El Mercurio
Nicolás García de Val
20 de enero de 2024
Expertos plantean que casi ningún homicidio recibe sanción en el país y que las prisiones -controladas por bandas- tienen una ocupación de más del 64%.
La expansión de organizaciones criminales como el Tren de Aragua han puesto la situación de seguridad de Venezuela en el centro de la discusión en América Latina, y países como Chile han establecido acuerdos en la materia con Caracas, como el que se alcanzó en el reciente viaje del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Al mismo tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado medidas, algunas sumamente mediáticas, para demostrar que está atacando el problema, pero los datos y expertos plantean que hay serias falencias en el sistema de seguridad del país que las hacen poco efectivas.
La impunidad es el problema número uno. Las cifras oficiales son opacas desde hace décadas, pero investigaciones de organizaciones locales e internacionales han mostrado que un enorme número de delitos quedan sin castigo en el país.
El Atlas de Impunidad Mundial -elaborado por el Eurasia Group en 2023- evalúa a 197 países y territorios en cinco dimensiones sociales clave que, para ellos, definen el nivel de impunidad. Venezuela ocupó el lugar 11a nivel global solo por detrás de Afganistán, Siria, Yemen, Myanmar, República Centroafricana, Sudán, Irak, Burundi, República Democrática del Congo y Chad.
Ese estudio no evalúa solo la impunidad en materia de delitos, pues considera también elementos como la “gobernanza sin rendición de cuentas”, pero también destaca lo mal que está el país en ese aspecto en particular, y los expertos lo plantean como un tema clave.
“Desde el punto de vista de la impunidad ante el sistema de justicia penal, o ante la ley, uno pudiera estimarla en alrededor del 99%”, dijo a “El Mercurio” Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, quien lleva décadas estudiando el tema. Según el especialista, en 1998, por cada 100 homicidios que se cometieron en el país hubo 110 detenidos, y una década después esa cifra pasó a nueve detenidos por cada 100 homicidios. En otras palabras, en el 91% de los homicidios no había ni siquiera un arresto, por lo que, con toda seguridad, la impunidad era mayor, pues la cifra no considera los procesamientos o juicios posteriores al arresto.
Briceño-León plantea que la situación solo ha empeorado con el paso de los años y que una de las grandes explicaciones de esa impunidad, además de la “ineficiencia del sistema policial”, es que “el gobierno del Presidente Hugo Chávez tomó la decisión de no perseguir el delito porque el delito era considerado como una expresión de la lucha de clases” y “no había que generar castigos, no había que hacer políticas de represión con la policía”.
A esto se suman las denuncias de violencia policial, que también suelen quedar sin culpables. La ONU ha condenado casos en el pasado y su Relatoría Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias analizará nuevas denuncias, sobre ejecuciones extrajudiciales y su impunidad, que le hizo llegar en agosto pasado la ONG Defiende Venezuela.
Desde Eurasia Group dan otras razones para explicar el fenómeno. “La corrupción es una gran causante de la baja en el puntaje de Venezuela (en Atlas de Impunidad Mundial)”, aseguró a este diario Peter Ceretti, director de Macroestrategia Global de la organización, quien añade que “los datos sugieren que la justicia criminal y civil no funciona bien en el país y que la aplicación regulatoria en Venezuela también es débil”.
“Venezuela también obtiene muy malos resultados en algunos de los indicadores que agrupamos en nuestra dimensión de Abuso de los Derechos Humanos, como el debido proceso del acusado y la ausencia de tortura, los cuales están relacionados con el sistema judicial y penal y deberían ser motivo de inquietud”, añade Ceretti.
Prisiones llenas
Este último punto se relaciona con el otro gran problema del sistema penal venezolano y que podría parecer, en principio, opuesto al primero: el hacinamiento carcelario.
En las prisiones del país se registra un hacinamiento del 64%, según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicado el año pasado, en el que detalla que hay 33.558 privados de libertad. El texto plantea que en el país hay 52 centros de reclusión, pero que solo 45 de ellos estaban operativos en 2022 y que 17 albergan una población carcelaria conforme a sus capacidades, lo que “indica un hacinamiento en riesgo crítico”.
“Las condiciones de reclusión cada vez empeoran. Ningún centro penitenciario del país cuenta con los estándares mínimos de reclusión conforme al marco jurídico internacional, y mucho menos con un enfoque diferenciado (para atender a personas con necesidades particulares)”, apuntó el informe.
Lejos de ser un problema solo para los reclusos, el alto nivel de ocupación en la mayoría de las cárceles potencia los niveles de violencia en el país, ya que han sido utilizadas por bandas criminales como base de operaciones para cometer delitos dentro y fuera del territorio.
“Por lo menos hasta hace muy poco, la mitad de las cárceles de Venezuela estaban bajo control de bandas criminales, que las usaban como base de operaciones y cobraban a los reclusos por estar allí. Por lo tanto, el hacinamiento les servía, en la medida que aumentaba sus ingresos”, aseguró Phillip Gunson, analista para Venezuela de International Crisis Group. Uno de los grupos que opera desde estas cárceles es el Tren de Aragua.
El gobierno de Maduro se dijo dispuesto a atajar la crisis y, en la segunda mitad del año pasado, desplegó operativos en varias cárceles del país para desmantelar las estructuras criminales y que, según el Ejecutivo, le permitió retomar el control de los centros penitenciarios.
Expertos locales lo ponen en duda, sin embargo, y el director general del OVP, Humberto Prado, aseguró recientemente que se registraron fallas e irregularidades durante los operativos -incluyendo fugas y muertes- y que los balances oficiales estaban incompletos.
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