Diálogo Américas
Junio 15, 2022
El régimen de Nicolás Maduro provoca el crecimiento de grupos armados en territorio venezolano, favoreciendo la consolidación de algunas estructuras ilegales que le son útiles para el control social y la represión.
“El régimen madurista se percató de que no es capaz de ejercer dominio con sus propias fuerzas. Está intentando tener dominio territorial por distintas vías (…), pero no tiene pie de fuerza, no tiene capacidad militar suficiente ni disciplina para llevarlo a cabo (…)”, aseguró a Diálogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), ONG que monitorea la inseguridad en Venezuela. “Prefiere establecer algunos acuerdos temporales con estos grupos, y los deja existir porque le son funcionales”, agregó.
Según Briceño, estos grupos delincuenciales atravesaron procesos de concentración, incapacitados para sustentar sus financiamientos debido al deterioro económico y al COVID-19. “Hay un mayor dominio territorial [de los grupos delincuenciales], más amplio; y hay una mayor concentración de los grupos. Es decir, hay menos grupos pero son más grandes y poderosos, tienen un dominio más extendido”, indicó.
El subsecretario adjunto de la Oficina Estatal de Operaciones de Conflictos y Estabilización, del Departamento de Estado de los Estados Unidos Matthew Steinhelfer, advirtió el 11 de mayo de 2022 durante la Séptima Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica, en Miami, que “estos grupos aumentan su poder con el apoyo del régimen de Maduro; seguirán creciendo y se expandirán a países vecinos”.
Steinhelfer sostuvo que el 60 por ciento de las estructuras armadas gozan de algún respaldo del régimen venezolano.
Dice Briceño que la dictadura venezolana trata en forma selectiva a los grupos armados no estatales. “Es muy clara la diferenciación que hace entre esos grupos. Los manejan como alianzas políticas o mecanismos de estrategia. Con algunos tienen acuerdos y simpatías. Hay acuerdos a niveles regionales o locales, pero son funcionales en el sentido del control territorial”, abundó.
“Desplazados, testigos y trabajadores de ayuda humanitaria, dijeron que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, especialmente de la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] y la Guardia Nacional Bolivariana, han realizado operaciones conjuntas con guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y aseguran que las fuerzas venezolanas son cómplices de los abusos del ELN”, publicó Human Rights Watch (HRW) en un comunicado de marzo.
Habitantes de poblaciones de Apure que sufrieron en enero allanamientos de grupos mixtos de uniformados venezolanos y guerrilleros, indicaron a HRW que buscaban a supuestos “informantes” del grupo de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente Décimo, también conocido como el Frente Martín Villa.
Las acciones de los militares venezolanos con el ELN fueron corroboradas por Juan García, coordinador de la ONG Fundaredes en Apure, quien declaró a Diálogo que el propósito fundamental del régimen es desplazar a las disidencias de las FARC y apoderarse de las rutas para los comercios ilegales.
“Históricamente en Apure el control lo tuvieron las FARC, pero fueron desplazadas por el ELN (…), quien opera en la zona en forma conjunta con la FANB, abiertamente con el Ejército, la Armada. Hay fincas tomadas en las que incluso hay elementos de la Aviación y la Armada, a los márgenes del Arauca. Esto ha llevado a un desalojo de las FARC, tanto en el bajo como en el alto Apure”, abundó García. “Estos guerrilleros extienden su influencia hacia otras áreas del país como Zulia y Bolívar. Lo que más les interesa es tomar el control de negocios”.
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