La violencia estructural y Emergencia Humanitaria Compleja que transita Venezuela este 2021, sumada a la crisis socioeconómica ya existente en años anteriores, amalgaman dinámicas y situaciones calamitosas, que se traducen en enormes desigualdades sociales, falta de condiciones para satisfacer las necesidades más básicas y pérdida de calidad de vida de la población. Aparecen, entonces, vulnerados derechos sociales y económicos como son el derecho a la alimentación, a la seguridad y el derecho a la salud, a una vida digna, con servicios que funcionen y bienes que puedan ser adquiridos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 83, reconoció la salud como derecho social fundamental, y estableció la obligatoriedad que tiene el Estado de garantizarlo para todas las personas como derecho a la vida. Por lo tanto, es un deber del Estado promover el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar la salud, elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo con acceso a los servicios, especialmente al servicio de salud.
La crisis de los hospitales públicos en el país es una situación que viene de años anteriores y se ha profundizado durante la pandemia. Este grave escenario, de ausencia de garantías para afrontar derechos esenciales como lo es la salud, nos lleva a observar lo que ha venido pasando en los hospitales del Área Metropolitana de Caracas (AMC), con los pacientes y los médicos que laboran en estos espacios.
Asimismo, la crisis socioeconómica intensificó la protesta social en la ciudad capital durante este año 2021. El derecho al trabajo y a la vida están en la base de los motivos que han impulsado a los gremios del sector salud, incluso a los pacientes, a movilizarse; éstos protagonizan en el continuum de la vida cotidiana: recurrentes movilizaciones y protestas de calle. La falta de acceso a determinados bienes y servicios sigue marcando las protestas de los agremiados del sector salud y sus exigencias por las graves deficiencias de la infraestructura, insuficiente personal, sin respuesta por salarios mermados, carentes de la dotación de insumos y equipos de bioseguridad; también de vacunas contra Covid-19 para garantizar sus vidas como trabajadores sanitarios. En el país, acceder a lo más elemental para subsistir es sumamente complicado, y obligar a tener un carnet de la patria para ser vacunados vulnera este derecho a la salud.
Los centros de salud públicos en el AMC no reciben recursos para sus gastos de funcionamiento desde mayo 2020 hasta la presente fecha, por lo que la situación de los hospitales ha empeorado desde el inicio de la pandemia, a pesar de las numerosas solicitudes de recursos al gobierno para poder atender a los afectados, en especial a los trabajadores que están sobreexpuestos a los contagios. La organización Médicos por la Salud advirtió a comienzos de este año que el personal de los centros hospitalarios es la principal víctima de la pandemia, debido a las graves deficiencias que presentan los hospitales del AMC.La protesta y resistencia social de los trabajadores de la salud en los hospitales se ha manifestado con innumerables acciones, que revelan tanto la dramática situación del deterioro progresivo de los hospitales, como sus exigencias para dar la atención que demandan los enfermos.
Entre los meses de enero y mayo de 2021, nos encontramos con pacientes y personal sanitario que han participado en numerosos reclamos y movilizaciones recurrentes de protesta social, exponiendo las condiciones de salud/enfermedad que viven y padecen cotidianamente, además de defender sus derechos y exigir deberes al gobierno.
La crisis de los hospitales públicos afecta gravemente la atención a los pacientes con Covid-19, que han experimentado un aumento significativo, obligando al personal sanitario a mayores esfuerzos, sumado a la atención de pacientes con otras enfermedades, sin posibilidad o capacidad de este sector para afrontar estas demandas. El deterioro de los hospitales del AMC sigue aumentando por la falta de recursos humanos debido a los salarios precarizados, falta de dotación de material de protección y de vacunación contra el Covid-19.
Observamos cómo los efectos del deterioro del sistema de salud por falta de mantenimiento y la pérdida del personal médico y enfermeras han tenido un impacto negativo, por ejemplo, en tres de los hospitales más importantes en Caracas. En el Oncológico Luis Razetti en Caracas, los pacientes no pudieron recibir quimioterapia por la paralización de este servicio en abril y los quirófanos estaban inoperativospor falta de agua, productos de limpieza y otros insumos, situación que fue advertida por el representante de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano.
En el Hospital Infantil José Miguel de Los Ríos, los enfermos de cáncer y padecimientos renales, que requieren de exámenes y tratamientos prolongados, se han visto disminuidos o eliminados por el cierre de los servicios de quimioterapia, nefrología y neurocirugía pediátrica que afecta directamente a más de 500 niños, niñas y adolescentes. En mayo, el cierre de estos tres servicios puso en riesgo la vida de menores de edad, y tuvo consecuencias nefastas, posiblemente evitables, como lo fue la muerte de los seis niños que asistían a este centro de salud, de acuerdo con información publicada en los medios de comunicación sobre las demandas de atención y pérdida de vida de estos niños y adolescentes, visibilizadas por el trabajo de la ONG Prepara Familia. Estas muertes ocurrieron porque la suspensión de estos servicios imposibilitó que recibieran los tratamientos por no contar con personal médico, insumos y fallas de la infraestructura, lo que venía denunciándose en años anteriores para provisionar y recuperar los servicios de este hospital especializado en Caracas. Las madres han protestado ante las carencias que enfrentan sus hijos, algunos llevan esperando hasta cinco años por un trasplante de médula ósea y requieren transfusiones de sangre constantemente y sin insumos no se les ha podido cumplir con estos tratamientos.
En el Hospital Clínico Universitario, una madre embarazada que fue atendida perdió a su bebé, a los 39 días de nacer, por una bacteria pese a los antibióticos, luego de haber sido alimentado reutilizando una jeringa. La infraestructura de este hospital está abandonada, con pocos insumos básicos para atender la higiene, equipos inoperativos y cada vez menos personal capacitado.
La crítica situación de estos hospitales en el AMC representa formas de sufrimiento social, de precariedades y múltiples violencias que han vulnerado el derecho a la salud de la mayoría de la población, que no cuenta con recursos para comprar medicamentos, mucho menos para pagar los tratamientos en una clínica privada, y solo pueden acudir y ser atendidos en los hospitales públicos, lo que cada vez se traduce en detrimento de las desigualdades sociales, con carencias de condiciones de vida generadas por la violencia estructural.
Desde hace tiempo, no existe en el país una política de salud preventiva, orientada a dotar adecuadamente a los hospitales, por lo que corresponde al Estado emprender una gestión y planificación para tener a los hospitales debidamente equipados y así reducir las vulnerabilidades del sector salud, garantizando el derecho a la vida de toda la población, dando cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud de toda la población, consagrado en el artículo 83 de la CRBV. Mientras tanto, la crisis del sistema hospitalario continúa en el AMC y en el resto del país.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Región Capital (OVV Región Capital)