos la voluntad individual se solapa ante una voluntad colectiva.
Mármol García no cree que exista morbo o perversidad en la ciudadanía al exponer por las redes sociales fotos y videos de delincuentes ensangrentados y muertos. Dice que sí está seguro de que el venezolano ha modificado parte de su gentilicio y que hoy día es más áspero y menos sensible. “Se ha acostumbrado a convivir con el crimen pero también con la violencia. Es más bien una necesidad malentendida de demostrar que los buenos son más que los malos. Es la materialización equívoca de la autoprotección”.
La exposición en redes sociales y en móviles, no obstante, puede crear patrones de repetición o imitación. “Si una población sabe que en un barrio lincharon a alguien y salieron de ese problema, el barrio vecino va a tratar de hacer lo mismo con el delincuente que los tiene azotados. Esa conducta es imitable, repetible y replicable”, asegura.
No renunciar a la ciudadanía
El criminólogo hace un llamado a la ciudadanía, y no al Estado, pues este último ha demostrado ser indolente ante la tragedia de la inseguridad en el país, a tomar acciones de este fenómeno de retroceso en la sociedad. Considera que la mayor prevención para no caer ante la impotencia es poder diferenciar lo que es ser habitante de un país y ciudadano de un país. Y definitivamente el linchamiento es una conducta de habitante. “El habitante es un ser sobreviviente, que hace lo que tenga que hacer. Muchas veces piensa que así vive el resto del mundo. Se conforma con el estatus quo que lo gobierna. Deja de soñar. El ciudadano es un ser que sabe que el resto del mundo no vive como nosotros. Sabe que los gobernantes no son jefes sino que son sus empleados. Sabe que tiene que agotar todos los recursos institucionales una y otra vez para ser escuchado. Sabe que puede protestar cerrando una calle pero también votando”.
ENTREGADOS A LA BABARIE / Víctor Amaya
En la urbanización Terrazas de Guaicoco, en el municipio Sucre, los vecinos se asumen con licencia para matar. Según un trabajo del periodista Deivis Ramírez Miranda publicado en la revista Clímax, los residentes de la zona se organizan para hacer guardias nocturnas, armados, guiados por un vecino ex policía -el primero que apretó el gatillo ante dos malhechores que intentaron fechorías. También relata el caso de la urbanización Los Guayos, en Valencia, donde los residentes hicieron lo propio al combinar el cansancio con la desconfianza con la policía, a quienes consideran cómplices, malandros con uniforme.
En Caracas ocurrió un suceso que quedó registrado en video, que corrió por redes sociales. En la estación del Metro Los Dos Caminos, un supuesto ladrón fue golpeado salvajemente en noviembre de 2015 al punto de quedar moribundo. Lo rescató la Policía Nacional Bolivariana a tiempo, aunque la gente pedía sangre, que lo mataran. La respuesta del uniformado fue elocuente: “¿y por qué no lo mataron ustedes antes de que llevara la policía?”.
Ya en 2014, según la ONG Provea, las ejecuciones ocuparon el primer lugar como forma de violación al derecho a la vida. Ese año se registraron 189 casos, lo que constituye 85,91% del total de las violaciones conocidas. Allí estarían incluidas las acciones de linchamientos
En junio de 2015, la coordinadora nacional de Alternativa 1, Andrea Tavares, manifestó su preocupación por la inacción del Poder Judicial. “El informe de Provea es preocupante porque las ejecuciones extrajudiciales y linchamientos han aumentado debido a que la gente busca por sus propios medios hacer justicia al no aplicarse la justicia”, explicó entonces. “Los representantes del poder judicial deben reflexionar. Con estas cifras se revela que estamos en una sociedad primitiva y que debido a la inacción se genera un factor de impunidad que aumenta el delito”, agregó.
En 2015 también Foro por la Vida, junto con 26 otras organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional, exigió al Estado venezolano la aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana, a fin de que garanticen el respeto a los derechos humanos y la integridad de todas las personas. Esto ante el aumento y visibilidad de linchamientos e intentos de ejecución registrados en el país.
Los linchamientos consumados y los intentos registrados, señaló el foro a través de un comunicado “denotan una progresiva disolución de la institucionalidad del Estado que tiene consecuencias negativas para la sociedad venezolana en su conjunto”. Las 26 organizaciones defensoras de garantías fundamentales no solo ven con preocupación el creciente número de hechos en los que grupos de personas arremeten violentamente contra presuntos delincuentes, ocasionándoles graves lesiones o en varios casos la muerte, sino que aseguran que esta realidad “demuestra el fracaso de Estado en la tarea de contener la violencia en la sociedad”.
La omisión estatal frente a la violencia, prosiguen en el llamado conjunto, es también una política pública que no diluye las responsabilidades de los funcionarios ante estos hechos y sus víctimas.
“En un contexto en el que conviven la inseguridad como problema social y los discursos de mano dura y ‘justicia por mano propia’, subrayamos que los linchamientos son también una violación a los derechos humanos, que convierte a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas; degenera en una peligrosa anomia que percibe como lógica y justa la contradicción de convertirse en un criminal para castigar la injusticia”, reza el comunicado.
Sostienen que este tipo de hechos, lejos de representar algún beneficio a la colectividad, deteriora el esquema de valores y configura una práctica delictiva, en la que dejan de valorarse la vida y derechos del victimario. Consideran que estos patrones pueden devenir en la naturalización de la violencia colectiva, y con esto, la degeneración en la multiplicación de violaciones de derechos humanos.
Foro por la Vida hizo un llamado urgente para que las autoridades atiendan las causas que generan “el profundo deterioro de valores e institucionalidad que vive el país y reconociendo el valor que tiene el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana”. Para ello proponen trabajar sobre tres aspectos medulares “para evitar el menoscabo del derecho a la vida”.
Primero, piden al Estado el desarrollo de políticas públicas integrales que incluyan acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo, con una perspectiva no militarizada del orden público.
Lo segundo atañe directamente al Ministerio Público, al que exigen adelantar las investigaciones de linchamientos o actos violentos contra presuntos delincuentes, a fin de establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
Por último, solicitaron al Estado la implementación de procedimientos que permitan el ejercicio de la contraloría social a todas las autoridades con responsabilidad en la política sobre seguridad ciudadana; esto pasa necesariamente por la publicación de manera regular las cifras oficiales de criminalidad en Venezuela.
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