La región Panamericana del estado Mérida, o zona Panamericana como también se le conoce, es una franja de territorio que se extiende hacia el flanco occidental de esta entidad andina en sentido suroeste-noreste, que está delimitada por parte de la zona del Sur del Lago de Maracaibo y del piedemonte andino-lacustre. Desde el punto de vista político-administrativo, de suroeste a noreste, está conformada por los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora, Andrés Bello, Caracciolo Parra y Olmedo, Tulio Febres Cordero, Justo Briceño y Julio César Salas, y limita con parte de los estados Zulia (norte y noroeste), Trujillo (noreste) y Táchira (suroeste).
Esta zona, al menos desde el 2016, se ha venido consolidando como el territorio donde se presentan los mayores niveles de violencia e inseguridad del estado Mérida. Prueba de ello es que, en los últimos cinco años, en esta región han acontecido entre 40 y 45% del total de delitos de violencia interpersonal y de muertes violentas registradas en la entidad. Entre los delitos interpersonales más frecuentes se tienen homicidios, robos, lesiones, amenazas de muerte, tentativas de homicidio y extorsión, en ese orden de importancia. En cuanto a las muertes violentas, hay que destacar que han venido en aumento las ocasionadas por resistencia a la autoridad, sobre aquellas originadas por la delincuencia común y el crimen organizado.
Son diversos los factores que podrían entretejerse para tratar de explicar la escalada de la violencia en la zona Panamericana de Mérida en tiempos recientes; no obstante, creemos que hay ciertos componentes que figuran como los más importantes.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) FundaREDES e InSigth Crime, por medio de varios estudios, han mostrado cómo la presencia de grupos armados no estatales cobra cada día más fuerza en Venezuela, tanto en el número de individuos que conforman estos grupos, en las actividades ilícitas y delitos que consuman, y en su proceso de expansión por todo el territorio nacional. En el caso específico del ámbito espacial al cual se le están dedicando estas líneas, con base en información cartográfica elaborada por FundaREDES, se presume la existencia en esta zona de nuevos asentamientos de frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En general, según esta organización, estos asentamientos funcionan como puntos estratégicos para actividades ilegales, tales como: contrabando, narcotráfico y microtráfico; de vulneración al derecho de la propiedad privada; ocupación de instituciones educativas; explotación y tráfico de minerales; y de reclutamiento, secuestro, extorsión y amenazas. Incluso, podría existir la presencia de cultivos y procesamiento de drogas en algunos lugares.
Por su parte, InSigth Crime ha identificado la presencia de este tipo de grupos armados en municipios de los estados vecinos que limitan con Mérida a través de la zona Panamericana. En el caso del Táchira, grupos de las FARC y de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), tienen presencia en el municipio Samuel Darío Maldonado; mientras que, en el Zulia, los municipios Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre, forman parte del área de influencia de las operaciones del ELN.
Es pertinente señalar que también la Cancillería de Colombia ha reconocido la existencia de células de las FARC hacia el suroeste de la Panamericana. Con base en la interpretación cartográfica, se aprecia que aquellas se ubican en áreas específicamente de las jurisdicciones de los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora. Según esta institución, en general estos grupos mantienen vínculos con autoridades venezolanas de tipo local y regional; ejecutan actividades logísticas, económicas y de control social; entrenan milicias y controlan algunos pasos fronterizos.
En ocasiones, entre estos grupos se originan enfrentamientos por el control de ciertos territorios y del mercado de actividades ilícitas, lo que con frecuencia lleva a la ocurrencia de muertes violentas por homicidios intencionales cuyos móviles son la venganza, el ajuste de cuentas o el sicariato. Asimismo, en el desarrollo de esos enfrentamientos, pueden acontecer homicidios de civiles y/o de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado si la contienda se suscita contra estos últimos.
Otro factor que entra en juego dentro de este análisis, es la existencia de bandas delincuenciales dedicadas a diferentes delitos: robos, extorsión, asesinatos por encargo y secuestros. Se tiene conocimiento de la presencia de por lo menos 26 bandas que operan en la zona Panamericana. En este caso, de igual forma se presentan enfrentamientos entre miembros de las bandas donde resultan algunos asesinados, así como enfrentamientos de éstas con efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Partiendo de esto último, surge otro componente: el de la resistencia a la autoridad. De cada 10 homicidios que ocurren en Mérida, 5 acontecen en la zona analizada.
En los últimos dos años, en la zona Panamericana, se viene registrando un aumento de las muertes violentas por resistencia a la autoridad de presuntos delincuentes, a manos de funcionarios de organismos de seguridad pública, por lo que esto representa otro componente a ser detallado. Ese incremento ha hecho que esta región se posicione en el primer lugar en relación a este flagelo. Ello debido a que, de cada 10 muertes por este móvil que ocurren en la entidad, 6 se registran en esa zona.
Un factor que quizás no hay que dejar de lado es la pobreza. Entre los resultados más recientes de la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi 2019) de la población venezolana, se conoció que la mayoría de los municipios de la zona Panamericana alcanzaron porcentajes de pobreza y pobreza extrema, entre los más elevados de la entidad. Así mismo, también figuraron con las cifras más altas en otros indicadores que son susceptibles a estar fuertemente conectados de forma directa con los niveles de pobreza, tales como: porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, hogares con embarazos adolescentes y tasa de mortalidad infantil. Entre los municipios que han presentado los valores más importantes en aquellos indicadores, se tienen: Caracciolo Parra y Olmedo, Julio César Salas, Obispo Ramos de Lora y Tulio Febres Cordero.
Como se conoce, la pobreza, en conjunto con la desigualdad social, forma parte de una de las teorías que se han postulado para tratar de explicar la violencia y la criminalidad de un lugar, región o país. En este caso, se parte del hecho que la emergencia política compleja que ha arropado a la sociedad venezolana desde hace varios años, entre otras cosas, ha llevado al aumento de la pobreza en Venezuela, situación a la que no escapa el contexto del estado Mérida y, por supuesto, la zona objeto de análisis; realidad que ha quedado expuesta con las cifras que sistemáticamente se han generado por medio del proyecto Encovi y que se han mostrado al país desde el año 2014.
Es probable que ese incremento de la pobreza y de la violencia en la zona Panamericana esté golpeando fuertemente a individuos de diferentes edades y sexo. No obstante, en materia de violencia, hay que colocar el énfasis en adolescentes (11-17 años), jóvenes (18-24) y adultos-jóvenes (25-29) del sexo masculino, sobre todo en situación de pobreza; incluso también en hombres entre los 30 y 39 años. Todos, en su conjunto, son las principales víctimas y victimarios de delitos de violencia interpersonal.
Ante un país que ofrece pocas oportunidades para surgir mediante el trabajo honrado y alcanzar un buen estándar de vida, con ausencia de políticas públicas acordes de control y prevención del delito, elevada impunidad, entre otros aspectos, es posible que cada día más individuos empiecen a cometer delitos, bien sea de forma espontánea como delincuencia común o bajo una organización estructurada. Es así como los hombres en los rangos etarios aludidos, son presa fácil y blanco perfecto para ser reclutados por grupos armados no estatales o por bandas criminales, para que incursionen en sus filas en la comisión de diferentes delitos. Muchos de aquellos, han sido, son y serán, las víctimas y/o victimarios en diversos enfrentamientos entre grupos armados, entre bandas delincuenciales, así como en móviles de robo, resistencia a la autoridad, ajuste de cuentas, venganza o sicariato, entre otros, inclusive en ejecuciones extrajudiciales. Muchos de aquellos, son los que sumarán delitos consumados a las estadísticas de violencia interpersonal y a la contabilidad de muertes violentas de la zona Panamericana de Mérida.
Es importante agregar que esta región, durante décadas, se ha dado a conocer como una de las áreas más productivas del país de diferentes rubros agrícolas y pecuarios que son llevados a los principales mercados regionales y nacionales. En un estudio realizado entre finales de 2018 y el primer semestre de 2019, logramos conocer el impacto de la violencia y la inseguridad en unidades de producción, distribución y comercialización de rubros agropecuarios, localizadas en esta zona. En efecto, con base a lo indagado, la violencia e inseguridad en los últimos años ha venido en ascenso, traducida en robos, hurtos (principalmente de ganado, conocido este delito como abigeato), secuestros y extorsión que han afectado todos los eslabones de las cadenas de producción, distribución y comercialización. Según las personas entrevistadas, estos delitos no solo son perpetrados por la delincuencia común u organizada, sino que de forma recurrente, en algunos de ellos (robos, hurtos y extorsión), se ven involucrados directa o indirectamente funcionarios de distintos órganos de seguridad del Estado.
En resumen, es probable que la consolidación en tiempos recientes de esta zona como el ámbito espacial con los mayores índices delictivos y de tasas de muertes violentas del estado Mérida, obedezca principalmente a la conjunción de los factores esbozados, es decir, al aumento de la presencia de grupos armados no estatales y de la creciente conformación y fortalecimiento de bandas criminales, con todas las consecuencias que se derivan de ello; al incremento de las tasas de muertes violentas por resistencia a la autoridad; al ascenso de los índices de pobreza; y a la incorporación de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado a la comisión de delitos. Todo esto, a su vez, es lo que podría explicar por qué la zona Panamericana de Mérida es considerada en la actualidad como un eje de violencia que se extiende más allá de los límites del estado Mérida, es decir, hacia los estados Trujillo (al noreste, municipio Monte Carmelo), Zulia (al norte, noroeste y oeste, municipios Sucre, Francisco Javier Pulgar, Colón, Catatumbo y Jesús María Semprún) y Táchira (al suroeste, municipios Samuel Darío Maldonado, Panamericano, entre otros).
En definitiva, todos estos factores son los que han llevado a considerar la zona Panamericana como una “zona caliente”, tal y como la denominan algunos productores agrícolas y pecuarios de la región. Debido a todo lo denotado es que se ha ganado la reputación de la zona roja del estado Mérida, un corredor de violencia e inseguridad en un marco contextual nacional de profunda crisis humanitaria y de pérdida de institucionalidad.
Gustavo Alejandro Páez Silva
Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida)