Las acciones de protestas que se han desplegado en el Área Metropolitana de Caracas, y en el resto del país, son un reflejo de la gran irritabilidad social ante las arduas y precarias condiciones de vida, que sufren y buscan resistir los venezolanos, empeoradas por la pandemia.
Estas protestas han surgido en medio de la cuarentena, con un aumento del número de infectados concentrados en la entidad en los últimos meses; no obstante, la gravedad de la crisis social supera el contagio por el virus. En este contexto, las amenazas y la represión política del gobierno han dado prioridad a la contención de las manifestaciones de los ciudadanos que reclaman mejores condiciones de vida, más que evitar y prevenir la transmisión de la infección por el Covid-19.
La mayoría de las protestas son por motivos reivindicativos, principalmente por el padecimiento de la gente ante las persistentes fallas en el suministro de los servicios públicos básicos, por la pauperización del salario de los empleados dependientes de la administración pública y las precarias condiciones de protección para laborar en el sector salud.
El derecho a la protesta se especifica en el artículo 68 de la Constitución del país, como una forma de garantizar a los ciudadanos el derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas. Nuestra carta magna también establece y respalda la movilización de los ciudadanos para expresar su disconformidad, y prohíbe a las fuerzas de seguridad del Estado el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para ejercer control. El permiso para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica no se encuentra contemplado en nuestra legislación y la notificación a las autoridades debe ser canalizada a fin de que éstas eviten encuentros con hechos de violencia, y brinden resguardo en estos actos de concentración pública, tal como lo refiere el artículo 44 de la ley.
Los residentes de zonas de barrios populares y de las urbanizaciones exigen diariamente a las autoridades solucionar el grave problema de los servicios básicos. Las acciones de protesta por este motivo han sido incesantes, en rechazo al deterioro y las continuas fallas de suministro de agua, cortes imprevisibles y prolongados de electricidad y exiguo suministro de gas para uso doméstico, con precios crecientes en dólares por la recarga de las bombonas; situaciones en las que, en la mayoría de los casos, la respuesta de las autoridades ha sido la intimidación y la amenaza.
A este padecimiento de la población, se agregan las protestas por la escasez de la gasolina, que ha conducido, por ejemplo, a la paralización de las operaciones del servicio por motorizados en una gasolinera al oeste de la ciudad, las irregularidades en el suministro del combustible, el cierre de la vía Panamericana por conductores que pasan varios días esperando en las colas para surtir combustible, y la parálisis del transporte público por el cobro en dólares en la distribución y venta del combustible. Con esta situación se han ido creando nuevas oportunidades para el delito, así como nuevos escenarios que derivan en violencia y mayor conflictividad social. Entre éstos están el robo a personas en una cola de la estación de gasolina en la urbanización La Florida, y el altercado entre un funcionario policial y un guardia nacional en una estación de servicio por tratar de surtirse primero; ambas son expresiones de violencia que se suscitan en un ambiente de oportunidades para el delito y abusos de poder por parte de las autoridades ante la escasez de gasolina. Persisten, entonces, las denuncias en contra de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por sus prácticas represivas y abuso de poder durante el control, venta y distribución del combustible.
La represión y la violencia policial con la cual responden las autoridades se pudo observar también en las luchas reivindicativas por derechos laborales ocurridas durante estos meses de cuarentena en Caracas. Por más de tres meses, jubilados y pensionados, quienes han perdido su capacidad para enfrentar la hiperinflación, han salido a protestar y han sido objeto de maltratos; los trabajadores informales que venden sus mercancías en los mercados municipales y se resisten a la pérdida de su fuente de ingresos, abogaron en las calles del centro de la ciudad por su derecho al trabajo. La respuesta ante esta manifestación ha sido el amedrentamiento y las amenazas. Se pretende, entonces, intimidar y paralizar a la población. Ésta es la razón por la cual se trató de impedir la movilización pacífica por los derechos laborales de los trabajadores sanitarios y educadores con la presencia de los colectivos armados y de la GNB, que culminó con agresiones hacia algunos representantes gremiales de estos sectores. El grupo de la etnia Yukpa que se trasladó hasta la capital para exigir al ejecutivo derechos para salvaguardar sus vidas, fue reprimido por funcionarios policiales y devuelto bajo amenazas a su lugar de origen en el estado Zulia.
La represión y violencia política se observó durante la realización de la consulta popular, que mostraba una gran afluencia de personas que salieron a las calles para manifestar el rechazo contra el régimen. Los funcionarios del gobierno trataron de impedir con amenazas que la actividad se realizara en el Distrito Capital. En una de las parroquias más populosas de la capital, y en Parque Central, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los colectivos armados amedrantaron y agredieron a los voluntarios organizadores de esta consulta, que estaban presentes en los puntos habilitados, ante la gran afluencia de la ciudadanía que buscó ejercer su derecho a manifestar con su opinión por un cambio en el país. Esta situación sucedió igualmente en doce estados del territorio nacional.
Las protestas continúan en la entidad capital y en el resto de las regiones del país, con un escenario crítico de pobreza y desigualdades, que ha sobrevenido agudizándose con el confinamiento radical y el peculiar esquema de semanas intercaladas de flexibilización o cuarentena intermitente, que los especialistas en infectología auguran con un repunte de los contagios de Covid-19.
Ante esta crisis y la conflictividad social, los mecanismos de control aumentan en las protestas, con el uso de la fuerza armada para atemorizar y frenar a la población, en niveles que van desde evitar las marchas y encuentros en determinados espacios públicos mediante amenazas para disolverlas, hasta la represión policial y militar, que busca sistemáticamente contenerlas, ejerciendo con violencia mayor control social, lo que se ha traducido en una política del gobierno.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Región Capital (OVV Región Capital)