Prensa OVV Lara
Para el coordinador del OVV regional, la reducción de muertes violentas obedece a las propias transformaciones sociales en el contexto de las crisis humanitarias y no a políticas de seguridad aplicadas por el gobierno.
Los homicidios intencionales en Lara durante los ocho meses de 2023 ascienden a 38. Entre enero y mayo fueron 20 y desde junio hasta agosto, 18 casos, según el reporte de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara) que está soportado por las publicaciones de los medios de comunicación de la región.
El sociólogo Carlos Meléndez Pereira, coordinador del OVV Lara, destacó que el año 2022 cerró con una tasa de muertes violentas de 18.9 por cada cien mil habitantes, mientras que en 2021 fue 15.9. Reducción que obedece a las propias transformaciones sociales en el contexto de las crisis humanitarias y no a políticas de seguridad aplicadas por el gobierno.
Según Meléndez, el descenso de la violencia letal en Lara y en general en Venezuela no es sinónimo del mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana. Este cambio circunstancial se explica por la incidencia de la pobreza humanitaria en los factores catalizadores del crimen. Gran parte de las muertes violentas ocurridas en los años de mayor ascenso de la delincuencia en Lara, durante la primera década del siglo, eran homicidios con intención de robo o por enfrentamientos entre pandilla. La crisis económica redujo drásticamente las oportunidades del delito, así como los mecanismos para llevarlos a cabo.
Destacó el docente universitario que en el año 2017 se vivió un alto grado de escasez de alimentos, falta de monedas y billetes para las transacciones económicas, factores que condujeron a la reducción del consumo y dinero circulante, ello implicó la disminución de delitos. “¿A quién robar si no hay qué robar?, se pregunta Meléndez. El delincuente disminuyó el uso de las armas no porque cambió su vida, sino porque no lo pudo seguir haciendo, por los costos que esto conllevaba”.
Tan alejada está la reducción del homicidio de la política de seguridad que mientras ocurría el descenso del crimen por consecuencias imprevistas de los cambios sociales del contexto humanitario, el gobierno se convirtió el principal ejecutor de asesinatos. “Entre 2017y 2021, la mayor cantidad de muertes fue llevada a cabo por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, que contraviniendo la dignidad de las personas en su condición de seres humanos asesinaron a muchos jóvenes de los sectores populares de la entidad”, dijo Meléndez Pereira.
El profesor destacó que el impacto de la mala calidad de los servicios públicos en la sociedad antes de producirse la pandemia y el confinamiento en el año 2020, también condujo a una reducción de las actividades económicas y las relaciones sociales en el espacio público. “Antes y después de la cuarentena Venezuela experimentó una drástica disminución de sus transacciones comerciales y con ello las formas del delito también cambiaron; por ejemplo, la calle dejó de ser durante el confinamiento el espacio común de la violencia, y se trasladó a la casa”, apuntó.
A juicio del coordinador del OVV Lara, los escenarios son poco esperanzadores para la paz en la entidad. Por un lado, de mantenerse las condiciones de pobreza estructural acrecentarán las formas de violencia con las que ya convivimos, las cuales dejan a las poblaciones vulnerables como las más afectadas. De igual forma, la población joven que crece en pobreza y una forma de violencia intrafamiliar inédita en nuestra historia, en un escenario de mejoramiento económico, se verá tentada a caer en la vida delictiva con unas actitudes que pueden reproducir una violencia que antes no habíamos visto, explicó el profesor.
Para finalizar, también aseguró que “el Estado construye un discurso que oculta las realidades explicadas con anterioridad mientras que se consolidan las principales causas que evitarán una paz sostenible en el país”.