Prensa OVV Bolívar
Pese a que la Troncal 10 -principal vía que conecta al estado Bolívar con el oriente del país, y con Brasil- tiene no menos de 11 alcabalas de control de acceso custodiadas por cuerpos de seguridad policiales y militares, continúa siendo un corredor para la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Así lo evidencia el último reporte de la División de Investigación Penal (DIP Bolívar): A finales de enero, cinco personas -cuatro hombres, y una mujer- fueron aprehendidos en la parroquia Unare del municipio Caroní, por el delito de trata de personas.
DIP Bolívar incautó un autobús en el que, presuntamente, los imputados trasladaban a las víctimas de trata hasta la frontera con Guyana (entre los municipios Sifontes y El Callao, al sur de Bolívar) con fines de explotación sexual.
La Reserva Forestal Imataca abarca parte de la frontera con Guyana. Distintas oenegés han denunciado que este espacio natural no solo ha sido devastado por la minería ilegal, sino que también es un corredor para el tráfico de mercancía ilícita. Todo esto aunque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emprendió desde el año pasado un operativo para desmantelar grupos armados y eliminar la minería ilegal.
Durante el segundo semestre de 2022 ocurrió un caso similar: La directora de la agencia de modelaje Sambil Model, Jenny Lorena Rosales, fue detenida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por su presunta vinculación en la captación de mujeres a través de la agencia de modelaje, con el fin de explotarlas sexualmente según reportó el Ministerio Público vía redes sociales.
El fiscal general Tarek William Saab informó entonces que Rosales captaba a las jóvenes para luego entregarlas a la banda delictiva el Negro Fabio que opera en El Callao, al sur de Bolívar.
El Ministerio de Interior y Justicia informó a la opinión pública que durante el primer semestre de 2022 las autoridades desmantelaron 11 bandas dedicadas a la trata de personas en Venezuela, pero no precisó cuáles son las entidades del país donde se reporta mayor incidencia de este delito.
Demanda de la minería ilegal
Entender las razones de fondo por las que las mujeres, adolescentes y niñas terminan siendo explotadas laboral y sexualmente en las minas del sur de Bolívar, sin contar con la protección del Estado, pasa por reconocer que la extracción ilegal de oro implica una forma de vida y dinámica que demandan servicios como sexo, venta de mercancía ilícita, y labores domésticas que se ejercen bajo condiciones de explotación y que afectan de forma diferenciada a las mujeres.
De ahí la urgencia de que se realicen investigaciones que contribuyan a determinar el impacto de la explotación minera en la vida y los cuerpos de las mujeres que en territorios mineros son objeto de control, comercialización y violencia.
Estas investigaciones -que debería emprender el Estado- deben resultar en políticas públicas que prevengan la violencia de género en el sur de Bolívar, toda vez que garantice la seguridad social, y el acceso a salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes.
El informe Formas Contemporáneas de Esclavitud Moderna, desarrollado durante 2021 por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) determinó que solo en El Callao más de 3.500 mujeres y niñas son explotadas sexualmente.
La investigación reveló que 74% de las víctimas de explotación laboral y sexual en el sur del estado Bolívar son mujeres, 25% de ellas son niñas y adolescentes. Aunque por lo general mujeres y niñas son reclutadas como trabajadoras sexuales, algunas son obligadas a realizar trabajos forzados.
Las víctimas de trata suelen ser personas en edad reproductiva, de bajos recursos, que ven atractivas las ofertas laborales engañosas. Este último es el principal método de captación puesto que, tras la debacle de las industrias básicas de Guayana, la minería ilegal es vista como un salvavidas económico tanto para el Estado, como para los habitantes de la región.