Prensa OVV Sucre
Las acciones de violencia, la represión ciudadana y la persecución política se agudizaron durante dos meses de apagones eléctricos que han truncado el desarrollo nacional y de cuya incidencia el estado Sucre no ha escapado.
En el balance informativo realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia Sucre, se ha constatado que la crisis en los servicios básicos, que además tiene larga data en la entidad, ha sido caldo de cultivo para la exacerbación ciudadana en reclamo de sus derechos, así como para las continuas represiones y detenciones encabezadas por funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado.
Detenciones arbitrarias
Ciudadanos como Jorge Galantón y Gustavo Ramos, fueron detenidos en horas de la noche del 31 de marzo por la Policía Nacional (PN) en la comunidad de Las Palomas en Cumaná, cuando protestaban junto a sus vecinos por tener más de 16 horas sin energía eléctrica. Aunque Ramos fue liberado el mismo día, Galantón detalló la noche de torturas y trato cruel que recibió de los funcionarios.
“Fuimos interceptados por más de 10 motorizados de la PN, me acorralaron, me pusieron las esposas, me arrodillaron, me partieron la nariz, recibí un puntapie en la cara, me golpearon el estómago y me trataron de ahorcar. Me rendí y me llevaron detenido hasta la PN donde pasé la noche; incluso, hacía mis necesidades fisiológicas esposado”, indicó.
Una vez liberado, el primero de abril, y pese a las amenazas en su contra, Galantón denunció ante la Fiscalía Octava del Ministerio Público los abusos cometidos por los uniformados.
Ese mismo día en Carúpano fueron detenidos por la Policía Municipal de Bermúdez, Francisco José Loroño y Wilfred Jesús Carrión Fernández por protestar en Parque Miranda debido a las prolongadas fallas eléctricas. Los ciudadanos fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público por el delito de obstaculización de las vías públicas y agavillamiento.
El portal de noticias El Pitazo publicó el dos de abril, que durante dos días se produjeron 15 trancas viales en Carúpano municipio Bermúdez, como forma de protesta protagonizada por los habitantes de comunidades como Tío Pedro, Parque Miranda, Charallave, Canchunchú, Areito, La Ensenada, Playa Grande, Charallave, Pasarela y Miranda, producto de las deficiencias eléctricas.
Mientras, vecinos de la urbanización Cascajal Fundasucre en la capital sucrense denunciaron el maltrato que sufrieron, por parte de la Policía Municipal, cuando reclamaron por falta de energía eléctrica, así como por deficiencias en el suministro de agua potable, y los funcionarios derribaron el portón para lanzar bombas lacrimógenas con las que partieron algunas ventanas de las residencias.
Manifestaciones como la de la comunidad de Playa Grande registrada el nueve de abril, tras 14 horas sin luz, también fueron repelidas con bombas lacrimógenas, y la represión se mantuvo en comunidades como Los Chaimas en Cumaná, donde la Guardia Nacional dispersó cada intento de protesta e ingresó a zonas populares como Brasil y Cascajal para arremeter contra los manifestantes.
Saqueos: amenazas ejecutadas
Los constantes apagones también generaron incertidumbre en la población, especialmente en el sector comercial y empresarial de la entidad sucrense.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná emitió un comunicado para solicitar a las autoridades competentes no solo garantía de seguridad ciudadana, sino también protección para sus establecimientos ante la posibilidad inminente de saqueos; las amenazas se concretaron el tres de abril, cuando fueron vandalizados tres camiones en la carretera Cumaná-Carúpano.
La Confitería y el Mercado Municipal de Marigüitar en el municipio Bolívar, fueron saqueados en medio de las acciones de protesta ciudadana que se registraron, tras más de 50 horas continuas sin energía eléctrica, falta de agua y alimentos.
Mientras que los habitantes de la parroquia Chacopata del municipio Cruz Salmerón Acosta, específicamente los pueblos de Caimancito, Chacopata y Guayacán, ya se encontraban sin energía eléctrica desde el pasado siete de febrero, a consecuencia del incendio de la subestación que sirve a la zona y que todavía al cierre del mes de abril afecta a más de 12 mil habitantes, producto de la inestabilidad del servicio.
Persecución política y gremial
La violencia y persecución política también marcaron el acontecer sucrense. El pasado dos de abril la dirigencia del magisterio en la entidad denunció que fueron golpeados cuando se encontraban cerca de la Avenida Cancamure, del sector San Miguel de Cumaná.
El presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Sucre (Suma), Jesús Malavé; el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), José Texeira; el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros Seccional Sucre–Cumaná, William Figueroa; y los ciudadanos Roger Sánchez y José Vidal, denunciaron ante la Fiscalía del Ministerio Público que fueron golpeados y despojados de sus teléfonos por varios sujetos armados.
Al día siguiente, el diputado a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, alertó que el Gobierno pretendió allanar su vivienda y sembrarle armas para detenerlo. Aseguró que lo responsabilizaban de las protestas registradas en el estado Sucre debido a la falta de alimentos, medicinas, energía eléctrica y agua. Alcalá señaló que solo en el primer trimestre de este año hubo 2.700 manifestaciones ciudadanas en la entidad oriental.
Alcalá también denunció que fueron lanzadas dos bombas molotov contra la sede del Partido Acción Democrática, ubicada en la calle Blanco Fombona de Cumaná.
El ocho de abril funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron la residencia del ex legislador sucrense, Freddis Guzmán, ubicada en la urbanización Santa Elena Town House de Cumaná.
Los detectives buscaron pruebas que vincularan al dirigente del partido Alianza Social Independiente de Sucre (ASIS) con las manifestaciones ciudadanas en reclamo del suministro de agua, comida y luz, e incluso responsabilizaron a Guzmán y Alcalá del incendio registrado en horas de la noche del dos de abril en la Cinemateca ubicada en la Av. Cacique Maragüey de Cumaná (antigua Perimetral), cuando habitantes de la comunidad de Las Palomas protestaba por falta de luz.
No obstante, en el balance realizado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cumaná, Francisco Cedeño, se señaló que el hecho fue producto de un cortocircuito en el interior de las instalaciones y “solo se produjeron daños materiales”.
Para el coordinador del OVV Sucre, Jesús Subero, a la situación de angustia que vive el país y particularmente el estado oriental, producto de la crisis general provocada por la inflación, falta de alimentos, colapso de los servicios de electricidad y agua, y la inseguridad, se le suma la represión policial hacia el ciudadano y la dirigencia social que “defienden sus derechos constitucionales a protestar por la alteración de su calidad de vida y libertad, como elementos que son vitales en una sociedad”.